Industria tilda de «ilegal» la consulta sobre las prospecciones en Canarias y Rivero insiste en que se autorice

«No se pueden convocar referéndum ni consultas ilegales y es un referendo ilegal y una consulta ilegal si se hace sobre cuestiones que son competencia del Estado y la competencia de las prospecciones sólo la tiene el Estado de acuerdo con la Constitución», dijo Soria en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

El ministro se pronunció sobre este asunto después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunciara el pasado lunes que el Ejecutivo canario iba a pedir una autorización al Consejo de Ministros para promover una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote.

El titular de Industria, Turismo y Energía precisó que aún no se sabe si hay hidrocarburos en aguas de Canarias porque «aún no se ha realizado ni una sola prospección ni investigación», aunque confió en que así sea.

«Lo único que hay es la autorización del ministerio para que se puedan hacer, pero todavía está pendiente del informe preceptivo del impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», indicó Soria antes de recordar que la autorización para su ejecución a una distancia de entre 30 y 60 kilómetros de la costa fue realizada por el anterior Gobierno.

En esta línea recordó además la dependencia energética de España que en el caso de los hidrocarburos es del 99%, lo que «hace empeorar la balanza del saldo comercial», por lo que «sería muy bueno» para nuestro país encontrar petróleo y detectar gas en la zona.

En cuanto a las prospecciones en Baleares, reiteró que la autorización la hizo el gobierno anterior «conforme a derecho» y puntualizó que no es para la realización de prospecciones sino de una «sísmica que realiza un barco por la superficie para determinar por onda física si hay o no hidrocarburos». Según el ejecutivo «no se está hablando ni siquiera de una prospección con pinchazo».

Asimismo, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, afirmó que el referéndum que plantea el Gobierno de Canarias es tan ilegal como la consulta soberanista que reclaman en Cataluña, ya que el tema por el que se pregunta es «de interés nacional».

«Esa competencia corresponde ejercerla al Estado porque las consecuencias del resultado de ese referéndum y el tema sobre el que se pregunta es de interés nacional y por tanto nos interesa a todos los españoles», sostuvo.

Tanto CiU como Esquerra equiparan ambas consultas y reprocharon al PSOE que avale la consulta canaria y en cambio rechace la que se pretende hacer en Cataluña. El eurodiputado socialista canario, Juan Fernando López Aguilar, replicó que no tienen «nada que ver» y quiso dejar claro que la propuesta canaria no busca la secesión.

Rivero pide al Gobierno que autorice la consulta

Por su parte, Paulino Rivero pidió al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que no se «ampare en la legalidad» para autorizar o no una consulta sobre las prospecciones y que dé voz a una ciudadanía «dividida» en un tema de «especial trascendencia» para Canarias y España.

«Parece que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ampara en el aspecto legal. A Rajoy le llamé el lunes por lealtad institucional y fue muy comprensivo. Espero que también lo sea la vicepresidenta y el Gobierno vaya en la línea de dar la voz a los ciudadanos«, dijo Rivero en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE).

Según Rivero, Sáenz de Santamaría no dio un «no rotundo», sino «apelando al tema legal y de competencias». En cambio, el Gobierno canario entiende que amparándose en la Constitución, en el Estatuto canario y en el reglamento del Parlamento canario pueden llevar a cabo la consulta y va a «seguir la vía para hacerla».

Así, aseguró que si el Gobierno no quiere autorizar la consulta, el Ejecutivo canario va a «ponérselo difícil con argumentos», utilizando «todos los recursos» que da «el marco jurídico y el marco social».

Rivero reconoció que no es el mejor momento para promover esta iniciativa, pero cree que su propuesta «no tiene nada que ver con lo que se plantea en otros territorios».

En todo caso, el presidente canario dijo que la decisión se ha «tomado» y seguirá la «hoja de ruta trazada» por su Ejecutivo autonómico amparándose en el «respeto al marco institucional», el artículo 92 de la constitución y el Estatuto de autonomía, que «dan pie a que asuntos de especial trascendencia puedan ser consultadas al pueblo».

Insistió además en que las instituciones canarias creen que «no es compatible con el turismo», pero avanzó que respetará la decisión que salga de las urnas: «El Gobierno de Canarias va a ser respetuoso con la decisión que salga de las urnas y esperamos que el resto de las instituciones lo sean».

«El petróleo no es la panacea. Es la riqueza para unos pocos, pero no resuelve los problemas del pueblo», resumió el presidente autonómico canario, recalcando que los ciudadanos están divididos, como lo está también la comunidad científica.

