La Rioja «ultima» un acuerdo con las empresas de gas y electricidad para evitar cortes de suministro

Acuerdos, explicó el presidente, como establecer plazos más largos antes de suspender el suministro y siempre con el compromiso de hacer frente a los impagos «para garantizar los mínimos de calidad de vida exigibles a cualquier ciudadano». Todo ello, además, «para mantener una mayor calidad de vida y para que nadie se quede sin gas y sin luz en estos momentos».

El presidente del Gobierno de La Rioja realizó estas declaraciones durante la sesión plenaria que se llevó a cabo en el Parlamento regional y ante la pregunta por parte del diputado popular, Carlos Cuevas, relativa a si tiene previsto el Gobierno «tramitar algún convenio con las empresas de suministros básicos, como electricidad y gas, con el fin de apoyar a las familias con más necesidades para que mantengan dichos suministros».

Ante la pregunta, Sanz señaló que el Ejecutivo riojano se puso en contacto con las principales empresas proveedoras de suministros de gas y energía eléctrica para proponerles la suscripción de un acuerdo, cuyo texto se está ultimando.

En este sentido, indicó que el Gobierno de La Rioja, consciente de que cualquier fase de recuperación económica es lenta y los ciudadanos con mayor riesgo de exclusión son, precisamente, los últimos en experimentar el crecimiento, tomó la iniciativa para ayudar a las familias riojanas que se encuentren en una situación extrema y «evitar que se vean excluidas del acceso a suministros básicos para el desarrollo vital con un mínimo de calidad de vida, como son la luz y el gas».

El presidente del Ejecutivo riojano explicó que, además del establecimiento de plazos más largos en los procedimientos que deben realizarse antes de suspender el suministro, también contemplan la regulación de nuevas ayudas autonómicas que, en los términos que se establezcan en cada caso, garanticen dichos suministros.

Estas ayudas, cuyas cuantías se regularán en la normativa correspondiente, estarán destinadas a perceptores de IMI y AIS, perceptores de pensiones no contributivas, perceptores de subsidio por agotamiento de la prestación contributiva con responsabilidades familiares y perceptores de una renta activa de inserción.

Además, para garantizar que se mantiene el suministro de gas y luz, las ayudas se abonarán directamente a las empresas que hayan suscrito el convenio con el Gobierno de La Rioja.

Para establecer los límites de estas ayudas y las condiciones de acceso se tendrá en cuenta la potencia contratada, el gasto total y el número de meses, entre otros factores que se están analizando con las empresas suministradoras para evitar fraudes en la percepción de las mismas.

No obstante, Pedro Sanz recordó que en La Rioja este problema ya tiene una «vía de solución inmediata que es recurrir a las ayudas de emergencia social que administran los ayuntamientos y cuya cuantía, financiada en parte por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, se incrementó este ejercicio en una media del 40%.

PSOE-A pide que se acepte su propuesta de «tregua energética»

Por su parte, la secretaria de Salud y Consumo del PSOE andaluz, Estefanía Martín Palop, pidió al Gobierno del PP que acepte la propuesta de los socialistas de poner en marcha una «tregua energética» durante los meses de invierno, para que durante ese período no se produzcan cortes del suministro eléctrico en los domicilios de personas que atraviesan dificultades económicas.

Así, dijo lamentar que el Gobierno central que preside el popular Mariano Rajoy sea «insensible a las necesidades básicas de los ciudadanos», y reclamó que lleve a cabo «políticas de sostenibilidad, que adecuen el precio de la energía a la realidad de los ciudadanos».

Martín Palop, que presentó en la sede del PSOE cordobés y luego a los ciudadanos en las calles de la ciudad de Córdoba la campaña puesta en marcha por el PSOE-A para luchar contra la pobreza energética, aseguró que «la política energética que lleva a cabo el Gobierno del PP ha provocado que la pobreza energética sea un drama social», que en Andalucía afecta a 300.000 familias y que en la provincia de Córdoba afecta a más de 30.000 unidades familiares.

En su opinión, «el Gobierno del PP no está poniendo medidas encima de la mesa para atajar esta situación después de que las tarifas de las eléctricas hayan tenido cinco subidas continuas» en los últimos meses «y se haya encarecido un 80% en los últimos siete años».

Por su parte, para la secretaria de Salud del PSOE de Córdoba, María Ángeles Luna, «en la actual situación hay muchas familias que no pueden hacer frente a estos pagos» y los socialistas trabajan por conseguir paliar esta situación.

En este sentido, según aseguró Luna, frente a las políticas del PP, que «tratan de favorecer las grandes empresas, el PSOE apuesta por una energía limpia y renovable, a la que el Gobierno del PP le ha suprimido los incentivos con los que contaba». Además la energía renovable, según la secretaria provincial de Salud y Consumo, supone un «gran yacimiento de empleo», que ha sido «frenado por el PP».