El Instituto Geográfico concluye que hay relación directa entre los seísmos y el almacenamiento de gas Castor

El estudio, además, reveló la existencia de una falla en la zona hasta ahora no identificada y aseguró que no se tuvo en cuenta el informe de «impacto de sismicidad inducida» para determinar la peligrosidad del proyecto Castor.

Teniendo en cuenta la peligrosidad sísmica de la zona, todo indica, según el informe, que el origen de la serie sísmica registrada tiene «una relación directa con la inyección de gas en el proyecto Castor». Esta actividad, además, habría acelerado «un proceso sismotectónico de acumulación de esfuerzos» que ya existía en la zona aunque no estaba caracterizada

El informe fue facilitado por el diputado de IU en el Congreso Ricardo Sixto Iglesias, quien tuvo acceso al mismo tras una petición de información al Congreso en relación al informe del Instituto Geográfico Nacional sobre los seísmos en el entorno de la plataforma Castor, situada frente a las costas de Vinaròs.

El documento fue solicitado el 14 de enero al Gobierno y el Ejecutivo se lo envió con fecha de 31 de enero, aunque la respuesta parlamentaria entró en el Congreso de los Diputados el 10 de abril.

El informe del Instituto Geográfico Nacional, fechado el 17 de diciembre de 2013 y remitido a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un día más tarde, pone de manifiesto que existió una relación directa entre la actividad de la planta Castor y los cientos de seísmos que se produjeron en septiembre de 2013, quince de los cuales fueron percibidos por la población.

Tras conocerse las conclusiones de este informe, Sixto anunció que su grupo parlamentario pedirá el cierre definitivo del almacenamiento de gas. «Vamos a seguir pidiendo que se cierre la plataforma y, sobre todo, que no se produzca la indemnización que ha venido reclamando la empresa, puesto que no se hicieron los estudios previos necesarios como para garantizar que no hubiese ningún problema con el almacenaje subterráneo», argumentó, y para que «no acabe costando dinero a los ciudadanos y a los consumidores de gas».

A finales de agosto de 2013, la inyección de gas en el almacén de gas de Castor, a unos 20 kilómetros de la costa frente a Vinaroz, coincidió con una serie de seísmos, uno de ellos de 3,5 magnitud Ritchter que motivó que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo paralizara las actividades el 26 de septiembre para comprobar si existía relación, por lo que encargó un informe al Instituto Geográfico Nacional.

El organismo comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 y se inició un «seguimiento especial» debido al incremento diario de la actividad sísmica en el Golfo de Valencia. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto.

El ministro José Manuel Soria aseguró en reiteradas ocasiones que la actividad no se reanudaría si no se podía garantizar totalmente la seguridad en la zona, algo que dependería de los informes técnicos detallados encargados.

El estudio expone que, para determinar la posible relación, se realizó un análisis de comparación de forma de onda y obtención de la proyección estereográfica de la polaridad de la onda para discriminar el origen de los sismos, tanto de los registrados antes de la paralización de la inyección de gas el 16 de septiembre de 2013 como de los producidos con posterioridad. Los resultados concluyen que «todos los sismos registrados en la serie son de origen tectónico, consecuencia probablemente de los esfuerzos almacenados previamente en una o varias fallas próximas».

El Instituto aseguró que desde 1920 hasta el 1 de junio de 2013, el número de seísmos registrados en esa zona fue de 203, con una magnitud máxima de 3,3 grados en la escala Richter.

En cuanto a la peligrosidad del emplazamiento de la plataforma, obtuvo un valor correspondiente al «nivel más bajo de peligrosidad sísmica a considerar en la Normativa Sismorresistente», sin embargo, añadió, «no se tuvo en cuenta el impacto de sismicidad inducida» que se debería estudiar para el caso de emplazamientos que puedan generarla.

Por otra parte, se recordó que del total de cerca de 450 seísmos registrados en septiembre de 2013, tres de los cuales superaron la magnitud 4 en la escala Richter, una quincena fueron sentidos por la población de forma «leve o muy leve».

