Sáenz de Santamaría recuerda a Canarias que las CC.AA. sólo pueden celebrar referendos sobre temas que sean de su competencia

La también portavoz del Gobierno respondió así al anuncio que hizo este lunes el presidente del Ejecutivo de Canarias, Paulino Rivero, quien dijo que solicitará autorización al Estado para consultar a los ciudadanos en un referéndum si están de acuerdo con ese proyecto de la multinacional Repsol.

«Hay un procedimiento, que es el que tiene que cumplirse, con los trámites oportunos, especialmente con las declaraciones de impacto ambiental, que corresponden al Ministerio de Agricultura», dijo la vicepresidenta en una entrevista en RNE, al referirse a la autorización de las prospecciones.

Por lo tanto, «lo que habrá que analizar es a quién corresponde otorgar esos permisos, y aquí es aplicar directamente lo que son las normas de nuestra Constitución», indicó. En este sentido, Sáenz de Santamaría afirmó que las consultas ciudadanas «tienen que ser siempre sobre competencias de la Comunidad Autónoma» y que si atañen a «asuntos que no son de competencia autonómica, corresponden a otras instituciones».

Cuando se le preguntó si entonces los canarios no tienen derecho a decidir sobre las prospecciones, contestó: «Eso es lo que analizaremos».

Hernández Bento ve en la consulta como un «intento de buscar el enfrentamiento»

Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, vio en la propuesta del Ejecutivo autonómico de llevar a cabo una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas un «intento más de buscar el enfrentamiento», que relacionó con una estrategia política.

Hernández Bento manifestó que cree que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, «es consciente de que el referéndum no forma parte de su competencia tanto por el ámbito como por la materia».

Asimismo, mostró su sorpresa por esta acción del Gobierno canario, ya que «llevaban un tiempo apelando al diálogo, al consenso», y aseguró que creía que se había producido «un cambio de actitud». Sin embargo, dijo que «lo cierto es que ahora se dice una cosa y se hace justamente la contraria», y puntualizó que «no se puede frivolizar con los mecanismos democráticos».

«El referéndum está enmarcado en nuestra Constitución. Creo que no es bueno utilizarlo como arma arrojadiza. Quiero pensar que forma parte de esa estrategia política. Bastante hemos sufrido con la situación que ahora mismo está trazando Cataluña como para que pretenda nuestro presidente emular esas situaciones. Me parece que no tienen ningún sentido», apostilló.

Por último, añadió que Rivero dijo cosas como que «las prospecciones se van a hacer» y aseguró que se trata de prospecciones exploratorias para conocer «qué hay». «Ni siquiera se está hablando de que se va a extraer petróleo», añadió, al tiempo que precisó que se realizarán a 60 kilómetros y no a 9 kilometros frente a las costas «como se ha dicho». Finalmente, defendió que el Gobierno «está ajustado a la legalidad».

Izquierda Plural apoya el referéndum

Por el contrario, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, manifestó que su grupo parlamentario apoya la intención del Gobierno de Canarias de celebrar un referéndum el archipiélago quiere preguntar a los canarios si están de acuerdo o no en autorizar las prospecciones petrolíferas que la empresa Repsol pretende poner en marcha en las islas.

Centella consideró que este tipo de prácticas suponen una «agresión medioambiental y económica», y van a hacer prevalecer el interés del negocio de una empresa por encima del bien común de la comunidad canaria.

Así, reiteró que quiere darle a la ciudadanía «el derecho a decidir» y avanzó que la Izquierda Plural trabaja en una iniciativa en el Congreso para dar respaldo a esta iniciativa del Ejecutivo regional y de oposición radical a este tipo de prospecciones.

Fuerteventura y Lanzarote apuestan por la consulta

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y su homólogo de Lanzarote, Pedro San Ginés, apostaron por la consulta promovida por el Gobierno de Canarias y destacaron la conveniencia de conocer la opinión de los isleños sobre las prospecciones petrolíferas.

«Consulta sí porque es bueno escuchar lo que dice la sociedad canaria y, sobre todo sí porque el PP se ha encasillado en decir que esto es un capricho de Fuerteventura y Lanzarote y que es una estrategia de Rivero para recaudar apoyos en las islas. Lo que queremos es demostrar que es la sociedad canaria la que ha dicho que las prospecciones son contrarias a nuestro modelo de desarrollo», dijo Cabrera.

El presidente majorero entendió que el PP tiene una «magnífica opinión» de conocer cuál es la opinión de los ciudadanos del archipiélago y cuestionado sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional no permita la consulta, aseguró que entonces todo apuntaría a que el PP «ha estado atrincherado en la mentira y haciendo pura demagogia».

Mientras, el presidente del Cabildo de Lanzarote insistió en que hay que hacer la consulta porque una vez que la totalidad de las administraciones locales de las dos islas más orientales, además del Gobierno canario se han pronunciado en contra, es muy conveniente conocer qué opinan los ciudadanos de Canarias. «Es una consulta que prevé la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que se ajusta perfectamente al marco legal», comentó.

Gran Canaria: «La consulta es de cara a la galería»

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, afirmó que la consulta propuesta por el Gobierno de Canarias es más de cara a la galería que una realidad de fondo.

«Se sabe de antemano que es una consulta que no va a ser autorizada porque, constitucionalmente, no puede serlo, ya que no se trata de una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma», manifestó el dirigente.

Asimismo, opinó que se trata más de un ejercicio «de cara a la galería» que una realidad de fondo, entendiendo que el Gobierno canario sabe que es una consulta que no es vinculante. «Es una propuesta que se sabe que va a ser rechazada pero da la sensación de una oferta de democracia más abierta y más participativa», concluyó.

Por su parte, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, calificó de «profundo error» la propuesta del Gobierno regional de convocar una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas y matizó que el Gobierno canario «sabe que es una consulta absolutamente ilegal desde el punto de vista competencial», ya que subrayó que es una cuestión «absolutamente clara y evidente» que la Comunidad Autónoma «no puede proponer una consulta de esta naturaleza con temas que no son competencia» de la misma.

Además, consideró que este tipo de iniciativas ahondan en lo que ha calificado como una «línea tremendamente peligrosa, que es propiciar la división entre los canarios», remitiéndose al mensaje lanzado por el presidente canario hace unos meses en el que planteaba «una cierta desafección de los canarios hacia España o hacia las instituciones».

De todos modos, cuestionó qué haría Rivero de llevarse a cabo la consulta popular sobre las prospecciones y que el resultado fuera contrario a sus pretensiones. «En última instancia, si la consulta se pudiera realizar y resultara contraria a sus pretensiones, qué tendría que hacer, a lo mejor resulta que no tendría más remedio que presentar la dimisión. Me parece que es utilizar con absoluta demagogia una cuestión que debería resolverse de otra forma», concluyó.

Tenerife reclama mayor diálogo sobre prospecciones

Finalmente, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, apostó por un mayor diálogo sobre las prospecciones petrolíferas tras el anuncio del Gobierno de Canarias de solicitar al Estado una consulta para conocer la opinión de los isleños sobre el asunto.

«La opinión del Cabildo sobre las prospecciones es desfavorable a realizarlas. Lo que pido en este asunto es mayor diálogo, y ese diálogo se tiene que producir sobre todo entre las administraciones», manifestó Alonso.

Respecto a la consulta, recordó que la iniciativa tiene que pasar ahora al Parlamento de Canarias y comentó que debe ser el Estado el que se tenga que pronunciar al respecto.

«Me gustaría que este asunto no llegara a ese nivel (el de llevar a cabo la consulta) porque se produzca un diálogo franco entre las distintas posiciones», concluyó.