El Gobierno acuerda desestimar 41 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios debidos a la moratoria renovable

Este real decreto ley, el primero de los aprobados por el Gobierno en 2012, suspendió los procedimientos de preasignación de retribución y suprimió los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes renovables y residuos.

Los titulares de las instalaciones reclamaban indemnizaciones por considerar que esta norma les había producido daños antijurídicos, esto es, que no tienen el deber de soportar. Por este motivo, consideraban que debían ser indemnizados por la Administración General del Estado.

El Gobierno ha acordado este viernes que no se dan los requisitos exigidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 1992, para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

«El daño alegado por los reclamantes no puede reputarse antijurídico al tener el deber de soportarlo en tanto destinatarios de la norma, lo cual hace innecesario el análisis del resto de elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial», señala el Ejecutivo.