APPA cree que el «ensañamiento» con las renovables podría superar los 2.000 millones de euros

La asociación consideró además que los primeros análisis sobre el nuevo mecanismo de retribución y de los estándares publicados apuntan a un recorte que podría superar los 2.000 millones de euros para las renovables, por encima de los 1.350 millones inicialmente anunciados para el conjunto del régimen especial, en el que también participa la cogeneración y los residuos.

«La publicación de los estándares retributivos materializa el durísimo recorte que se aplica a las diferentes tecnologías renovables» y se sitúa en línea e incluso por encima del recorte previsto en la orden de peajes, de cerca de 1.750 millones de euros.

Esta menor retribución para las renovables permitirá «cuadrar el déficit de tarifa correspondiente a 2013, 2014 y años sucesivos», a juicio de la asociación.

«El Gobierno, al partir del diagnóstico equivocado de identificar déficit de tarifa con energías renovables, sólo actúa sobre la retribución de éstas y mantiene intactos privilegios de las eléctricas tradicionales, como son los pagos por capacidad y las elevadas retribuciones al transporte y la distribución, algo incomprensible en la actual situación económica», señaló APPA.

El presidente de la asociación, José Miguel Villarig, consideró «discriminatorio que el Gobierno sólo aplique medidas de ajuste al sector de las energías renovables para cuadrar las cifras del sector eléctrico y siga sin acometer la tantas veces anunciada reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y la propia CNE.»

Según aseguró APPA, las renovables «siguen siendo las grandes damnificadas de una reforma, que supondrá la ruina de muchas empresas y particulares». Sobre ellas se aplica una «mal llamada rentabilidad razonable» en base a la capacidad instalada y desde el momento de su puesta en marcha, pero que no se retribuye por la energía que aportan. En cambio, no afecta a tecnologías amortizadas del régimen ordinario.

«Es incomprensible que el Gobierno se ensañe con un sector que aporta la mayor parte de la generación del sistema eléctrico y que es un negocio que en su conjunto es rentable para España», afirmó Villarig.

«La aplicación de esta normativa retroactiva quiebra la seguridad jurídica y al final, sea o no legal, es injusta porque no trata de forma equitativa a todos los actores del sector eléctrico», añadió la asociación.

El Ministerio de Industria remitió este lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta de orden para sustituir el actual sistema de retribución del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos), basado en incentivos a la producción, por la garantía de una rentabilidad razonable durante la vida útil de la planta.

La documentación, de más de 1.500 páginas, fija 1.631 estándares de inversión para las plantas, en función de diversos factores -año de puesta en marcha, tecnología, etc.- sobre los que se aplica la rentabilidad razonable.