El Parlamento extremeño se opone al plan de ampliación del almacén de residuos nucleares de El Cabril

La iniciativa fue presentada por IU, cuyo portavoz, Pedro Escobar, la justificó en que Extremadura tiene más motivos «para inquietarse» que otras regiones con este proyecto, ya que, a su juicio, le afecta casi tanto como la Central Nuclear de Almaraz (CNA), que está ubicada en Cáceres, ya que El Cabril está en el límite de la provincia de Córdoba con la de Badajoz.

Para Escobar, además del riesgo por la contaminación ambiental del almacenamiento de estos residuos, existe el que se deriva del transporte de estos por las carreteras extremeñas, porque, a su juicio, por estas circulan más camiones que los que soporta la comunidad andaluza.

Por ello y entretanto se paraliza esa ampliación, el portavoz de IU exigió que los municipios afectados reciban la misma compensación que reciben los andaluces del entorno. El PSOE apoyó la propuesta de IU, aunque echó en falta la inclusión en la misma de un plan de empleo alternativo para los municipios próximos a estas instalaciones.

El diputado socialista Manuel Vázquez Villanueva explicó que su rechazo a la ampliación de El Cabril responde a las formas en las que se anunció, incluye incumplimientos de la normativa existente y porque el sur de España ya cuenta con suficientes instalaciones de este tipo «y ha contribuido de forma solidaria con el resto de España».

El portavoz del PREX-CREX, Damián Beneyto, aunque apoyó la propuesta, consideró que responde a la celebración de las jornadas antinucleares que se celebrarán en Navalmoral de la Mata este viernes y sábado y añadió, en este sentido, que no le gusta «sentirse utilizado». Además, también expresó sus dudas de que los municipios extremeños, una vez reciban la compensación, estén dispuestos a renunciar a ella si la planta se desmantela.

Por su parte, la diputada del PP Virginia Alberdi instó a IU a que se ponga de acuerdo con sus compañeros de Andalucía y de Hornachuelo (Córdoba), que se opusieron al desmantelamiento de la planta, además de que estimó que habría que reflexionar sobre el futuro de las 300 personas que trabajan en sus instalaciones y de los convenios de inversión existentes y fijados hasta 2030.

Sí está de acuerdo en que es necesario establecer mecanismos de compensación para los municipios extremeños de la Campiña Sur afectados por esta instalación, por lo que propuso la retirada de la propuesta y la elaboración de otra para debatir esa compensación.