El Gobierno de Cataluña y el sector industrial advierten de que la reforma energética del Ejecutivo hace replantear las inversiones

Puig auguró que la reforma eléctrica del Gobierno comportará «una reducción muy significativa de inversiones» y alertó de que ya está provocando la destrucción de puestos de trabajo en sectores como el de las energías renovables, a la vez que está generando grandes incertidumbres entre las empresas de generación energética.

En este sentido, el consejero delegado de Torraspapel, Eduard Querol, reafirmó las declaraciones del conseller, ya que aseguró que varios directivos de multinacionales implantadas en España le manifestaron su preocupación sobre la situación, y advirtió de que «si no se arregla, muchas inversiones se van a ir fuera».

Querol afirmó que las industrias que apostaron por las plantas de cogeneración «no pueden ni pagar el gas que están utilizando», cuando el objetivo era reducir costes energéticos y aumentar la competitividad, y manifestó que en estos momentos no habría apostado por construir la planta de cogeneración que Torraspapel tiene en Sant Joan de les Fonts (Girona).

«La inversión, hoy, no la hubiese hecho. Y lo que yo hago es lo que hace cualquier multinacional, invertir en función de la legislación», subrayó.

El director general de Lafarge España, Isidoro Miranda, criticó que España es el único país del área mediterránea que entre 2009 y 2012 incrementó sus costes eléctricos en más de un 25%, cuando la demanda y el consumo eléctrico fueron a la baja, un aspecto que aseguró que hace replantear inversiones: «Una multinacional se pregunta cómo es posible que se suban los precios cuando la demanda está por los suelos».

Miranda afirmó que invertir ya implica unos riesgos inherentes, pero avisó de que «si se imponen riesgos por encima de los propios, una multinacional pierde interés».

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) y director general de Bayer Ibérica, Jesús Loma-Ossorio, constató que ya hubo empresas que se vieron obligadas a cerrar debido al aumento constante de los precios de la energía en los últimos años, y alertó de que «esto puede pasar también en otras».

Loma-Ossorio señaló que muchas inversiones del sector químico se están trasladando a Estados Unidos, donde constató que la electricidad cuesta la mitad que en Europa.

El presidente de Ercros, Antoni Zabalza, criticó que los peajes de la energía se incrementaron un 82% desde finales de 2008, lo que, a su juicio, demuestra que es «falso» que el Gobierno español sea un gobierno a favor de la industria.

«Sé que el Gobierno tiene problemas presupuestarios y los entiendo muy bien, pero también sé que en otros sitios tienen una visión un poco más amigable respecto a la industria», manifestó Zabalza, que lamentó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya considerado que la industria tenía suficiente capacidad para soportar estas subidas.

El presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, coincidió en afirmar que esta reforma eléctrica «resta una competitividad muy importante» a las industrias, que aseguró que ya han hecho todos los esfuerzos posibles para reducir costes.

Una moratoria del nuevo régimen eléctrico a plantas de purines

Por otro lado, la Generalitat, a través de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, solicitó al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, una moratoria hasta finales de 2015 para la aplicación del nuevo régimen económico eléctrico para las plantas del tratamiento de purines.

Con esta prórroga, el Gobierno catalán pretende encontrar una solución para la gestión de los excrementos ganaderos puesto que, según denunciaron tanto la Generalitat como el sector ganadero, la aplicación del nuevo régimen retributivo comportará el cierre forzoso de las 6 plantas de deshidratación térmica de purines.

El nuevo régimen retributivo diseñado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo forma parte de la reforma eléctrica que quiere llevar a cabo el Gobierno central, y la Generalitat criticó que la reforma esté elaborada desde un punto de vista presupuestario y financiero, sin considerar criterios industriales o de competitividad.