El PP rechaza que el ministro Soria comparezca en el Congreso para explicar la situación de Castor

Los populares rechazaron esta petición durante la reunión de la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados, órgano que sustituye a los plenos en periodos no ordinarios. Esta petición se produjo a iniciativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de ERC mientras que también fue respaldado por el PSOE y UPyD durante el debate para que también diera cuenta de si iba a impulsar algún mecanismo técnico o jurídico para que no recayese en las arcas públicas el coste de la renuncia a la concesión del almacén Castor por la sociedad Escal UGS, bajo control de ACS, después de que su actividad se encuentre interrumpida desde septiembre del pasado año tras detectarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, argumentó que el ministro dio las explicaciones «oportunas» al respecto y, a petición de una senadora socialista, hace apenas un mes en la Cámara Alta. En su intervención también recordó que la puesta en marcha de este proyecto de almacenamiento de gas se produjo en 2008, época «de vino y rosas» del tripartito PSC-ERC-IU en Cataluña y con el Gobierno central a cargo del PSOE. Así, explicó que fue el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008 el que aprobó un decreto por el que se otorgaba la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de Castor, yacimiento de titularidad estatal, «sin condicionante alguno», y además declarándolo «urgente», con la consecuente agilización de plazos.

Al mismo tiempo, el portavoz popular defendió que el Gobierno paralizó la actividad de la planta cuando se produjeron los sismos, y después de los estudios del IGME, «que se podían haber hecho durante la etapa socialista», y que vinculan la inyección de gas con los temblores. A su juicio, ahora se trata de llegar «al punto final» que es paralizar y desmantelar la instalación, conforme al decreto que realizó el Gobierno socialista en 2008. «No sé por qué se extrañan de que el Gobierno cumpla un decreto que ha aprobado el Ejecutivo socialista. Este Gobierno, además, intentó recurrir una de esas cláusulas, la que determina la indemnización como abusiva», pretensión que el Supremo no aceptó. «Las decisiones del actual Gobierno están amparadas por las del tripartito y las sentencias del Tribunal Supremo», sentenció Hernando.

ERC denuncia una gestión «chapucera»

Desde ERC, Joan Tardà, reclamó que la situación de este almacenamiento de gas «no puede quedarse en agua de borrajas» y el Gobierno «se vaya de rositas frente a esta enorme chapuza» y «digna de estudio para los que quieran profundizar sobre la marca España». En su opinión, todo se ha hecho de forma «chapucera», con informes en contra y contemplando indemnizaciones a la empresa en caso de no gestionar el proyecto, así como con una «total y absoluta opacidad informativa». En su intervención se preguntó quién se va a hacer responsable de los perjuicios ante la paralización de este proyecto y cuando se va a desmantelar. Por ello, preguntó cómo piensa el Gobierno evitar pagar con dinero de todos los ciudadanos «los 1.700 millones de indemnización a Florentino Pérez«.

Por parte de la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, quiere saber si el ministro de Industria «aún lo puede hacer peor» ya que va a haber que pagar con dinero público el cierre de este almacenamiento gasístico, según afirmó. «Podría ser que tuviéramos que pagar con dinero público esta chapuza morrocotuda que es Castor. Quiero saber si se va a superar a sí mismo en este tremendo disparate. Que asegure a los vecinos que pueden estar seguros y que esto lo van a pagar los causantes de esta chapuza por una falta de análisis previos y no la ciudadanía a través del Gobierno del PP, que quizá quiera hacerles un regalito a sus amigos», agregó.

Desde el PSOE, Teresa Cunillera, anunció que va a votar a favor de la comparecencia del ministro ya que, en su opinión, tiene que tener un interés político y personal en comparecer, porque no hay otra opción que indemnizar a la empresa. La diputada catalana criticó que no se haya informado al Congreso sobre los informes que se han hecho sobre la situación de Castor y sobre si se va a pagar o no la indemnización, o se van a buscar medidas alternativas. «El ministro sigue sin considerar la posibilidad de comparecer en el Congreso, una tónica general del ministro porque, igual que cuando se produjeron los sismos, hemos tenido ocasión de ver la manera desordenada con la que se ha tratado el asunto con las otras administraciones», criticó Cunillera.

Hasta ahora, el Gobierno ha evitado referirse a la posible indemnización que correspondería a Escal UGS en caso de renuncia a la concesión o de cierre de la plataforma, que se ha remitido a lo que recoge la normativa: el valor residual de la inversión. Mientras tanto, Escal considera que tiene derecho al cobro del valor neto contable de la misma salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual. Inicialmente, el almacén de gas subterráneo Castor estaba presupuestado en cerca de 700 millones, aunque, según reconoció el propio José Manuel Soria en el Congreso de los Diputados, el coste total asciende a alrededor de los 1.700 millones.