La Generalitat Valenciana pide «prudencia y esperar a los informes» porque puede haber indemnizaciones si se cierra el almacén de gas Castor

No obstante, Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, recalcó que tal y como señaló el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el ministerio «si no se tiene la certeza al 100 por cien» de que los más de 500 seísmos registrados en la zona no son consecuencia de la inyección de gas el almacén «no se va a abrir». «O se tiene la seguridad absoluta o no se va abrir. Lo dijo Fabra y el Ministerio y así va a ser», recalcó.

Al respecto, señaló que a los informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN)» y del Instituto Geológico y Minero Español (IGME) el Gobierno de España para «cargarse de razón pidió más informes» y «lo más prudente es esperar a que estén todos».

Así, recordó que hay una autorización que «concedió el anterior Gobierno del PSOE», y «si se da una autorización y luego se quita puede dar lugar a indemnizaciones». Por eso, mantuvo, «es entendible que el ministerio se quiera cargar de razón».

Por ello, insistió en que pese a que estos dos informes son «de mucha solvencia» lo «prudente» es «esperar a los otros» ya que el Gobierno trata de conocer, además de si hubo una causa efecto, «si se omitió algo en los proyectos que no se ha tenido en cuenta para dar la autorización».

Castellón pedirá el cierre definitivo de Castor y responsabilidades

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, anunció que la institución provincial aprobará una moción, propuesta por el grupo popular, para pedir el cierre «definitivo» del almacén de gas subterráneo Castor y exigir responsabilidades legales tanto a la empresa concesionaria como «a los representantes políticos que tramitaron y autorizaron la infraestructura», en referencia al anterior Gobierno socialista.

De esta forma, la Diputación «reafirma así su postura, que ya hizo pública en acuerdos plenarios de 29 de octubre y 17 de diciembre, tras conocer el estudio detallado del Instituto Geográfico Nacional (IGN)», que concluó que la sismicidad inducida en la zona «es resultado de la actividad de inyección de gas» y revela además la existencia de una falla hasta ahora no identificada.

La Diputación recalcó que «se confirma la relación directa entre los más de 500 seísmos que se registraron en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, lo que deja en evidencia el informe de impacto ambiental».

«Estos resultados avalan que la autorización concedida por el Gobierno en 2010 no se llevó a cabo ni con las condiciones ni con las garantías suficientes«, apuntó Barrachina.

El documento que se defenderá en la próxima sesión plenaria de la institución provincial añadió que, a falta de saber las conclusiones del informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero Español (IGME), «se puede determinar la existencia de una conducta negligente por parte de los exministros que tramitaron y adjudicaron la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor».

A juicio del vicepresidente provincial, sostuvo que «Rubalcaba y Zapatero dieron luz verde a un esperpéntico estudio de impacto ambiental que no tuvo en cuenta la sismicidad». «El socialismo todo lo hace igual, una chapuza de 1.800 millones de euros que estamos ya pagando todos en el recibo de la luz», criticó.

En esta línea, recalcó que la tramitación administrativa por parte del Gobierno del almacén subterráneo de gas se aprobó en el Consejo de Ministros de mayo de 2008, «a propuesta del ministro Miguel Sebastián» y que en noviembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Elena Espinosa, «publicó la resolución de la declaración de Impacto Ambiental favorable».

Posteriormente, el Ministerio concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones y en junio de 2010 Industria publicó la autorización administrativa.

La moción se trasladará al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Ministerio de Industria, a la Generalitat Valenciana así como a los ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola.