El Congreso rechaza autorizar a Canarias a realizar una consulta popular sobre las prospecciones

Esta iniciativa se debatió en el Congreso este miércoles y se ha votado este jueves, dos días después de que la Cámara Baja debatiera y rechazase la toma en consideración de la propuesta del Parlamento catalán para que se autorice, convoque y celebre un referéndum en Cataluña sobre su futuro político; una propuesta que los nacionalistas canarios respaldaron.

Precisamente, los dos diputados de CiU, Jordi Jané e Inmaculada Riera, se han levantado de sus sitios a la hora de efectuarse la votación, según señalan en fuentes parlamentarias «por tener que tratar un asunto urgente».

Así, Nueva Canarias ha contado con el respaldo insuficiente del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) -15 votos-; así como con el voto en contra del PP y de UPyD, que suman 24 votos; por ello la iniciativa no ha podido salir adelante.

Se trata de una demanda aprobada por el Parlamento de Canarias, a propuesta del Ejecutivo canario. Así, Quevedo argumentó que la consulta era «constitucional, legal y posible», en base a además al artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Según recalcó, «no deja de ser una casualidad buena o mala», que esta iniciativa coincidiera con la de la consulta catalana. «Yo confío, quedando claro que la naturaleza de las cosas que se plantea es distinta, que el resultado no sea tan exiguo como el alcanzado ayer por aquellos que votamos a favor de la propuesta del Parlamento de Cataluña», subrayó.

A su juicio, debe de haber un debate «público, amplio, claro y rotundo» sobre cuáles son los beneficios, perjuicios y a qué tiene que atenerse el pueblo canario a la hora de aceptar o no una iniciativa de esta naturaleza. «Ese debate no ha existido», criticó.

Se trata de intentar evitar que haya una contestación al Gobierno de Canarias a través de un escrito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo negando esta posibilidad, «un asunto de esta envergadura no merece semejante cosa», señaló.

Quevedo incidió en que la búsqueda de un recurso como el petróleo debería plantearse siempre en un debate de ámbito público, al mismo tiempo que alertó sobre las posibles consecuencias de este tipo de prospecciones y sobre las que se han pronunciado sectores científicos, medioambientales, organizaciones internacionales, Canarias y ayuntamientos de todo los «tipos y colores».

Por último, indicó que estas prospecciones producirían una «seria afectación» del medioambiente, como está documentado también por sectores absolutamente «serios, rigurosos y considerables» en sus planteamientos, y se produciría en una zona con «alta actividad» sísmica.

«Lo cual, como es normal, incrementa la preocupación. Asimismo, ha habido una información parcial, con cuentagotas, contradictoria, en ocasiones falsa, en otras ocasiones ofensiva«, sentenció el parlamentario canario.

Mientras, Manuel Torres, del PP, tachó esta propuesta de «cicatera, interesada, poco seria y enmarcada en un halo de filibusterismo político», al pretender seguir creando «confusión y enfrentamiento» entre los ciudadanos canarios, aprovechando un asunto que está completamente «claro y reglado».

Según defendió, las prospecciones cuya autorización administrativa están en curso, no se encuentran en el ámbito geográfico de las aguas canarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley aprobada por el entonces Gobierno socialista, «ahora alentadores de la oposición a este proyecto».

Por otro lado, Torres criticó que tratan de vincular al Partido Popular con la promoción de esta actividad industrial, cuya única titularidad corresponde a Repsol, Woodside Energy Iberia S.A. y a RWE DE AG, respectivamente, actuando la primera de ellas como operadora.

«Lo que ahora pretende Coalición Canaria es que cuando la ley y los procedimientos administrativos que se derivan de ella no les complazcan, se pueda recurrir a una consulta popular. La cuestión es tan insolvente como lo sería plantear una consulta a los canarios sobre su opinión respecto a que existan casi mil plazas de personas dependientes vacías en centros del gobierno de Canarias con personas que lo necesitan desatendidas, o qué opinan sobre la promesa de Paulino Rivero en 2010 de crear 8.000 nuevos empleos en 18 meses», ha matizado.

Por ello, el diputado del PP pidió que se fuera respetuoso con el actual marco competencial, con el cumplimiento de la ley aplicable y con los procedimientos administrativos que en cada caso procedan.

Con la proposición no de ley se pretendía que el Congreso instase al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que autorizara a la comunidad canaria a realizar una consulta, «en la que los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias puedan expresar su parecer» en torno a la realización de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

CiU elude apoyar la consulta planteada por NC

CiU ha evitado apoyar este jueves en la Comisión de Industria del Congreso la propuesta planteada por Nueva Canarias para realizar una consulta en el archipiélago sobre las prospecciones petrolíferas que planea Repsol, entre otras compañías, en aguas canarias.

Jordi Jané e Inma Riera, los dos diputados de Convergencia (CDC), una de las formaciones que el martes reclamó en el Pleno del Congreso autorización para su consulta soberanista, se han ausentado de la votación de la iniciativa canaria y luego han vuelto para votar el resto de asuntos.

Según aseguraron fuentes de la formación nacionalistas, les surgió «algo urgente» que les impedía estar en la votación de la citada proposición no de ley de NC.

Los socialistas, que el martes rechazaron la consulta soberanista catalana, vienen defendiendo el referéndum canario sobre las prospecciones al considerar que se trata de un tema autonómico, tramitado de acuerdo con la legalidad, y que no pone en cuestión la estructura del Estado.

Un nuevo procedimiento de información pública sobre las prospecciones

Asimismo, el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos Rull, adelantó que solicitarán que se vuelva a abrir un nuevo procedimiento de información pública de la tramitación medioambiental sobre las prospecciones petrolíferas que se pretenden llevar a cabo en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura tras comprobar que el expediente «estaba incompleto».

«Hemos tenido acceso al expediente y hemos constatado lo que alegamos en su momento, que es que el expediente estaba incompleto, adolecía de falta de documentación, el Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) la ha solicitado, que hay cientos de documentos nuevos a consecuencia de esa solicitud de información y para poder evaluar, entre todos, el impacto que van a tener las prospecciones en Canarias deben abrir un nuevo procedimiento de información pública«, resaltó en relación al acceso que Gobierno canario y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura tuvieron al expediente que se tramita.

En este sentido, Ríos Rull señaló que, en su momento, criticaron que «esas omisiones y esas deficiencias hacían imposible» poder estudiar el impacto de las prospecciones en Canarias. Añadió que en el expediente faltaban cuestiones como la posibilidad de «movimientos sísmicos, las repercusiones en la potabilización de agua…«.

Esto, dijo, «es lo que se ha pedido y a cuentagotas, desde diciembre 2013», y no se ha aportado. Para el comisionado este hecho «supone una constatación de la chapuza que era el expediente y de las prisas que tenían de sacar adelante este proyecto».

Al respecto, indicó que esta es la conclusión una vez que han tenido acceso al expediente aunque puntualizó que deberán analizar más detenidamente toda la información porque lo que se ha ido solicitando «no son aclaraciones, pedían hasta 17 cuestiones distintas» tanto a la empresa que realizará las prospecciones como a distintos ministerios.

El estudio de impacto ambiental «se opone» a la transparencia

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, afirmó que toda la tramitación del estudio de impacto ambiental de los sondeos proyectados frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote se realizó con «criterios opuestos» al principio de participación pública y transparencia.

En comparecencia parlamentaria, Berriel indicó que el proyecto para realizar las prospecciones presenta «innumerables» cuestiones que «no han sido resueltas» y «carece de estudios rigurosos o documentación necesaria que, por sí mismo, invalidaría cualquier estudio de impacto ambiental».

Así, el consejero aseguró que entre la documentación aportada no figura el proyecto técnico que se quiere ejecutar en aguas canarias», una carencia que, dijo, «debería ser suficiente para detener todo el proceso».

Apuntó, además, que las alegaciones presentadas por el Gobierno de Canarias señalan «más de 19 ocasiones» en las que se dejan aspectos del proyecto «al albur» de lo que vaya sucediendo durante las prospecciones, con un grado de indefinición sobre los riesgos en las alternativas para atajarlos que consideró «del todo inadmisible».

El estudio de impacto ambiental, según Berriel, también deja en el «terreno de la incertidumbre» aspectos tan relevantes como la toxicidad y composición de los lodos a emplear para lubricar las perforaciones, los riesgos sísmicos derivados de las técnicas a emplear o las especies que se pueden ver afectadas por las explosiones, ruidos u ondas acústicas.

Al mismo tiempo, detalló que la evaluación de impacto ambiental no entra en el análisis de posibles vertidos, sino que recurre a una descripción de las características del archipiélago empleando estudios no específicos, sino otros realizados en aguas de Noruega, Golfo de México u otras latitudes donde la composición físico-química del agua es diferente a la de Canarias.

El responsable autonómico apuntó, además, que el estudio pondera «de forma arbitraria» la valoración definida de los impactos que producirán las prospecciones, llegando a valoraciones «injustificadas», y deja fuera del estudio riesgos tan determinantes como la potencial afección a las costas o los ecosistemas naturales, e incluso los efectos sobre la desalinización.

Domingo Berriel lamentó que pese a la trascendencia y la contestación pública, el evaluador no se haya planteado realizar una análisis social de la aceptación o rechazo que provoca este proyecto sobre la población de las Islas Canarias.

Desde su punto de vista, «el Gobierno central debe comprender que el mayor test para conocer el grado de aceptación o repulsa de cualquier iniciativa es la consulta popular», un referéndum que, recordó, «Canarias ha solicitado por cauces oficiales y que debe ser respondido a través de los mismos cauces y con el debido respeto institucional y no en los medios de comunicación».

Al mismo tiempo, afirmó que la competencia que tiene el Gobierno del Estado para autorizar las prospecciones «no puede ser equiparable a una licencia contra la democracia o igual a un decretazo».

«Estamos en un estado de las autonomías donde tiene que haber un respeto entre todas las instituciones y, por tanto, no es de recibo que de espaldas a una comunidad autónoma se autoricen unas prospecciones dando ocho días para presentar unas alegaciones a un documento que desconoce», criticó.

En su opinión, para poder llegar a un acuerdo debe haber un espacio de diálogo y de consenso, pero «aquí no ha habido nada de eso ni lo va a haber», lamentó.

La diputada Claudina Morales (CC) consideró «terrible» lo que ha pasado con este expediente, pues se presentó en «pleno verano» y todavía no se ha contestado a las «miles de alegaciones» que se han presentado.

«Aquí parece que hay un triangulo de las Bermudas donde la información se la tragan y no dejan que la vean. No se sabe cómo está el expediente», criticó.

El diputado popular Manuel Fernández aseguró que «no han demostrado nada en cuanto a los riesgos de las prospecciones», y aseguró que en España «sólo están en contra aquellas comunidades que no han encontrado petróleo. «Si encontramos petróleo en Canarias, nadie protestará», afirmó.

Es más, indicó que en todo este proceso el Gobierno de España tuvo «más transparencia» que la que ha tenido el Ejecutivo canario con el PP. «¿A qué juegan ustedes?», cuestionó.

Por parte del Grupo Mixto, Román Rodríguez (NC) consideró que en todo este proceso «se han perdido las formas» y reiteró, su oposición «clara» a la decisión «unilateral» de autorizar las prospecciones porque compromete el interés de los canarios.

Por último, el diputado Manuel Fajardo Palarea, del PSC-PSOE, dijo no querer gobiernos «tramposos» que autoricen prospecciones «sin estudios de impacto ambiental» y que «ocultan información entre ministerios». «Necesitamos gobiernos que respeten la voluntad de los ciudadanos», subrayó.