APPA asegura que no habrá nueva potencia renovable en dos años

Durante la inauguración de la jornada «La Reforma Eléctrica desde la perspectiva europea, territorial y tecnológica. Vías legales de actuación», José Miguel Villarig denunció el cambio en el panorama regulatorio que impulsó la inversión en instalaciones renovables y la consiguiente «incertidumbre» a la que han llevado las diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno desde la pasada legislatura hasta la actual, culminando de momento en una reforma energética, «aplicada con retroactividad». Un clima que a su juicio tiene una consecuencia directa: «en dos años no vamos a instalar nada».

El presidente de APPA lamentó la «improvisación» con la que el Ejecutivo actúa en materia energética y la falta de apoyo a la eficiencia y el ahorro. Además, José Miguel Villarig volvió a insistir en que las energías renovables se ven perjudicadas en la medida en la que el Gobierno «no ha hecho un diagnóstico adecuado» de la situación del sector eléctrico, ya que «la realidad es que las renovables no son caras, sólo son caras si se hacen mal«.

Por último, Villarig arremetió contra el discurso del Gobierno de reparto de los daños de la lucha contra el déficit de tarifa a tres partes: recortando la remuneración a los diferentes agentes del sector, aumentando la tarifa a pagar por los consumidores así como a través de una mayor aportación del Estado en los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, Villarig denunció que el Gobierno «ha incumplido la parte que a ellos les tocaba», en referencia a la retirada de las aportaciones presupuestarias previstas y que generaron, según reconoció el propio Gobierno, un déficit de 3.600 millones de euros.

Reforma contra el déficit tarifario

La directora general de Energía y Minas de Aragón, Marina Sevilla (del Partido Aragonesista, que apoya al Partido Popular en el Gobierno autonómico) aseguró que la reforma energética articulada desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sólo se puede «entender» desde una óptica de la lucha contra el déficit tarifario. A pesar de demostrar cierta comprensión hacia la búsqueda de la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, la política aragonesa reclamó cambios al Gobierno en la reforma energética como sustituir el concepto de rentabilidad razonable por el WACC para retribuir la inversión, más común entre los países de nuestro entorno.

Marina Sevilla destacó la importancia que las energías renovables tienen para el territorio aragonés, que exporta además el 40% de la energía generada a las autonomías colindantes. Finalmente, la política aragonesa descartó que en España vaya a haber incentivos a la instalación de tecnologías renovables hasta 2018 «y en función de cómo se vaya cumpliendo con los objetivos para 2020 comprometidos con la Unión Europea. Por ello, reclamó un pacto de Estado en Energía «que ofrezca seguridad jurídica y un marco regulatorio estable que no ponga en riesgo futuras inversiones» así como persiga una reducción «drástica» de la dependencia energética.

Por su parte, el presidente de N2E y de la Fundación Renovables, Javier García Breva, manifestó que «la clave» del fracaso de la reforma energética es «confundir la sostenibilidad del sistema eléctrico con el mantenimiento de sus ingresos». A su juicio, el Gobierno ha optado por no reformar el sistema marginalista de conformación de precios, «lo que supone que no se vaya a atajar la volatilidad inmensa del pool, tratando de garantizar un precio elevado a base de limitar la cuota de renovables en el mercado mayorista con la moratoria y la nueva orden de parámetros retributivos; las renovables han contribuido a rebajar el precio del pool eléctrico un 58%».

Además, el exdirector general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) fue contundente a la hora de señalar que toda la reforma energética, así como las órdenes de peajes que han elevado el peso del término de potencia fija en la factura eléctrica, «incumplen» las directivas europeas sobre energías renovables y eficiencia energética.
Finalmente, García Breva mostró su preocupación ante lo manifestado por la agencia de calificación Fitch respecto a la volatilidad del nuevo sistema de fijación del precio de la energía que augura nuevas intervenciones del precio de la luz por parte del Ministerio, al igual que sucedió con la subasta CESUR de diciembre de 2013.

