El Congreso envía al Senado la última ley medioambiental de Cañete con el apoyo de PP y CiU

Esta normativa contó con el apoyo de PP y de CiU; el voto en contra del PSOE, de Izquierda Plural y de UPyD; y la abstención del PNV. Como consecuencia de haberse aprobado con competencia legislativa plena en la citada comisión parlamentaria, la reforma legislativa se envía directamente al Senado.

El diputado del PP Teodoro García, destacó que con esta normativa, y por primera vez, se va a exigir por ejemplo que una mina en Andalucía que se va a reabrir (en referencia a Aznalcóllar, donde se produjo un desastre ecológico en 1998) va a tener que suscribirse a un seguro de responsabilidad medioambiental, que antes no era obligatorio. «Esta ley es un paso importante para la protección del patrimonio medioambiental«, sentenció el diputado popular.

Objetivos de la nueva Ley

La nueva normativa tiene por objetivo aclarar la regulación de las desaladoras, reforzar los aspectos preventivos y ampliar la protección del medio ambiente marino, así como simplificar y agilizar al procedimiento de constitución de garantías financiera obligatoria y mejorar las normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental.

Se trata de una norma que consta de 49 artículos, agrupados en seis capítulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una transitoria y seis finales, así como de seis anexos. En concreto, se han incorporado cinco enmiendas al texto del Gobierno: las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular, dos del PNV y una de CiU.

Enmiendas incorporadas a la Ley

En la tramitación parlamentaria se incorporaron las dos enmiendas del PP al texto del Ejecutivo, en las que los diputados populares aprovecharon para solicitar una modificación de la Ley de Calidad del Aire, para «aclarar» la actual regulación de las evaluaciones ambientales que se aplican a las desaladoras, mediante la adición de una disposición final a la Ley de forma que se modifique la Ley de Calidad del Aire y de Protección a la atmósfera.

En la segunda enmienda que presentó el PP a este proyecto de ley, y que ha sido incluida en el texto del Gobierno, los populares proponen una modificación de la Ley de 2001 del Plan Hidrológico Nacional, para que una disposición final segunda contemple las nuevas actuaciones de interés general que se han realizado en la Demarcación del Duero, del Guadalquivir, así como en el Ebro. Según justifica el PP, todas estas obras están incluidas en el Plan Nacional de calidad de las Aguas 2008-2015, que tiene por objetivo el cumplimiento de la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y contribuir a alcanzar el objetivo que la directiva del agua exige para 2015.

Asimismo, durante esta reunión parlamentaria se ha decidido incorporar al texto del Gobierno dos enmiendas del PNV. En la primera de ellas, la formación jeltzale ha propuesto modificar los aspectos relativos a la competencia del Estado en cuanto a las obras públicas de interés general, para que se tengan que atender y respetar a las normativas autonómicas sobre la materia.

Además, junto con CiU, han propuesto, y se ha aceptado, que se incluya la previsión de que cada comunidad autónoma informará con carácter vinculante, según donde se radica la obra objeto del expediente de responsabilidad, de las medidas de prevención, evitación y reparación respeto de las especies y hábitats protegidos.