El Gobierno asegura estar «muy tranquilo» ante las demandas del CIADI porque el recorte a las renovables no es discriminatorio

En un encuentro con la prensa, Nadal, explicó que «lo que se debate en el CIADI es si el Gobierno ha cambiado la legislación de forma intencionada para dañar» a los inversores extranjeros, aspecto que no se ha producido. «No es como el caso de Repsol en Argentina», empresa a la que se expropió «por ser extranjera», ya que en las renovables «no hay intención de dañar a los no residentes».

En concreto, según señaló, las demandas de arbitraje argumentan que un determinado gobierno ha cambiado la normativa para dañar a una empresa no residente. Sin embargo, defendió que la normativa española de renovables «no discrimina a nacionales y extranjeros», por lo que no puede haber intención de dañar a ninguna empresa concreta.

«Al no ser discriminatorio, no creo que (las demandas) tengan trayectoria», confió, porque «el objetivo no era dañar al inversor extranjero sino arreglar un problema», ya que «la alternativa era quebrar el sistema» eléctrico.

A su vez, el secretario de Estado de Energía indicó que, en las demandas de los fondos, no sólo se denuncia el real decreto ley 14/2010, sino también aspectos como aumentos en los impuestos de sociedades o las eliminaciones de deducciones.

Esta estrategia jurídica es comparable a la de una empresa internacional que denunciase a un país por los menores beneficios fruto de una subida del salario mínimo, o por el daño asociado a la aprobación del nuevo mercado de CO2 en Europa, indicó para ilustrar la situación.

En todo caso, reconoció que la Administración General del Estado «ha pedido recursos» para afrontar estos arbitrajes, después de renunciar a un bufete externo «muy caro» que no iba a defender los intereses nacionales como lo pueden hacer los propios abogados del Estado.

También calificó de «sorprendente» que haya bufetes de abogados que, antes de la aprobación de la nueva legislación sobre renovables, ya estén «captando clientes» para denunciar al Estado, y que haya partidos como CiU que hayan aprobado la reforma energética en el Congreso y luego la hayan recurrido ante el Constitucional a nivel autonómico.

No obstante, Nadal argumentó que «ningún grupo parlamentario ha recurrido la norma» y que las comunidades autónomas que lo han hecho obedecen a cuestiones competenciales.

En cambio, el secretario de Estado sí espera recursos contra parámetros concretos de la normativa, es decir, contra la retribución asignada a una determinada planta, que no prosperarán porque la regulación se ha realizado de manera muy sólida, según su opinión.

España afronta en la actualidad seis demandas de arbitraje en el CIADI por los cambios en la normativa renovable, presentadas por Antin, RREEF, Abu Dabi Masdar Solar, Eiser Infrastructure Limited, NextEra Energy Holdings (junto a NextEra Energy Spain) e InfraRed.