El Tribunal Supremo desestima el recurso del Estado contra el reintegro del bono social a las eléctricas

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre del año pasado, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social, a lo que el Abogado del Estado presentó el recurso ahora rechazado, según consta en la resolución emitida el pasado 21 de enero.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación.

En un borrador de orden ministerial remitido el pasado 6 de febrero a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Industria define el nuevo mecanismo de financiación a partir de 2014, en que el 99% del coste recaerá sobre las grandes eléctricas.

No obstante, para evitar el efecto discriminatorio de la medida, se hace partícipe de la financiación al conjunto de empresas con actividades simultáneas de producción, distribución y comercialización, que son 27. En la orden ministerial, Industria estimó que el coste del bono social de 2013 puede ascender a 228,4 millones de euros.

Pese a la entrada de nuevos participantes, los principales porcentajes corresponden a las grandes eléctricas, a razón de un 41,61% para Endesa, un 38,47% para Iberdrola, un 14,18% para Gas Natural Fenosa, un 2,36% para E.ON y un 2,64% para EDP España.

En el auto del Supremo referido al anterior mecanismo de financiación se estimaron las pretensiones de Endesa y EDP España de aplicación a estas sociedades de la sentencia favorable a Iberdrola y se instó a la Administración a ejecutar la sentencia de 2012 y a que «reintegre a las partes afectadas que las hayan reclamado las cantidades que abonaron en su momento como financiación del bono social, con los intereses que correspondan».