Objetivo de defensa renovable: Luxemburgo

El abogado Piet Holtrop señaló que ya hay jurisprudencia europea en defensa de la confianza legítima y contra la discriminación: son sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que protegen ante cambios regulatorios que afectan a derechos adquiridos por sus titulares. Un escenario que puede ser útil para la defensa de los productores de energías renovables. Tampoco quiso olvidarse de la litigiosidad a nivel internacional que origina la reforma energética del Gobierno. «Los arbitrajes son un instrumento para los inversores internacionales; España ya es líder en número de procedimientos abiertos«, proclamó Piet Holtrop.

Más incisivo fue Daniel Pérez, abogado en Holtrop, que señaló que el objetivo es «llegar a Luxemburgo», en referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, Daniel Pérez se mostró esperanzado de que, mediante la cuestión prejudicial o el procedimiento de incumplimiento, el Derecho europeo termine revocando la reforma energética como ha sucedido con el céntimo sanitario. Además, este abogado llamó a seguir adelante con los recursos a todos los recortes sufridos por renovables desde 2010, «tan importantes como la reforma».

Por su parte, el abogado Javier Olmos señaló que la reforma es un cambio «integral» del modelo retributivo que el Tribunal Supremo no debería considerar, tal y como ha hecho ante recortes precedentes, como un «ajuste regulatorio». Además, Javier Olmos criticó especialmente la estandarización que se introduce con el concepto de instalación tipo, así como la «complejidad, discriminación y falta de transparencia» de la reforma.

Todos financian el déficit tarifario

El responsable de Liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Francisco José Baeza, explicó las consecuencias del cambio regulatorio introducido en la nueva Ley del Sector Eléctrico y que obliga a todos los sujetos del sistema a financiar el déficit de tarifa de tal forma que irán percibiendo su retribución en función de los ingresos que haya disponibles.

Por tanto, se introduce, a la hora de efectuar cada liquidación, un coeficiente de cobertura que fija la cantidad porcentual de ingresos a percibir. Hasta ahora este coeficiente es del 44,77%. Anteriormente eran las compañías eléctricas las que asumían el déficit de tarifa en sus balances hasta su correspondiente titulización.

Respecto a la reforma energética, Baeza confió en que por fin se consiga atajar el déficit tarifario equilibrando los ingresos y los gastos del sistema eléctrico de tal forma que, al final de las 14 liquidaciones, el coeficiente de cobertura sea de un 98% ya que la Ley del Sector Eléctrico indica que el déficit no será superior en un ejercicio al 2% de los ingresos del anuales del sistema eléctrico o el acumulado mayor al 5%. Baeza también apuntó que la CNMC podría aplicar la nueva retribución, una vez que se apruebe la orden ministerial, «inmediatamente, en menos de un mes».

Consecuencias negativas para las tecnologías

Santiago Gómez, presidente de APPA Eólica, calificó como «discriminatorio y poco representativo» que los parámetros retributivos propuestos para la tecnología eólica únicamente consideren 23 instalaciones tipo, una por año y sin mayor consideración. En consecuencia, estos parámetros se traducen en resultados que Santiago Gómez tacha de «absurdos» y convierten a la eólica en «víctima» de una metodología que penaliza a los parques más antiguos. Finalmente, Santiago Gómez cifró el impacto en 1.470 millones de euros con todas las medidas puestas en marcha desde 2010, casi 800 con la reforma actual.

Manuel García, presidente de APPA Biomasa, reclamó un período de transición a la hora de aplicar la reforma para esta tecnología al tener firmados contratos de larga duración para la adquisición de combustible y «que ahora no se pueden cambiar de un día para otro». Además, Manuel García denunció que la reforma limita la producción a las horas en las que el precio del pool «cubra los costes variables» y que los precios del combustible considerados para establecer los parámetros retributivos «no se ajustan a la realidad». También criticó que se imponga un máximo de 6.500 horas de producción a la biomasa puesto que «no es forma» de premiar a las instalaciones que son eficientes.

Xabier Albistur, presidente de APPA Fotovoltaica, denunció que esta tecnología ha sido «pretendidamente atacada, sometida a expolio,» y que coloca ahora a los productores en una «preocupante» situación financiera. Además, elevó el impacto de la reforma para su sector hasta los 900 millones de euros y no los 380 que estimó la CNMC. Al igual que sus compañeros de APPA, Albistur consideró que la nueva retribución va en contra de eficiencia y cifró en 2.700 millones de euros los recortes a la fotovoltaica desde 2011.