En sus conclusiones el informe señaló que la actividad sísmica registrada no pertenece a la de la denominada falla de Amposta, por lo que «se trataría de otra falla no cartografiada», y aconsejó que sean expertos geólogos quienes la identifiquen.

Industria espera la opinión de los expertos internacionales

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no decidirá sobre la reapertura del almacén subterráneo de gas Castor hasta que disponga de las conclusiones de los estudios que realizan actualmente varios expertos internacionales.

Industria no se planteará la reanudación o paralización definitiva de la actividad del almacenamiento hasta que disponga de los análisis de estos expertos independientes, una información adicional al informe del Instituto Geográfico Nacional, según explicaron fuentes ministeriales.

Así, el departamento de José Manuel Soria, que ya era conocedor de dicho informe, resolverá el futuro del proyecto Castor dando prioridad a la «seguridad» y cuando tenga la certeza de que no hay riesgos de nuevos seísmos en la zona.

El ministro reiteró en varias ocasiones que el Gobierno se encuentra a la espera de recabar información adicional por parte de los expertos, tal y como sugiere el informe del Instituto Geográfico, y que actuará conforme a lo que más convenga «al interés general».

En cuanto al coste de la instalación, Soria dijo dar «por bueno» el dato de la auditoría encargada por el Ejecutivo sobre el aumento hasta 1.700 millones de euros del proyecto, unos mil más de los 700 millones presupuestos inicialmente.

En concreto, Soria detalló que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a los que se suman 186 millones de euros por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones de euros por los costes financieros afrontados hasta que empezó a funcionar temporalmente.

Escal continúa trabajando para mantener operativa la planta

Escal UGS aseguró que continúa con su trabajo de mantenimiento con el fin de «asegurar la operatividad y la seguridad al 100%» y que tienen constancia del informe del Instituto Geográfico Nacional, pero que la última palabra la tiene el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

«Nosotros estamos a la espera de lo que diga el Ministerio, como siempre hemos hecho», aseveraron las citadas fuentes antes de añadir que «la planta está en perfectas condiciones».

El Gobierno deberá indemnizar a ‘Escal UGS’ si se cierra su planta

El Tribunal Supremo estableció, en octubre pasado, que el Estado deberá compensar económicamente a la entidad Escal UGS en caso de cerrarse la planta situada frente a la costa de Castellón.

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó entonces, a través de una sentencia, el recurso interpuesto por el Gobierno contra el artículo 14 del real decreto de concesión, que data de 2008.

A este respecto, el contrato con la empresa Escal UGS establecía, en su artículo 14, una «compensación a la concesionaria para recuperar la inversión en caso de caducidad o extinción de la concesión». El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió esta disposición al entender que es contrario a la Ley del Sector de Hidrocarburos, que establece que en caso de anulación o extinción de la concesión de una explotación las instalaciones -cuando no se ha requerido su desmantelamiento- revierten gratuitamente al Estado.

El recurso del Ejecutivo señalaba que, en consecuencia, el artículo 14 de la concesión a Escal UGS «sería contrario a dicho principio general de gratuidad al prever una compensación a la empresa concesionaria equivalente al valor residual de las instalaciones en caso de dolo o negligencia de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que la empresa hubiere podido incurrir». El Consejo de Ministros, de hecho, declaró la lesividad de este precepto para el interés público en un acuerdo suscrito el 11 de mayo de 2012.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presididos por Pedro José Yagüe Gil, rechazaron las tesis del Ejecutivo, al entender que no existen «argumentos legales» que las sustenten. «Si el principio de reversión gratuita de las instalaciones establecido en el artículo 29.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos ha de entenderse de forma absoluta, sería contraria a derecho no solamente la compensación por el valor residual de las instalaciones en caso de dolo o negligencia que se pretende anular, sino también cualquier tipo de compensación», señalaba la sentencia difundida en octubre por el Supremo.