El Gobierno cántabro implantará medidas adicionales que hagan que el fracking sea algo imposible

Otras de las medidas que se analiza aprobar, todas dentro de las competencias autonómicas, podrían limitar la utilización de ciertos productos con el objetivo de proteger la salud de las personas. Así lo avanzó el consejero cántabro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien opinó que, tras la anulación, por inconstitucional, de la ley autonómica que prohibía el fracking en Cantabria, se abre esta posibilidad, en base a lo que señala el Tribunal Constitucional en la sentencia y en lo expuesto por los tres magistrados que, en ella, emitieron voto particular.

El consejero de Cantabria explicó que el objetivo es que todas estas medidas que se estudia implantar «completen» la ya «muy restrictiva» normativa vigente en la comunidad autónoma para que hagan que Cantabria no sea «el mejor lugar para experimentar con el fracking«. «Creemos que tenemos mecanismos suficientes para paralizar el fracking en Cantabria», aseguró Javier Fernández. Según expuso, podría ser, o bien en una ley específica o mediante otras normas, como en la Ley de Control Ambiental Integrado o reformando la Ley del Suelo.

A su juicio, la cuestión «formal» es «un poco secundaria» y subrayó las empresas que quieran llevar a cabo esta técnica deberán saber en que en la comunidad autónoma hay una normativa «muy exigente y rigurosa» y que «tienen enfrente» a un Gobierno, a una sociedad y a unas Administraciones locales. Fernández, que no avanzó cuándo será la reunión entre el Gobierno regional y los 102 ayuntamientos cántabros para invitarles a unirse a la «batalla» contra esta técnica que ya avanzó el presidente regional hace una semana, consideró que si las Administraciones de la comunidad autónoma trabajan de «forma conjunta» se conseguirá que Cantabria sea «un territorio libre de fracking «.

Cuestionado sobre los votos particulares en la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley cántabra por invadir competencias del Estado, Fernández señaló que la opinión de los tres magistrados que los emitieron «van en línea» con lo que Cantabria defendía: que además del título competencial en materia energética hay otros en juego, como los de salud, ordenación del territorio y protección medio ambiental. Respecto a la sentencia, reconoció su decepción al declararse inconstitucional una ley que refleja «la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cantabria» respecto al fracking. Sin embargo, añadió que el fallo «abre una puerta» a que desde la comunidad se puedan aprobar «normas adicionales de protección» frente a esta técnica en virtud de las competencias autonómicas.