Los agricultores instan a Soria a tener en cuenta las propuestas de Cañete y cambiar la tarifa para el regadío

Y es que, según indicó la organización, durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura la pasada semana, Arias Cañete afirmó que está «presionando» para conseguir unos contratos específicos para los regantes y planteó que el sector agrario cuente con una cuota de potencia diferente para atender a sus necesidades de consumo.

«No en vano, con la última subida de las tarifas eléctricas para el regadío, el sector ha dicho basta, ya que los agricultores han visto cómo sus costes de energía se han incrementado un 475% desde junio de 2008, cuando desaparecieron las tarifas especiales para riego», subrayó.

Por ello, desde Asaja ya se solicitó tanto al Ministro de Agricultura como al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, una modificación de la situación actual, para que se reconozcan las peculiaridades del sector agrario y conseguir que las tarifas se adapten al consumo real y a la potencia real utilizada.

En Jaén, con una economía cuyo PIB depende en un 20% del olivar y donde el riego es fundamental, los agricultores se encuentran «al límite y regar las explotaciones se ha convertido ya en tarea inviable para gran parte de los cultivos». Como ejemplo, puso el de los regantes del Acuífero Carbonatado de La Loma, que extraen el líquido elemento de importantes profundidades, lo que supone un coste energético mucho mayor.

Por ello, la organización insistió en que «es más que necesario conseguir que Industria aborde esta cuestión y que entre todos» se planteen soluciones a las tarifas para riego. De este modo, defendió que se vuelvan a poner en marcha unas «tarifas especiales, acordes a la situación real y al consumo real». Además, apuntó que al igual que existe un IVA reducido para otros sectores estratégicos, debe haberlo para la energía eléctrica para riego, no el 21% actual.

Las empresas de purines piden soluciones que eviten el cierre de plantas

Por su parte, asociaciones de los sectores porcino, ganadero y agricultor y las empresas de tratamientos de purines (desechos orgánicos) exigieron soluciones urgentes que eviten el cierre de las plantas y que aseguren la continuidad de las explotaciones ganaderas ante el riesgo que supone para el sector la aprobación de real decreto y orden ministerial que reduce las ayudas al sector, en más de un 40%.

Según el sector, la propuesta de Real Decreto y la Orden Ministerial por las que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, hace una «errónea» equiparación de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín con las plantas de cogeneración convencional, lo que resulta «discriminatorio» en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos.

El cierre de las plantas pone en peligro la sostenibilidad de las más de 3.000 explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que hay en España, e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exigen al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno que garanticen la continuidad de las plantas y de las explotaciones porcinas que dependen de ellas.

Así se expresó el sector porcino, representado por Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y las Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP).