Cantabria solicita el informe del IGME sobre fracking y el presidente reitera la oposición de la región

El Ejecutivo autonómico prefiere esperar a tener el documento antes de pronunciarse sobre su contenido, según explicó su presidente, Ignacio Diego, quien, no obstante, reiteró la oposición de la Comunidad Autónoma al uso de la fractura hidráulica.

A preguntas de los periodistas en San Román de la Llanilla, donde asistió a la festividad de la Virgen del Mar, Diego indicó que sabe de la publicación del informe del IGME pero todavía no ha tenido acceso al mismo, por lo que prefirió ser «prudente» y esperar al oportuno análisis antes de pronunciarse.

Aún así, el presidente regional reiteró la postura contraria del Gobierno cántabro al fracking, que se plasmó en la Ley aprobada el año pasado que prohíbe la técnica en la región (y que fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional).

Según recalcó, la oposición a la fractura hidráulica se basa en las «singularidades» de Cantabria, desde el punto de vista geológico, hidrológico y paisajístico. En consecuencia, la región mantiene una posición «contraria», comparó Diego, a la «necesidad» de España de tener «cierta independencia» en el aprovisionamiento de hidrocarburos.

No hay permisos de explotación en Castilla y León

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio Silván, reiteró que en la Comunidad no hay permiso alguno para explotaciones de extracción de gas mediante la técnica de fracking pero sí de investigación y todos ellos cuentan con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Silván, quien asistió en Madrid a la Conferencia Sectorial de Agricultura, se expresó así en referencia a un posible informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre el fracking, que el propio organismo aclaró que no versa sobre los riesgos de esta técnica sino que es simplemente una guía sobre la elaboración de las declaraciones de impacto ambiental.

El consejero aseguró que desconoce un informe en este sentido y aclaró que en Castilla y León se cumple ya la normativa europea mediante la que se exige la DIA para cualquier permiso y que las autorizaciones concedidas en la Comunidad no son para explotaciones sino para investigación.

«Todos los parámetros técnicos, todos los parámetros normativos han de cumplirse», aseveró Silván, quien indicó que en Castilla y León están abiertos a «cualquier planteamiento» pero desde el punto de vista legal las normas «están ahí», mientras que desde el punto de vista científico deben ser la comunidad científica la que marque el desarrollo del fracking, tras lo que reiteró que en la Comunidad no hay permisos para explotación alguna.

Así, insistió en que todas las investigaciones están sujetas a DIA, obligación que Castilla y León ha tomado «como bandera».