Entra en vigor el decreto que abre la puerta a que la central nuclear de Santa María de Garoña siga operando

Con esta norma se modifica el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas de 1999, y se introduce la posibilidad de que, tras la declaración del cese de actividad de una instalación nuclear, su titular pueda solicitar la renovación de la autorización de su licencia de explotación.

Ello, se agrega, salvo que existan razones de seguridad que lo impidan y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la declaración del cese de explotación.

La central de Garoña se encuentra parada desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares, que estableció la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Nuclenor (Iberdrola y Endesa, al 50%) decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, una cantidad que consideraba «inasumible».

Además, desde el 6 de julio de 2013 en situación administrativa de cese de actividad por razones ajenas a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias. De esta forma, la central cumpliría en principio los requisitos para que su titular, Nuclenor, pueda solicitar la renovación de su funcionamiento, aunque la última palabra la tiene la empresa propietaria.

Garoña es la central nuclear más antigua de España y desde diversos ámbitos se solicitó su cierre y desmantelamiento total, aparte de porque ya cumplió con su vida útil de 40 años, para la que está diseñada para operar, también porque dispone del mismo reactor que el de la central nuclear de Fukushima, que provocó un desastre de enormes dimensiones en marzo de 2011 y que ha conllevado una nueva normativa internacional en material atómica.

En un principio la planta debería haberse cerrado en julio de 2009, año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió ampliar su permiso de explotación cuatro años más, hasta el 6 de julio. Ya con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en julio de 2012, se procedió a modificar este decreto de cierre, concediendo a la instalación burgalesa la posibilidad de solicitar su prórroga de explotación hasta 2019.

No obstante, Nuclenor no presentó solicitud alguna ante la incertidumbre que a su juicio podría crearse con el nuevo impuesto sobre la energía nuclear antes mencionado, así como la inversión de más de 100 millones de euros que supondría reabrir la planta atómica.

Durante el tiempo del cese de actividad, se mantuvo la totalidad de la plantilla y se desarrollaron las actividades necesarias para mantener la instalación en las «mejores condiciones» que garanticen «su seguridad y su capacidad para volver a funcionar», defendió Nuclenor en las últimas semanas.

Por otra parte, con esta norma el Gobierno completa y actualiza la normativa por la que se regulan las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). En concreto, se incluyen los principios generales para la gestión de los residuos, precisa las responsabilidades asociadas a dicha gestión por parte de la sociedad estatal mercantil encargada de la gestión de los residuos radiactivos generados en España y establece el contenido del Programa Nacional de Gestión de Residuos.

El PNV obligará a Rajoy a pronunciarse sobre su reapertura

La posible reapertura de la central de Garoña suscitó que el PNV aproveche su pregunta al presidente del Gobierno para obligarle a que se pronuncie sobre esta cuestión, en la sesión de control del Congreso de los Diputados del próximo miércoles.

Así, la pregunta que el portavoz de la formación jeltzale lanzará al jefe del Ejecutivo reza lo siguiente: «¿Piensa el Gobierno empeñarse en facilitar la reapertura de la central nuclear de Garoña a pesar del rechazo frontal de la sociedad, las instituciones y los partidos políticos a tal medida?«.

El portavoz nacionalista, Aitor Esteban, dirá al presidente del Gobierno que esta central nuclear «ha cumplido un ciclo y está amortizada», advertirá «de los riesgos que conlleva su reapertura» y argumentará que «Garoña no aporta nada desde el punto de vista de seguridad del suministro» debido a su reducido tamaño.

Precisamente, la semana pasada un grupo de unos nueve activistas de Greenpeace protagonizó un acto de protesta contra la previsible reapertura de la central burgalesa en las inmediaciones de la central, donde exigieron el desmantelamiento inmediato de la planta.

Y el PSOE forzará una votación que pide su cierre

Al mismo tiempo, el PSOE decidió forzar la votación de una iniciativa en el pleno de esta semana, donde pediría el cierre de la instalación atómica, según informaron fuentes parlamentarias.

La intención del PSOE es aprovechar uno de los puntos de una moción relativa a la materia energética para forzar una votación en la que exigir que no se reabra la central, que «ha cumplido su ciclo de vida útil y cuya continuidad no aporta ninguna ventaja ni para la seguridad del suministro ni para el abaratamiento de precios».

Además, quiere que se vote la posibilidad de impedir que se prorrogue la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años, lo que implicaría el cierre del último reactor en 2028.

Se trata de una moción consecuencia de la interpelación que la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, planteó hace dos semanas al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sobre las necesidades del sector energético. El texto será debatido y votado en el Pleno del Congreso de esta próxima semana.

El presidente del CSN comparecerá en el Congreso

Por su parte, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, comparecerá este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar el informe de las actividades realizadas por la institución durante el año 2012.

Martí intervendrá en la Comisión de Industria, Energía y Turismo de la Cámara Baja para explicar las actividades llevadas a cabo por el organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en el año 2012.

En concreto, dará detalles sobre las entidades de servicios, licencias de personal, los residuos radiactivos, los transportes, los equipos nucleares y radiactivos, y las actividades no sometidas a legislación nuclear.

Además, se referirá a las instalaciones en fase de desmantelamiento y clausura, las plantas de la situación de la seguridad nuclear y protección radiológica de las instalaciones españolas, y presentará las actividades de ese año en materia de investigación y desarrollo y gestión de recursos, entre otras.

Con carácter anual, el CSN remite el informe sobre el desarrollo de sus actuaciones al Congreso y a los parlamentos autonómicos de aquellas comunidades autónomas en cuyo territorio están radicadas instalaciones nucleares. Este informe se publica a finales del primer semestre del año siguiente del ejercicio que se esté informando.