El PP dice que el proyecto Castor es el «gran símbolo» de lo que el PSOE ha hecho por Castellón

Según explicó, «resulta lamentable que el Gobierno socialista aprobara cláusulas abusivas a favor de la empresa y en contra del territorio y sus gentes, y ahora el PSOE pida todo lo contrario».

Para Martínez, el informe del Instituto Geográfico Nacional «no hace sino confirmar las sospechas» que desde el primer momento tuvieron desde la Diputación y los municipios afectados, y «demuestra que es más necesario depurar la responsabilidad de quienes, sentados en el Consejo de Ministros, firmaron las autorizaciones para que se ejecutara una obra de 1.800 millones de euros sin tener todas las garantías de seguridad para las instalaciones y para la población».

Por tanto, consideró que «es necesario que se reúna toda la documentación necesaria para que no quede impune una decisión tomada por el Gobierno socialista de Zapatero y Rubalcaba, que puede costar a los españoles 1.800 millones de euros, que es sin duda el ejemplo vivo de despilfarro de recursos públicos».

El PP recordó que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, «que era de competencia exclusiva del Gobierno central», fue iniciado en 2007 bajo la presidencia del socialista Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente.

«Ya las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero», ha añadido.

Los populares indicaron que, «todo este procedimiento administrativo impulsado desde el Gobierno de España fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado por el tripartito conformado por el PSOE, los independientes de PVI y el Bloc (ahora Compromís) que, pese a no asumir competencias, propició con su voto la alcaldía del socialista Jordi Romeu».

El informe del IGN recoge datos «ya conocidos»

Por otro lado el Colegio de Geólogos de Cataluña afirmó que el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre el almacén de gas de Castor «recoge los datos ya conocidos desde hace ocho meses» sobre la relación directa entre las actividades de inyección de gas de este proyecto y los seísmos en Terres de l’Ebre en septiembre.

Según informó, esta relación de causa y efecto ya fue reconocida por la empresa Escal UGS «en todo momento», incluyendo la jornada «Geología y geofísica del Proyecto Castor. Implicaciones de riesgo» celebrada el 25 de febrero en la sede del Colegio.

De este modo, remarcó que el conocimiento del subsuelo debe ser siempre lo más extenso posible, con todas las disposiciones técnicas, económicas y temporales necesarias, y subrayó que proyectos como los relativos a depósitos de gas subterráneos deben incorporar un estudio detallado de evaluación de riesgo por «la vulnerabilidad de un territorio ante la peligrosidad» del proyecto que debe acoger.

Piden a Industria que cierre el almacén Castor sin pagar indemnización

Asimismo, el Ayuntamiento de Alcanar ha pedido al Ministerio de Industria que cierre definitivamente el almacén de gas Castor y no pague la indemnización prevista en la concesión de esta explotación, que ha sido cerrada provisionalmente tras los seísmos registrados el año pasado.

El consistorio envió una carta al ministerio en la que pide que «no se haga efectiva la indemnización fijada mediante el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo» por el que se otorgaba a la empresa Escal UGS la concesión de explotación para el almacén Castor.

En la citada carta se argumentó que «el proyecto no se ha puesto en marcha por la conducta dolosa de la empresa promotora, al no haber efectuado los estudios geológicos necesarios», por lo que pidió la parada «definitiva de este proyecto y el desmantelamiento de las instalaciones asociadas, como garantía de seguridad absoluta para la ciudadanía».

El consistorio pidió al ministerio que» haga todas las acciones que legalmente estén a su alcance en defensa de los intereses generales» para evitar asumir «el sobrecoste derivado del proyecto Castor» porque entiende que Escal UGS «ha actuado con negligencia».

En la carta señalaron su preocupación por las dudas expresadas sobre la posibilidad de reanudar este proyecto ya que, en su opinión, esta circunstancia pondría en riesgo la imagen del municipio ante la próxima campaña turística.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dijo que el almacenamiento subterráneo de gas se cerrará si los expertos independientes confirman que hay relación entre éste y los seísmos registrados en la zona, como ha apuntado el informe del ING.

Una plataforma ciudadana se queja por la «falta de transparencia»

Finalmente, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia presentó una queja ante el ministro de Industria Soria, por la «opacidad y falta de transparencia» en la tramitación del proyecto Castor.

Así, el colectivo ciudadano remitió una carta de queja al ministro en relación con la publicación del «esperado y secretísimo» informe del Instituto Geográfico Nacional. En dicha misiva, la Plataforma denunció la «falta de transparencia y la ocultación de información del Ministerio», pues «en reiteradas ocasiones nos hemos dirigido a usted por escrito pidiendo copia de la información relacionada con el proyecto mencionado, al considerar que tenemos derecho a esta información por ser parte afectada directa por este proyecto».

El colectivo insistió en que continúa considerando que «teníamos y tenemos derecho a esta información, aunque durante todos estos años la respuesta haya sido precisamente el silencio más absoluto».

Además, recordó al ministro que «esta falta de transparencia y de respuesta por parte de esta administración contraviene claramente lo preceptuado en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente», y advirtió de que se reserva el derecho de presentar una queja formal ante las instituciones europeas «por obstaculización reiterada a nuestro derecho de información».

La Plataforma volvió a pedir el envío de los informes correspondientes a este expediente y recordó al ministro que en el mes de junio de 2013 «se comprometió personalmente a remitirnos cualquier información de la que tuviera conocimiento, así como una reunión con los técnicos del departamento que preside».

La Plataforma señaló que es «lamentable» que hayan tenido que conocer el informe por los medios de comunicación, «un informe que ha estado durmiendo durante meses en el cajón de algún despacho ministerial porque puede que a alguien no le interesaba que se conociese».