La compañía eléctrica pública de Puerto Rico sopesa declararse en quiebra mientras sus acreedores protestan ante Estados Unidos

«Puerto Rico y su gobernador, al promulgar esta ley, pretenden crear facultades legales que violan la Constitución en perjuicio de los demandantes y otros acreedores de las corporaciones públicas», asegura la demanda interpuesta por entidades que controlan 1.700 de los 8.800 millones de dólares de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, compañía que controla el sector energético de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos. En consecuencia, la demanda, presentada ante el Tribunal federal de Estados Unidos en San Juan, tacha de inconstitucional la ley firmada por el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla.

La polémica ley, aprobada por el poder legislativo en tan sólo una horas y sin debate, establece las bases para que las corporaciones públicas con dificultades financieras, que tienen cerca del 40% de los casi 73.000 millones de dólares de deuda de la isla, puedan declararse en quiebra para renegociar con sus acreedores y así reestructurar sus deudas sin tener que recurrir al Banco Gubernamental de Fomento. La Autoridad de Energía Eléctrica ya estudia cómo acogerse a ella, puesto que acumula 9.287 millones de dólares en deudas, de los que 671 millones vencen este verano.

Los demandantes, 23 gestores de fondos de Estados Unidos, principalmente franquicia Franklin Funds y Oppenheimer, aseguran que la ley, aprobada al amparo de la «emergencia fiscal» decretada en la isla, viola la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que asegura que no se pueden utilizar para fines públicos una propiedad privada sin que haya una compensación. Además, consideran ilegal que un acreedor de la AEE pueda verse obligado a aceptar el pago parcial de sus bonos si otros titulares de bonos lo hacen o incluso si otro tipo de acreedores de la compañía lo hace y cuenta con la aprobación de un juez.

Los principales afectados defienden además que un Estado Libre Asociado de Estados Unidos no puede aprobar una ley que impida a los potenciales demandantes acudir a los tribunales federales y aseguran que la nueva ley viola disposiciones de la legislación federal sobre bancarrota. Igualmente, afirman que esta norma regula el proceso de quiebra en un territorio estadounidense, algo que sólo puede hacer el Congreso federal.

De «quiebra criolla» a Venezuela

La norma fue bautizada como Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas y es conocida en Puerto Rico como la «quiebra criolla». La inmediata respuesta de las agencias crediticias fue rebajar esta semana la calificación de la deuda de la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras y Transportación varios escalones dentro del grado especulativo . Todas estas compañías ofrecen servicios públicos básicos a la ciudadanía puertorriqueña, como el suministro eléctrico y de agua y el mantenimiento de las carreteras en una isla que va camino de encadenar ocho años de recesión.

Si la AEE no logra renovar sus líneas de crédito, que acumulan cada vez mayores intereses ante la bajada de su calificación crediticia, quedará sin fondos para comprar petróleo y general electricidad para los 3,6 millones de personas que viven en la isla y que ya pagan tarifas altas. Como solución alternativa, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico instó al gobernador a permitir la compra de petróleo a precios ventajosos a PetroCaribe.

«Antes de pavimentar el camino para declarar en bancarrota a la AEE, atienda y asuma con responsabilidad la oferta del presidente de Venezuela Nicolás Maduro para integrar a Puerto Rico a PetroCaribe, una alianza regional en materia petrolera cuyo fin es estimular el desarrollo económico de los países miembros», pidió el presidente del MINH. «Venezuela suple a los países miembros de PetroCaribe el petróleo que consumen a un precio justo. El país comprador paga el 40% en 90 días y el resto es financiado a 20 años a un interés anual muy bajo. Esto significaría el ahorro de cientos de millones de dólares y la recapitalización de la AEE», dijo.