El PP tumba con su mayoría en el Senado una propuesta de CiU para pedir al Gobierno que se estudie el riesgo de los proyectos de fracking

La moción, rechazada por 16 votos en contra y 9 a favor (los de todos los grupos de la oposición), instaba al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, un informe de expertos que sirviera como precedente ante cualquier regulación que incida en los aspectos de mayor riesgo derivadas de esta técnica.

En concreto, el senador de CiU Ramón Alturo, reclamó que se estudiara la contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero, los terremotos por sismicidad inducida, la contaminación acústica y los impactos paisajísticos.

En el mismo informe se pedía que se detallaran las recomendaciones sobre las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud pública y el máximo respeto al medio ambiente para evitar una externalidad negativa sobre la sociedad.

Además, la iniciativa pretendía que el Gobierno impulsara ante las autoridades europeas la aprobación de una directiva comunitaria precisa y rigurosa sobre esta técnica, que contemplara los riesgos que conlleva con el fin de evitar una proliferación de normativas dispares entre estados miembro que propicie regulaciones laxas y con riesgos en cuanto a contaminación de las aguas y de la atmósfera.

Asimismo, la moción aspiraba a instar al Gobierno a derogar la disposición final segunda del proyecto de Ley para la garantía de suministro en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, mediante la cual se habilita el método de fractura hidráulica dentro de los trabajos de exploración, investigación, explotación o almacenamiento de hidrocarburos. Esta regulación, según CiU, supone un aval a la asunción de riesgos que no han sido previamente evaluados, así como una invasión de la competencia de investigación que ostentan las comunidades autónomas.

Por su parte, el senador del PP, José Ignacio Palacios alegó que los proyectos de fracking autorizados se autorizaron por anteriores gobiernos socialistas y manifestó en su oposición a la propuesta que España cuenta con la normativa más exigente en materia de medio ambiente que garantiza que los proyectos con Declaración de Impacto Ambiental favorable cumplen con todas las garantías de seguridad para el medio ambiente.