Rivero subrayó que su Gobierno siempre se opuso a las prospecciones, porque a su juicio el verdadero «petróleo» de Canarias es la riqueza natural que permite a las islas vivir del turismo.

Canarias insiste es «legal y profundamente democrática»

El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró que la consulta que promueve el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas «es legal y profundamente democrática», pues se basa en las disposiciones del Estatuto de Autonomía, de la Constitución Española y del Reglamento del Parlamento de Canarias.

Ríos afirmó que las declaraciones del ministro Soria, en las que dice que la consulta es «ilegal», sólo «esconden» el interés del PP en «negar» a los canarios la posibilidad de expresarse sobre el particular. «Con la legislación en la mano, la realidad es que sí se puede pero el PP no quiere», explicó.

Según el comisionado, «parece que el PP teme la voz de los canarios en asuntos que nos afectan directamente», y recordó que los artículos 203 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 32.5 del Estatuto de Autonomía y el 92 de la Constitución prevén la posibilidad de realizar consultas sobre cuestiones de especial trascendencia. «A nadie se le escapa que el tema de las prospecciones lo es, en tanto afecta al modelo de desarrollo del archipiélago», subrayó.

Ríos recordó, además, que la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con competencias estatutarias en las materias afectadas por las prospecciones, como la ordenación y planificación económica (artículo 31.4), el turismo (artículo 31.21) y la protección del medio ambiente (artículo 32.12).

En cuanto a la situación del expediente, el comisionado aseguró que «en contra de lo dicho por el ministro, en Canarias se está ya en la segunda fase, las de prospecciones, habiéndose realizado hace 10 años la de investigación, en virtud de la cual Repsol cree que se podrá sacar miles de barriles de crudo diarios».

En su opinión, «el Ministerio, incumpliendo su propia ley de transparencia, oculta toda información sobre la tramitación de la Declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y ni siquiera ha respondido a cuántas alegaciones se han realizado o qué Administraciones de las consultadas han acudido a ese trámite».

En este sentido, comentó que Soria «no tiene credibilidad para hablar del impacto ambiental cuando hace meses dijo que las prospecciones se harían con independencia de ese trámite».

El comisionado también criticó el distinto rasero que está utilizando el Estado y el PP con las prospecciones en Baleares. Prueba de ello, dijo, «es que el Ministerio acaba de prorrogar el plazo de información pública de las prospecciones para realizar alegaciones en Ibiza, cuando se lo negó a Canarias siendo el mismo plazo inicial (45 días) pero con el agravante de que en el archipiélago fue en pleno agosto».

Peticiones para que se haga la consulta «con o sin aval del Gobierno»

Asimismo, la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas anunció que pedirá al presidente del Gobierno de Canarias que haga la consulta anunciada para conocer la opinión de los isleños sobre las prospecciones «con o sin el aval del Ejecutivo central»

La organización valoró como positivo el hecho de que dicha consulta sea asumida por el Gobierno regional, por lo que pedirán una reunión con el propio Rivero para tratar este tema. Así, la Coordinadora explicó que en la misma solicitarán que no utilice este tema como herramienta electoral ni en la negociación del REF.

Por otra parte, consideró un agravio comparativo que el partido Popular se oponga a las prospecciones en Baleares, pero las acepte en Canarias con argumentos contradictorios.

El alcalde de Las Palmas tacha de «trampa» la consulta

Finalmente, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el popular Juan José Cardona, tachó de «trampa» la consulta que el Gobierno de Canarias pretende realizar para conocer la opinión de los isleños sobre las prospecciones petrolíferas, ya que, dijo, el Ejecutivo regional sabe que la misma es «ilegal».

«Es una consulta trampa. Es un planteamiento que realiza el Gobierno de Canarias a sabiendas de que va a crear división y de que es ilegal. Y lo hace para provocar en las filas del PP o del Gobierno una respuesta negativa y, en consecuencia, decirle a los ciudadanos: ‘¿ustedes ven cómo el Ejecutivo central no quiere que consultemos esta situación a los canarios?'», dijo.

El primer edil capitalino tildó esta situación de «demagogia» y comentó que, al final, «eso es engañar a los ciudadanos». Para Cardona, la conducta del Gobierno canario terminará pasándole factura, entiendo que está jugando con la inteligencia de los isleños. «Este tipo de planteamientos debemos hacerlos con mucho rigor y responsabilidad, y el Ejecutivo regional no lo está haciendo», concluyó.