UPyD pide regular por ley un acceso mínimo garantizado a electricidad y gas para las familias sin recursos

La iniciativa pidió una auditoría integral para regular el sector y el mercado «en base a los precios reales» con vistas a mejorar la «eficiencia, transparencia, competitividad, innovación y costes» del sistema.

UPyD apostó también por la regulación de un sistema de facturación «transparente» mediante contadores inteligentes que permitan al usuario elegir entre varias tarifas posibles dentro de su contrato.

Reclamó a su vez la promoción de políticas de eficiencia y ahorro energético que incluyan una regulación «favorable al autoconsumo», integrada en un plan general de rehabilitación de viviendas y edificios.

Además, demandó una regulación «exigente» de la exploración y extracción de hidrocarburos por medios convencionales y de fractura hidráulica, la restauración de la seguridad jurídica, así como incentivos fiscales «adecuados» para la innovación, la eficiencia y el ahorro energético.

Por último, pidió que haya «coherencia» en la política energética nacional respecto a los objetivos de la Unión Europea y luchar contra la pobreza energética.

Izquierda Plural pide el IVA superreducido para electricidad y gas

Por su parte, la Izquierda Plural registró una propuesta de resolución tras el Debate sobre el Estado de la Nación en la que insta al Gobierno a situar el IVA de la electricidad, gas natural, suministro de agua y transporte público al tipo superreducido.

La iniciativa solicitó que se impida que las empresas suministradoras puedan interrumpir el servicio ni excluir a nadie por razón de retraso o impago del recibo siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familiar que se determinen.

También pidió regular un precio social en los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano, tramificando la tarifa para garantizar el consumo mínimo necesario de las familias en función del número de miembros y de la renta.

En la iniciativa se instó al Gobierno a realizar una auditoría energética independiente de la composición del déficit tarifario revisando los conceptos prescindibles y estableciendo una quita parcial de la deuda eléctrica.

Además, reclamó eliminar las trabas económicas y legales al autoconsumo de energía renovable, y modificar la regulación del mercado eléctrico para permitir un sistema de retribuciones de acuerdo a los costes de producción.

La Izquierda Plural abogó por exigir a las compañías «transparencia» y «responsabilidad» en su gestión, incrementando la información acerca de los conceptos incluidos en la factura, así como la disponibilidad de ayudas y bonos sociales.

La Izquierda Plural también mostró en otra iniciativa su «preocupación» por las prospecciones de hidrocarburos realizadas en las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura, y en el Mediterráneo frente a las costas de Andalucía, Baleares, Cataluña y Valencia.

Por ello, instó al Gobierno a prohibir la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, así como de gases de roca y no convencionales, que utilicen la técnica de fractura hidráulica.

De igual forma, exigió la paralización de aquellos proyectos que ya están en marcha por los «riesgos, impactos y repercusiones negativas» que ocasionarán sobre el medio ambiente, y la actividad pesquera y turística.

En paralelo, demandó la reducción progresiva de los almacenamientos subterráneos de gas y la paralización del proyecto Castor.

El grupo parlamentario pidió además al Gobierno retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula en Cantabria la fractura hidráulica, y a consensuar con las administraciones afectadas las decisiones energéticas.

Por último, instó al Ejecutivo a mantener el cese definitivo de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y dar un «giro radical» en materia energética, impulsando la soberanía e independencia, y el impulso a las energías renovables.