Cataluña presentará ante el Estado un requerimiento de incompetencia por la ley que regula la retribución de la distribución de energía eléctrica

De este modo, argumentó que esta ley establece las fórmulas de cálculo de la retribución de la distribución con carácter unitario para todo el Estado y además impone una regulación uniforme y completa de la extensión y de los procesos de operación de las redes de distribución.

El Gobierno catalán añadió que impide que la Generalitat pueda establecer requerimientos complementarios de calidad del suministro y que el supuesto coste de estos requerimientos corran a cargo del sistema eléctrico, y consideró que el desarrollo de la red de distribución no fue homogéneo en toda España y, por lo tanto, no se puede establecer un criterio único para regular la extensión de estas redes ni la construcción de nuevas, ya que no garantizaría un trato igualitario en todas las comunidades.

Tres nuevos tributos medioambientales para recaudar 50 millones

Asimismo, aprobó el proyecto de ley para crear tres nuevos impuestos ambientales que, según sus cálculos, permitirán a la Generalitat recaudar 50 millones de euros anuales al tiempo que se cumplen las recomendaciones de la Unión Europea sobre fiscalidad ambiental.

Concretamente, el Ejecutivo regional gravará las emisiones contaminantes que produce la aviación comercial en las fases de despegue y aterrizaje, el posible daño medioambiental derivado de la producción termonuclear de energía eléctrica y la emisión de determinados contaminantes generados en varias instalaciones industriales y de combustión.

En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, Francesc Homs, defendió que el objetivo de los tres gravámenes es más seguir los consejos de la Unión Europea que no un afán recaudatorio: «Estamos en la buena línea de las buenas prácticas europeas en relación a políticas medioambientales».