UPyD reclama al Gobierno una auditoría de los costes eléctricos y CiU le pide que las familias con un discapacitado tengan bono social

Así lo planteó en una pregunta escrita en la que el diputado de la formación magenta citó los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que atestiguan que Red Eléctrica registró un beneficio neto de 529,1 millones de euros en 2013.

«Teniendo en cuenta los notables beneficios económicos obtenidos por la compañía dedicada en exclusividad al transporte de energía eléctrica y a la operación del sistema eléctrico español y tratándose de actividades remuneradas en régimen concesional de bien público, ¿considera el Gobierno adecuado realizar una auditoría de costes para ajustar la facturación eléctrica soportada por los consumidores?», preguntó Gorriarán, reclamando además saber cuándo se podría realizar dicho proceso.

CiU pide que las familias con un discapacitado accedan al bono social

Por su parte, Convergència i Unió (CiU) defenderá la próxima semana en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pedirá al Gobierno que permita que las familias que tengan al menos un miembro con una discapacidad igual o superior al 33% tengan derecho a acogerse al bono social eléctrico.

En la iniciativa, que se debatirá en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, CiU defenderá que esta propuesta es «coherente» con la vigente legislación sobre igualdad y apoyo a los discapacitados, así como con la normativa eléctrica que, según el redactado de la Ley del Sector Eléctrico aprobada el pasado mes de diciembre, prevé un bono social como «una protección adicional del derecho al suministro de electricidad».

Dado que la norma establece en su artículo 45 que será el Gobierno el que defina reglamentariamente quiénes son considerados consumidores vulnerables y qué requisitos deben cumplir, CiU planteará la necesidad de incluir a las familias con discapacitados entre los colectivos que pueden acogerse a esta posibilidad, como ya se les reconoce a los pensionistas, a las familias numerosas, a los hogares con todos sus miembros en paro o a quienes tienen contratados menos de 3kw de potencia en su vivienda habitual.

Por eso, instarán al Ejecutivo a «impulsar la inclusión, como beneficiarios del bono social eléctrico, a aquellos consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que integre en su seno a una o más personas que tengan reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, tanto en la actual regulación normativa como en la futura».