El sector fotovoltaico estima pérdidas de hasta 600 millones de euros por el recorte retributivo, según UNEF

La asociación aseguró que, de acuerdo a los primeros análisis, el nuevo modelo retributivo reducirá los ingresos de las plantas una media del 25% y que este recorte «retroactivo» hará que la mayor parte de las empresas del sector tengan que acudir al concurso de acreedores. «Aquellos que no puedan hacer frente a las nuevas condiciones de refinanciación serán abocados al cierre», aseguró.

Tras las inversiones acometidas, el sector debe unos 22.000 millones de euros, de los que 17.000 millones de euros corresponden a la banca española, y a partir de ahora se verá en dificultades para responder al servicio de la deuda, advirtió UNEF.

La «inseguridad jurídica» ante los «constantes» cambios normativos, junto al carácter «retroactivo (se aplica desde julio de 2013 pese a no haberse publicado aún) y revisable cada tres años» de la nueva norma, obligará a los inversores fotovoltaicos a refinanciar sus deudas con los bancos en unas condiciones «muy desventajosas en todos los casos», o incluso a no poder hacerlo, «lo que llevará a gran parte de los proyectos a la quiebra», consideró la asociación.

Además, UNEF denunció que los recortes no son «homogéneos» y «castigan más a las instalaciones más grandes». De hecho, estos recortes oscilan entre el 10% y el 54%, con un sistema que castiga más a las grandes plantas, al tiempo que el texto equipara grandes plantas y agrupaciones fotovoltaicas.

El borrador de la orden ministerial de estándares no tiene en cuenta que muchos pequeños propietarios no tienen vinculación entre sí. Sin embargo, se los considera miembros de una misma agrupación tan sólo por la cercanía de sus plantas y no por su colaboración, con el único objetivo de simplificar su gestión. «Esto supone un perjuicio extraordinario para estos pequeños inversores». advirtió.

Por otro lado, la asociación aseguró que las renovables no encarecen el sistema eléctrico, ya que contribuyen a bajar el precio de la energía, y lamentó que la reforma concentre «todo el esfuerzo de reducción del coste» tanto en las tecnologías «verdes» como en el consumidor final.

UNEF también lamentó que se atribuyan a las renovables un coste de 50.000 millones de euros en primas entre 2005 y 2013, cuando este cálculo corresponde en realidad al conjunto del régimen especial, y recordó los aumentos «muy importantes» en otras partidas del sistema eléctrico, entre ellas la interrumbibilidad, el extracoste extrapeninsular o los pagos por capacidad.

Anpìer: «La orden ministerial nos aboca a realizar esfuerzos extraordinarios»

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) calculó que los recortes al sector fotovoltaico asociados a los 579 nuevos estándares fijados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo alcanzan el 40% para algunas instalaciones.

Para Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, la nueva orden ministerial aboca al sector a «realizar esfuerzos extraordinarios que en muchos casos no van a poder ser asumidos por los pequeños productores que, para evitar la pérdida de plantas y hogares, se sometieron a refinanciaciones que llegan a superar el 7% de interés».

«El colectivo es consciente de la necesidad de ajustes y sacrificios, pero la última línea de soporte se superó con el impuesto del 7% a la producción que, unido a las sucesivas mermas en las retribuciones y a las crecientes cargas financieras, volatilizaron las promesas de rentabilidad ofrecidas por el Estado», añadió.

Por ello, y tras la remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la orden ministerial con los estándares, la asociación convocó a sus 4.700 socios a una asamblea general para el 22 de febrero, cuyo objetivo será analizar las consecuencias del impacto de este último recorte y decidir las acciones a emprender.

El Ministerio de Industria remitió este lunes a la CNMC su propuesta de orden para sustituir el actual sistema de retribución del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos), basado en incentivos a la producción, por la garantía de una rentabilidad razonable durante la vida útil de la planta.

La documentación, de más de 1.500 páginas, fija 1.631 estándares de inversión para las plantas, en función de diversos factores -año de puesta en marcha, tecnología, etc.- sobre los que se aplica la rentabilidad razonable, un mecanismo con el que espera ahorrar 1.750 millones de euros este año.