Castor seguirá cerrado «mientras no haya garantía plena y total de seguridad», según asegura Soria

En declaraciones a los medios después de intervenir en el 25 Aniversario de Andema y preguntado sobre el nuevo estudio de la Universidad de Zaragoza que relaciona seísmos con esta planta, el ministro afirmó que el Ejecutivo está esperando a estudios internacionales «que puedan añadir información a los que ya han hecho el Instituto Geológico y el Instituto Geográfico».

Asimismo, en relación a la renuncia presentada por la operadora de la planta, ACS, el ministro destacó que ahora le corresponde al conjunto de los bonistas que financiaron la operación aceptarla o no.

«Dentro de esos bonistas quien actúa como referencia es el Banco Europeo de Inversiones (BEI). No nos consta ningún tipo de pronunciamiento. Cuando lo haya, el Ministerio actuara en consecuencia», aseveró.

En cualquier caso, Soria subrayó que «el criterio básico en torno al cual el Gobierno toma decisiones en relación a la planta de Castor es el de la seguridad de las personas» y, por tanto, «las causas de la suspensión de septiembre de 2013 fueron fundamentalmente seísmos que se habían producido durante el mes anterior».

Compromís pide toda la documentación del Castor

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, pedirá en la Cámara Baja que toda la documentación que obre en poder de la Administración pública sobre el almacenamiento de gas Castor sea traslada a la Fiscalía, después del anuncio de ésta de investigar los permisos del Gobierno central al proyecto.

En este sentido, consideró que dado que la Fiscalía ha abierto diligencias y está llevando a cabo una investigación sobre cómo se concedieron los permisos, la indagación debería ampliarse a todo el proceso, incluida la negociación del contrato «cuyas cláusulas son excesivamente beneficiosas para la empresa privada».

Por ello, estimó necesario que exista la máxima colaboración por parte de la Administración Central para que se depuren las responsabilidades penales a que pudiera haber lugar.

A mediados de abril, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció que el informe que elabora la Fiscalía de Castellón sobre el proyecto de almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs y paralizado desde el año pasado, estará «finalizado en un plazo relativamente breve».

En octubre de 2013, la Fiscalía de Castellón abrió una investigación de oficio después de que en septiembre se produjeran numerosos seísmos en la costa norte de Castellón y sur de Tarragona con epicentro cercano a la plataforma de almacenamiento de gas del proyecto Castor.

El pasado 25 de junio, Escal, participada por el Grupo ACS en un 66,67%, anunció su decisión de renunciar a la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, cuyo futuro está a la espera de que el Ministerio de Industria analice los informes presentados tras los seísmos registrados.

El Ministerio de Industria aseguró entonces que no adoptará ninguna decisión administrativa hasta que ACS presente formalmente la renuncia definitiva a la concesión del almacén de gas Castor y hasta que se ésta tenga la autorización del Banco Europeo de Inversiones (BEI).