El Gobierno de Cantabria anula el permiso de fracking Arquetu

Se trata del primer paso del Ejecutivo del PP tras la suspensión de la Ley que prohibía el fracking en Cantabria como consecuencia automática del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central.

El permiso se anula y se declara «ilegal» tomando como base la Ley del Suelo de Cantabria, que prohíbe las actividades extractivas en suelos rústicos de especial protección y las limita a aquellos que previamente estén declarados como rústicos de especial protección minera, requisito que no cumplen los terrenos afectados por el permiso Arquetu.

Así lo han asegurado este jueves en rueda de prensa el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quienes han explicado que con este paso, el Gobierno quiere «despejar las dudas» y «dejar claro el régimen jurídico» que operará en Cantabria durante la suspensión de la ley que prohíbe el fracking, suspensión que esperan sea «transitoria» y acabe levantándose.

El permiso de investigación de hidrocarburos Arquetu, concedido por un periodo de seis años a Trofagás, filial de BNK Petroleum Inc., afecta a un área de cerca de 25.000 hectáreas perteneciente a nueve municipios de los valles de Saja y Nansa: San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos, «el corazón de Cantabria», en palabras de Diego.

Tras el cambio de Gobierno, el permiso Arquetu quedó suspendido cautelarmente al no resolver la administración regional en el plazo que establece la ley los recursos ordinarios presentados en el verano de 2011 por la Mancomunidad de Municipios Saja-Nansa, Red Cambera, la Asociación Mortera Verde, Concejo Tres Mares y de forma conjunta Ecologistas en Acción y el 15M de Santander y de Cabezón de la Sal.

Tras la suspensión de la ley de Cantabria que prohibía el fracking, el Gobierno de Cantabria ha retomado y resuelto esos cinco recursos de 2011 que pedían la anulación del permiso Arquetu. Dos de ellos se han inadmitido por defectos formales (los de Concejo Tres Mares y EA-15M) y los otros tres se han resuelto favorablemente, dando lugar a la anulación del permiso, que tiene «efectos inmediatos».

Según ha explicado Diego, los informes jurídicos que sostienen la estimación de estos recursos señalan que los terrenos afectados por el permiso Arquetu no pueden destinarse al uso minero extractivo, y que las medidas ambientales recogidas en el proyecto son «insuficientes y excesivamente genéricas».

El ‘Arquetu’ era el único permiso de fracking en la región aprobado por el Gobierno de Cantabria. Los otros cinco (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) afectan también a otras provincias vecinas y fueron autorizados por el Ministerio de Industria durante el Gobierno del PSOE.

El Gobierno de Cantabria no tiene pues competencia para anularlos pero sí espera, en los cinco casos, impedir la práctica efectiva del fracking en Cantabria «cuando llegue el momento», es decir, cuando las empresas adjudicatarias soliciten las autorizaciones para actividades concretas de uso del suelo, permisos que se denegarán si éste no cuenta con la compatibilidad urbanística, el mismo argumento jurídico en el que se basa la anulación del permiso regional Arquetu.

Tanto Diego como Fernández han destacado que existe una «amplia» jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que avala este posicionamiento, por lo que confían en que el TSJC refrende la resolución del Gobierno en el supuesto de que la empresa adjudicataria recurra la anulación del permiso Arquetu. Doctrina que, según el consejero, el Gobierno de Cantabria ha venido aplicando con carácter general salvo en el caso del permiso Arquetu.

«Seguimos sosteniendo que el Gobierno va a utilizar todos los argumentos jurídicos que nos proporcionan las leyes para oponernos a la práctica del fracking en Cantabria», ha subrayado el presidente de Cantabria y líder del PP regional, quien ha destacado que el Partido Popular de Cantabria «defiende los intereses de los cántabros por encima de la opinión del partido a nivel nacional», que es favorable al fracking.

Diego ha reiterado que el PP es el «único partido regionalista en Cantabria» porque cuando gobierna, lo hace «atendiendo exclusivamente los intereses de los cántabros», cosa que no hicieron el PSOE y el PRC, que cuando gobernaron «hicieron lo que les dijeron en Madrid».

El presidente regional también ha censurado el apoyo al fracking de CCOO y UGT, a los que ha llamado «los hermanos menores de PSOE y PRC», y ha criticado que «los sindicatos de la izquierda cántabra también hagan lo que les sugieren en Madrid».

«Si volvieran a gobernar socialistas y regionalistas, que nadie dude de que volverían a dar permisos de fracking apoyándose en la propuesta de sus hermanos menores los sindicatos de la izquierda cántabra», ha finalizado.

