El PP rechaza en el Congreso una iniciativa de Izquierda Plural para parar las prospecciones en Baleares

La propuesta contó con 24 votos en contra del PP y 19 a favor del resto de los grupos de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, en la que la portavoz popular, María Teresa de Lara, acusó al PSOE de hacer y decir cosas distintas en el poder a cuando están en la oposición.

De esta manera se refería a los reales decretos que conceden los permisos de investigación para detectar posibles combustibles fósiles en el Mediterráneo, firmados en 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Durante la defensa de su proposición no de ley, la portavoz de ICV, Laia Ortiz, argumentó que hay un profundo rechazo social, empresarial e institucional al proyecto en Baleares y recordó la Declaración de su Parlamento autónomo, también de rechazo a las prospecciones petrolíferas.

Ortiz subrayó que las prospecciones representan una seria amenaza para una zona «estratégica» del sector turístico y ponen en riesgo «uno de los principales tesoros» medioambientales del país.

Tras señalar los impactos «demostrados» que las actividades de prospección (como la exploración sísmica del fondo marino) afectan a los cetáceos y a la flora y fauna, la diputada pidió al grupo popular que sea «coherente» con la posición de su partido en el archipiélago.

El presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, reiteró que en el caso de autorizarse las prospecciones petroleras en aguas baleares el Ejecutivo autonómico interpondrá todas las impugnaciones necesarias para defender el archipiélago.

Por ello, Ortiz recalcó que el discurso del partido en el poder está lleno de contradicciones, en el que pesa más el elemento político que el técnico.

De Lara dijo que los permisos de investigación no implican autorización para ejecutar actuaciones y garantizó que tanto las evaluaciones ambientales como las posteriores declaraciones de impacto medioambiental contarán con las máximas garantías.

En una enmienda que ofreció al grupo proponente de la iniciativa, el PP instaba al Gobierno a paralizar el proyecto en caso de detectarse potenciales impactos significativos. Izquierda Plural lo rechazó al alegar que estos términos ya vienen recogidos en la recién aprobada Ley de Evaluación Ambiental.

La diputada ibicenca del PSOE, Sofía Hernanz, destacó que en muy pocas ocasiones se ha registrado en Baleares un consenso social tan amplio en contra de un proyecto, «conscientes del gran daño ambiental y a nuestro medio de vida» que ello supone. En su opinión, este proyecto no conllevará ni más riqueza ni más empleo para las islas.

Tony Cantó (UPyD) señaló que las prospecciones «no deben ser criminalizadas per se», pero sí solicitó que el PP amplíe los estudios y ofrezca las máximas garantías porque «nosotros ya no nos fiamos de ustedes».

CiU también apoyó la propuesta por una razón «esencial»: respetar la postura del Parlamento balear.

La Comisión de Medio Ambiente sí votó por unanimidad a favor de una proposición no de ley del PP sobre los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola, que será incluido como área específica de investigación en el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático.