S&P rebaja en cuatro escalones, hasta el «bono basura», la calificación de la eléctrica pública de Puerto Rico

«La rebaja refleja nuestra opinión de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es incapaz de negociar con éxito la renovación de la línea de crédito que utiliza para comprar petróleo», dijo la analista de S&P, Judith Waite, para justificar el descenso de la eléctrica de Puerto Rico de BB a B-, el sexto escalón dentro del grado especulativo, reservado para inversiones de «alto» riesgo.

S&P advirtió además de que su perspectiva para la AEE sigue siendo negativa, ya que aumenta el riesgo de que se trate de reestructurar su deuda a largo plazo gracias a la reciente aprobación de una ley local puertorriqueña creada expresamente para propiciar un marco legal que haga viable la declaración de quiebra de las corporaciones públicas de la isla.

La AEE llegó esta semana a un acuerdo con sus bancos para ampliar hasta el 31 de julio el plazo de devolución de un crédito pero, si no es capaz de renegociarlo, tendrá que pagar 146 millones de dólares para esa fecha. Lo mismo le ocurrirá el 14 de agosto con otro préstamo, del que deberá abonar 525 millones de dólares, según explicó la agencia sobre una compañía que tiene bonos de deuda respaldada por sus ingresos que asciende nominalmente a 8.600 millones de dólares.

«Normalmente, esas líneas de crédito las paga con los ingresos asociados al coste del combustible que cobra a sus clientes», apuntó la agencia de calificación crediticia. Sin embargo, «y debido a que la AEE no tiene exceso de liquidez para pagar esas cantidades, podría considerar recurrir a la nueva ley puertorriqueña», que «permite a las corporaciones públicas ajustar sus deudas en el interés de todos los acreedores afectados«. Esta ley, recordó Standard & Poor’s, «proporciona procedimientos para la aplicación ordenada y, si fuera necesario, la reestructuración de la deuda de una manera consistente con la Constitución del Estado Libre Asociado y la de Estados Unidos».

Esta no es la primera vez que la agencia de calificación baja la nota de AEE en los últimos meses, ya que hizo lo propio cuando el Banco Gubernamental de Fomento, brazo financiero del Gobierno de Puerto Rico, anunció que dejaría de acudir al rescate de las corporaciones públicas. También cuando a finales de junio se aprobó de forma apresurada la conocida como «ley de la quiebra criolla», la ley que habilita la declaración de insolvencia de las corporaciones públicas.

Esta rebaja tiene lugar tan sólo ocho días después de que Moody’s rebajara de forma generalizada y pronunciada sus calificaciones sobre las obligaciones generales de Puerto Rico y de gran parte de sus corporaciones públicas, a raíz de la aprobación de la citada ley. Esa bajada llevó incluso al gobernador Alejando García Padilla a amenazar con llevar a Moody’s ante los tribunales, al considerar que la agencia había «llegado demasiado lejos» al tomar una decisión que calificó de impulsiva e irracional y de agravio para el pueblo de Puerto Rico. García Padilla también recordó que el Gobierno, que encabeza desde hace un año y medio, ha hecho todo lo posible por bajar el desempleo y el coste de la energía.

Por su parte, la AEE aseguró que durante las próximas semanas continuará sentándose a negociar con sus prestamistas mientras «evalúa distintas alternativas para mejorar su situación financiera«. «Los acuerdos no ponen límites a las operaciones en curso de la AEE. Los pagos debidos a los empleados y proveedores continuarán siendo ingresados en el marco normal», dijo el director ejecutivo de la compañía eléctrica, Juan Alicea, que reconoció que la empresa está pasado «ciertos retos financieros«.