Bruselas controlará que el impacto ambiental de las prospecciones en Baleares «cumpla» la normativa

Company aseguró que el comisario se mostró «muy receptivo» a las propuestas que le plantearon junto con los presidentes del Consell Insular de Ibiza y Formentera, Vicent Serra y Jaume Ferrer, respectivamente, tras el encuentro, que se prolongó durante cerca de hora y media.

Aunque Potocnik les dejó claro que las prospecciones petrolíferas son competencias de los Estados miembros, aunque sí se comprometió a «estar vigilante» y «solicitar que se cumpla estrictamente y de forma rigurosa la normativa europea en cuestiones medioambientales».

El Gobierno balear también le reclamó que en un caso «muy particular» que afecta a un mar «cerrado» como el Mediterráneo «sería conveniente» que la Unión Europea asuma las competencias de evaluación medioambiental «en proyectos que son pluriregionales» dado que si «cualquier país» de la Unión Europea o del Norte de África decidiera hacer este tipo de prospecciones «el efecto seguramente tendría rebote en todo el Mar Mediterráneo» y pueden «afectar de forma casi igual a todo el mediterráneo», una propuesta que vio «con mucha simpatía» pero con «recorrido a medio y largo plazo».

Company rechazó que el Gobierno de Mariano Rajoy «no sea receptivo» a las reivindicaciones del Gobierno balear e insistió en que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, «es receptivo y está preocupado».

«Se comprometió a que las evaluaciones de impacto medioambiental sean muy rigurosas y que científicamente y técnicamente se compruebe todos los efectos posibles negativos que haya» aunque desde el Gobierno «no van a incumplir» la normativa ni la legalidad, explicó el consejero.

Company reconoció entender al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que «defiende unas posturas más alineadas en la explotación de recursos» y quien le justificó en una carta que «incumplir» el real decreto ley tras autorizar el anterior Gobierno en 2010 las «malditas» prospecciones «podría suponer prevaricación y si no supondría indemnizaciones multimillonarias» a las empresas.

«Cuando un político se encuentra con un Real Decreto ley publicado pues muchas veces no le queda más remedio» que cumplir, admitió. «Pero tiene que entender en este caso el ministro de Industria, que también lo es de Turismo, con lo cual me imagino que ahí los sectores chocan, que el peor negocio que podría hacer sería tirar para adelante con prospecciones petrolíferas», recalcó.

Por su parte, Serra también destacó la «receptividad» del comisario a sus reivindicaciones y su compromiso «personal» de controlar la tramitación administrativa de «todas las alegaciones» que presentaron contra los proyectos de prospección petrolífera.

Así, avanzó que desde el Consell Insular de Ibiza conjuntamente con la organización ecologista Alianza Mar Blava, el Consell Insular de Formentera «e incluso con el Gobierno balear» plantearon remitir una «queja» al Ejecutivo comunitario «por trasgresión» de la directiva europea «que exige la evaluación de impacto global y no fragmentada» y «no únicamente como está haciendo el Gobierno español» de «uno solo de los proyectos».

Serra defendió que «la suma de los tres proyectos» de prospecciones podrían tener «consecuencias muy importantes» para Baleares y todo el Mediterráneo y exigió «el cumplimiento de la normativa europea que pide la evaluación no solamente de todo el proyecto sino de todos los proyectos que concurren en la misma zona» y «no fragmentada para que el impacto ambiental parezca menor». Además, es «lo que nos va a dar una verdadera dimensión de lo que puede llegar a ser esta barbaridad», insistió.

«Seguimos en la línea de reforzar los argumentos medioambientales que son los únicos que según, nos dijo el Ministerio, pueden parar esta barbaridad», defendió.

Preguntados por la posibilidad de pedir autorización al Estado para convocar un referéndum como pretende el Gobierno canario sobre las prospecciones autorizadas en torno a aguas de Lanzarote y Fuerteventura, Company dejó claro que el Gobierno balear no se plantea «ninguna consulta pública», algo que ha calificado de «brindis al sol y ganas de marear la perdiz, políticamente hablando».