CCOO y UGT muestran su «total rechazo» al fracking en Cantabria

CCOO y UGT de Cantabria han manifestado este jueves su «total rechazo» a la técnica de la fractura hidráulica, después de que sus respectivas federaciones de industria química hayan refrendado la resolución firmada por las federaciones estatales con la patronal del sector químico Feique, en la que apoyan la «exploración» de recursos de gas natural no convencional sin descartar a priori el uso del fracking.

Ante este hecho, los sindicatos se han apresurado a recordar su posición contraria al fracking como unión regional, al margen de la postura de sus federaciones de industria química, que son «independientes», tal y como han señalado fuentes sindicales, que puntualizan que las citadas federaciones están «en contra de la técnica pero a favor de la investigación», mientras que los sindicatos rechazan tanto la investigación como la explotación del fracking en Cantabria.

Así, la Ejecutiva regional de UGT en Cantabria ha emitido un comunicado en el que rechaza las perforaciones que utilizan la técnica de fractura hidráulica y reitera la necesidad de que las investigaciones que se realicen sobre los efectos del fracking en el medio ambiente y la salud pública «sean tuteladas y financiadas por las administraciones públicas para que técnicos independientes de los intereses de las empresas del sector avalen la objetividad y veracidad de sus resultados».

La Ejecutiva regional de UGT subraya que está «claramente en contra» de las explotaciones que apliquen esta técnica, aunque «apoyamos investigaciones neutrales y fiables que se hagan sobre sus efectos». En este sentido, destaca que «mientras no se demuestre científicamente lo contrario, rechazamos el fracking y seguiremos respaldando las movilizaciones de protesta que se convoquen en la región».

Para UGT de Cantabria, «es tan imprescindible que se lleven a cabo estudios para que se disponga de un mejor conocimiento y control de los riesgos asociados a la técnica del fracking para la extracción de gas no convencional, como que estos estudios sean dirigidos desde universidades públicas y con expertos designados por ellas», agrega el sindicato.

UGT matiza que «en todo lo relacionado con la fractura hidráulica debe de primar el principio esencial de precaución y cautela para evitar cualquier riesgo y una transparencia absoluta en las investigaciones que se hagan al respecto, que deben incluir forzosamente desde estudios geológicos de las zonas de perforación para prevenir daños en los acuíferos, una declaración pública de las sustancias químicas utilizadas y hasta evaluaciones de impacto ambiental específicas».

La Ejecutiva regional de UGT añade que «somos conscientes de que un modelo energético eficaz y sostenible tiene que conjugar la garantía del suministro y la eficiencia energética pero no a cualquier precio o excluyendo los compromisos de reducción de gases con efecto invernadero y la protección de los recursos naturales, de los ecosistemas y de la salud de los ciudadanos».

También CCOO de Cantabria manifiesta su «total rechazo» a la investigación y a la explotación del sistema de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional «apelando al principio de precaución», y exige una legislación europea que garantice «la máxima seguridad para las personas y para el medio ambiente».

El sindicato recuerda la resolución aprobada en su último Congreso regional en enero de 2013, por 83 votos a favor y uno en contra, contra la extracción de gas no convencional mediante la técnica de la fractura hidráulica en Cantabria.

En esa resolución se afirma que «apelando al principio de precaución y a los perjuicios medioambientales que se pueden producir en nuestra región, como la contaminación de acuíferos, la deforestación, la generación de fallas en el terreno, emisiones de gases contaminantes, etc., por la extracción de gas pizarra, pedimos al Gobierno de Cantabria que apruebe el proyecto de Ley para la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica en Cantabria».

El sindicato añade que desde que el Gobierno de Cantabria aprobó el 15 de abril de 2013 la Ley por la que «se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónomo de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional», CCOO de Cantabria ha respaldado «al cien por cien» esta normativa, ahora suspendida tras el recurso de incostitucionalidad promovido por el Gobierno central.

El sindicato opina que esta ley debería hacerse «extensible a nivel europeo» para que se establezcan unos criterios de evaluación de impacto ambiental específicos para esta materia y que se garantice «la máxima seguridad para las personas y el medio ambiente en todos los territorios».

Por último, CCOO señala que «la prioridad de las medidas y políticas en este ámbito energético debe ser la de avanzar hacia un horizonte de reducción de emisiones y de autoabastecimiento libre de carbono, que sólo pueden garantizar las energías renovables».