El Gobierno niega que ENRESA comprara los terrenos del almacén nuclear sin hacer estudios previos

Así, aunque el Ejecutivo negó que la empresa comprara los terrenos sin hacer informes previos, sí reconoció que estos estudios deberán de ser ampliados, conforme al Plan de caracterización que ENRESA concretó con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que servirá para elaborar la documentación que la normativa, tanto nuclear como medioambiental, establece, para que esta instalación pueda contar con las autorizaciones necesarias.

El diputado de izquierdas cuestionaba al Gobierno sobre la gestión de Francisco Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real, al frente de la empresa pública dedicada a la gestión de residuos radiactivos (Enresa). A su juicio, Gil-Ortega está realizando una serie de actuaciones «muy discutibles» y su perfil al frente de esta empresa «no parece el adecuado».

En su opinión, carece de cualquier tipo de vinculación con el sector nuclear y con el energético, un aspecto que opinión de Cayo Lara, rompería una norma no escrita de 28 años de presidentes, con formación y trayectoria profesional altamente vinculados a los sectores de la energía y a la tecnología nuclear, así como de la protección radiológica.

Lara destacó que la primera decisión que tomó fue la compra de los terrenos para implantar el ATC en ‘Los Boleos’, «realizando buena parte de las negociaciones personalmente» y «sin conocer si sus características eran adecuadas y a escasos 2.000 metros del casco urbano de Villar de Cañas (justo en el límite legal) y en plena vega del río Záncara».

Eso sí, Cayo Lara sostuvo que la Comisión Interministerial para la elección del emplazamiento del ATC calificó de «prioritario» el emplazamiento del ATC en la finca ‘La Carbonera’, una pamela «más alejada» del casco urbano de Villar de Cañas y del río Záncara, y «más elevada».

«La única diferencia es que la finca ‘La Carbonera’ pertenece a una sola persona no residente en Villar de Cañas, mientras que el Paraje de ‘Los Boleos’ tiene 14 parcelas pertenecientes a otras tantas personas, la mayoría de las cuales reside en Villar de Cañas», agregó.

Es más, afirmó que, a día de hoy, tras muchos estudios, siguen las dudas en cuanto a su riesgo geomorfológico y así lo reconocen los propios técnicos de ENRESA en sus informes. Por ello, Cayo Lara denunció que las actuaciones de Gil-Ortega se han demostrado «irresponsables, contrarias a los criterios técnicos de seguridad, opacas, motivadas por los intereses políticos de quien le nombró y con vistas a la compra de voluntades».

En este contexto citó la actuación de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca (donde está representada IU) que solicitó públicamente el cese de Francisco Gil-Ortega en la presidencia de ENRESA, puesto que «sus decisiones tendrán como consecuencia más riesgos para la población, añadidos a los riesgos altísimos que conlleva el silo nuclear».

Así las cosas, el Gobierno defendió en primer lugar que las funciones de ENRESA son las establecidas en el decreto de 2003 sobre ordenación de las actividades de la empresa de gestión de residuos radioactivos, así como por la Ley de 1964 de Energía Nuclear, que le permite el desarrollo de actividades complementarias que tengan como objeto el facilitar dicha gestión.

«Estas actividades pueden consistir, en su caso, en el desarrollo de infraestructuras en las áreas geográficas involucradas en la gestión de los residuos radiactivos, o en facilitar el asentamiento de empresas que puedan contribuir a crear un ambiente socioeconómico adecuado en el entorno de las instalaciones destinadas al cumplimiento de las funciones de ENRESA», agregó el Ejecutivo en su respuesta.

En este sentido y en relación con el Almacén Temporal Centralizado (ATC), recordó la resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectuaba la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento de esta instalación y de su centro tecnológico asociado.

En el apartado dedicado a la descripción del proyecto, según sostuvo el Ejecutivo, se señalaba que como apoyo a la instalación ATC y el centro tecnológico asociado, el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas cinco hectáreas.

Por lo que respecta a la actitud del presidente de ENRESA con relación a la energía nuclear, el Gobierno indicó que ni en el referido decreto de 2003, ni en el resto del ordenamiento jurídico en el que se enmarca la actividad de ENRESA, se prescribe cual ha de ser la actitud de la persona que ostenta este cargo en relación con la energía nuclear.

En cuanto a la compra de los terrenos para ubicar esta instalación, señaló que, tras la selección por parte del Consejo de Ministros celebrado el 30 de diciembre de 2011 del municipio de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado, ENRESA, al objeto de llevar a cabo este proyecto, realizó unos trabajos iniciales en los tres terrenos propuestos por dicho municipio, con el fin de disponer de información específica de los mismos para dar soporte a la compra de terrenos.

«Dichos trabajos consistieron en un reconocimiento geológico preliminar, la realización de varios perfiles geofísicos y la perforación de 1 o 2 sondeos en cada parcela para disponer de información real del subsuelo», agregó.

Asimismo, defendió que los resultados obtenidos no inhabilitaban a ninguna de las parcelas propuestas, adquiriéndose por parte de ENRESA las parcelas conocidas como ‘Balanzas-Boleos’ y ‘Blancares’ y, posteriormente, ‘El Chaparral’.

El proyecto no tiene desviaciones de presupuesto

Por otra parte, el director de Ingeniería de ENRESA, Pablo Zuloaga, aseguró que el proyecto de ATC no tiene desviaciones de presupuesto ni tampoco variaciones respecto al calendario, puesto que ha cumplido los plazos previstos en el licenciamiento.

Zuloaga expuso los antecedentes del proyecto, desde las primeras resoluciones emitidas por la Cámara baja hace ya casi diez años, hasta el pasado mes de enero, cuando la empresa presentó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la solicitud previa y de construcción.

Finalmente, recordó las infraestructuras que conlleva este proyecto, como son el propio almacén, el centro tecnológico asociado, el parque empresarial u otras actuaciones externas como pueden ser acometidas varias y mejoras de accesos.

Por otro lado, el presidente de ENRESA, Francisco Gil-Ortega aseguró que la empresa está «totalmente volcada» con el ATC, del que dijo que es un «gran proyecto de Estado» y destacó las «magnificas relaciones» que ENRESA mantiene con todas las instituciones y actores implicados.

El representante del departamento de Calidad de ENRESA, Manuel Acacio, subrayó que uno de los aspectos «clave» en el licenciamiento de una estructura compleja reside en la Declaración de Impacto Ambiental.

El encuentro reunió a representantes de los accionistas de ENRESA, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre y el director general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Cayetano López. A la cita asistieron también diputados miembros de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, así como representantes de diversos ministerios que tienen relación directa con este proyecto.