«Y nosotros ganas de marear perdiz no tenemos ninguna. Tenemos el objetivo muy claro, tonterías las justas. Yo entiendo que el Gobierno canario está preocupado. El Gobierno canario inició caminos jurídicos desde hace años, ha ido perdiendo las causas», admitió con todo.

El consejero de Medio Ambiente no quiso avanzar si creen que tras los últimos contactos con el Gobierno central y la Comisión Europea podrían paralizar las prospecciones finalmente ni otras posibles vías alternativas para paralizarlas. Company dejó claro no obstante que ahora «se está mirando todo con muchísima más lupa» gracias a los esfuerzos conjuntos y que en 2010 cuando se autorizaron «no se montó el revuelo de ahora».

«En estos momentos Madrid tiene clarísima la postura de las islas Baleares y de todos los Consejos Insulares y del Parlamento balear que por unanimidad, en dos ocasiones, tiró para adelante con dos proposiciones no de ley diciendo claramente Baleares no quiere estas prospecciones petrolíferas y Madrid tiene conciencia», insistió.

Company dejó claro que Baleares tiene su negocio «que es el turístico». «Y ese que nos quiere imponer (el Gobierno) es contrario al nuestro», motivo por el cual seguirán defendiéndose «como gato panza arriba». En el caso de buscar vías alternativas, Company dejó claro que de momento lo que está «sobre la mesa» es «ralentizar todo lo posible este proceso y exigir las máximas garantías a nivel medioambiental».

En la reunión con el comisario, también participaron la consellera de Ibiza de Movilidad, Interior y Medio Ambiente, Josefa Costa, el conseller de Formentera de Presidencia, Hacienda y Territorio, Bartomeu Escandell, el presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, José Carlos Caballero, el biólogo del Consell de Ibiza, Jaume Estarellas y los representantes de las organizaciones ecologistas Alianza Mar Blava y Oceana, Carlos Bravo, y Nicolás Fournier, respectivamente, además de la eurodiputada popular, Rosa Estaràs.

El Parlament aprueba una declaración institucional en contra

Además, este martes el Parlamento balear aprobó una declaración institucional en contra de los sondeos sísmicos en las Islas Baleares, y que insta al Govern balear a que exija al Ministerio de Industria su «inmediata paralización», de acuerdo con los informes emitidos por la Comisión balear de Medio Ambiente.

La declaración institucional, que fue aprobada por unanimidad, pone de manifiesto que la finalidad de los sondeos «es contraria a la estructura productiva de las Islas» y que «no suponen ningún tipo de beneficio económico y social para sus habitantes».

«Las Islas Baleares se ven asediadas por una serie de prospecciones buscando combustible fósil en el mar Mediterráneo con artefactos de alta potencia», se añadió al respecto.

Además, en la declaración se señaló que los sondeos «por ellos mismos» representan una «alteración geológica de consecuencias imprevisibles, desde terremotos a contaminación irreversible de acuíferos o afectación de las especies marinas vulnerables, que incidirán sobre la situación ambiental, económica y social de nuestras islas, alcanzando una superficie de Mediterráneo de más de 30.000 kilómetros cuadrados».

Asimismo, la finalidad de los sondeos, que es la de «explotar industrialmente recursos subterráneos de gas y petróleo, es contraria a la estructura productiva de las islas, con ningún tipo de beneficio para sus habitantes y con el riesgo cierto de pérdida de los valores ambientales, sociales y económicos logrados, como señala la Comisión Balear de Medio Ambiente», se apuntó en el texto consensuado por todos los grupos parlamentarios.

La oposición censura la posición del Gobierno balear

Por su parte, los grupos de la oposición en el Parlament, PSIB y MÉS, así como la diputada no adscrita Margalida Font, censuraron la posición del Gobierno balear respecto a las posibles prospecciones petrolíferas en las costas de Baleares a pesar de que se aprobó una declaración institucional en contra de los sondeos sísmicos en la que se pidió su «inmediata paralización».

Así, todos los grupos cuestionaron las actuaciones del Ejecutivo autonómico respecto a este tema ya que, según dijo el diputado econacionalista (MÉS) David Abril, «no vale decir que se está haciendo todo lo posible» cuando, por otra parte, el presidente del Gobierno autonómico, José Ramón Bauzá, reconoce ante Madrid que «ya se sabe que no se puede hacer nada».

Por su parte, Font reprochó que la actuación del Govern es «débil y poco contundente», motivo por el cual exigió que se tomen «medidas» porque, aunque «intenten confundir a la ciudadanía», Madrid «sí puede parar» estas prospecciones, que tendrían un «impacto negativo en la flora y fauna marina».

En un sentido similar, se manifestó la socialista (PSIB) Pilar Costa, quien, además, propuso al ejecutivo regional estudiar los «recursos judiciales pertinentes», así como solicitar una «reunión urgente» con el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, para mostrar una posición en contra «de manera conjunta».

En contra, se manifestaron todos los miembros del Govern que intervinieron en las tres preguntas, que durante la sesión plenaria trataron este asunto. Así, el consejero de Turismo y Deportes, Jaime Martínez, declaró que «el Gobierno (autonómico) llegará hasta donde haga falta para que no se realicen las prospecciones».

De manera parecida se manifestó el consejero de Economía y Competitividad, Joaquín García, que explicó que el problema surgió cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto en 2010, que permitía estas actuaciones.

Tras esto, García pidió a los socialistas que se pongan de su lado para poder detener las prospecciones y, por otra parte, aseguró que «no hay ninguna postura contradictoria en el Govern: no las queremos».

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Antonio Gómez, lamentó el «cinismo y la demagogia» de los socialistas y expresó que el Ejecutivo autonómico «está haciendo todo lo que está en su mano», pero que «no es lo mismo trabajar para impedir unos sondeos», que «trabajar para que no se ejecuten unos sondeos autorizados por ustedes», recalcó.

Sopesar si los beneficios son mayores que el perjuicio

Finalmente, el secretario regional del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideró que el Gobierno debería «sopesar» si los beneficios son mayores que los perjuicios en relación a las prospecciones petrolíferas que se están realizando en Baleares.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa como alcalde de Toledo, García-Page señaló que el Gobierno «lo está planteando muy mal» y está poniendo en riesgo «de manera evidente» no sólo un paisaje «sino la principal industria que hay en las islas».

«Este tipo de cosas conviene hacerlas con alto grado de consenso, creo que lo están conduciendo mal», indicó el socialista, que defendió la opción de investigar «si tenemos materia prima» pero siempre «con consenso» y sopesando si los beneficios son mayores que los perjuicios.

Convocan una cadena humana y naval para el 12 de abril

Finalmente, la Plataforma de vecinos y comerciantes de la Playa de Palma y Llucmajor, junto a la delegación en Baleares de la Real Liga Naval Española, convocaron para el próximo 12 de abril una cadena humana y naval para manifestar su rechazo a las pruebas acústicas y prospecciones petrolíferas que se podrían producir en las costas de Baleares.

Ambos explicaron que Baleares «no es una colonia de una empresa petrolera y menos de Europa» y señalaron que el «daño que puede producirse», «no sólo con las pruebas, si no con las posibles extracciones, es máximo», ya que «el Mediterráneo es un ecosistema cerrado y cualquier problema puede afectar a toda la cuenca» y, por consiguiente, «a todos los países del Mediterráneo».

Según informaron, el acto comenzará a las 11.00 horas y a las 11.30 horas, se realizará, durante un minuto, un alzamiento de cartulinas negras en todos los balnearios de la Playa de Palma, tanto en tierra como en mar, para escenificar una marea negra.

Así, explicaron que están invitadas todas las asociaciones que quieran participar en «el acto de repulsa» y a cualquier ciudadano para demostrar que Baleares quiere proteger su entorno, el ecosistema marino y la actividad económica, el turismo.