El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la ley que prohíbe el fracking en territorio cántabro

El Ejecutivo, que solicitó la suspensión de la ley cántabra, considera que el texto aprobado por el Parlamento regional por unanimidad a propuesta del Gobierno del PP, es «inconstitucional» porque vulnera la Ley del Sector de Hidrocarburos, que prevé que corresponde a la Administración General del Estado otorgar las autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma y en las zonas de subsuelo marino.

El Gobierno entiende que la ley de Cantabria, al prohibir la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del fracking, «vacía de competencias» al Estado en materia de hidrocarburos. En este sentido, señaló que «las competencias autonómicas sobre medio ambiente no pueden extenderse de forma que impidan completamente el ejercicio de las competencias estatales».

Por otro lado, el Ejecutivo puntualizó que la legislación estatal no ignora la protección ambiental en la utilización de esta práctica, ya que, tanto el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto Legislativo de 2008, como la Ley de evaluación ambiental, de 2013, sujetan los proyectos que utilicen esta técnica a la evaluación de impacto ambiental, que «podrá establecer todas las medidas de protección que sean necesarias en cada caso, o bien, si fuese necesario, descartar los proyectos que ofrezcan riesgos para el medio ambiente», según señaló el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Asimismo, el Gobierno argumentó que la normativa estatal es conforme con la normativa de la Unión Europea en la cual no se prohíbe esta técnica de explotación de gas no convencional. Es más, recordó que la Comisión Europea adoptó esta misma semana, el pasado 22 de enero, una recomendación que establece los principios a aplicar por los Estados con objeto de garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el clima en lo que respecta a la técnica de fracturación hidráulica de alto volumen (fracking) utilizada en particular en las operaciones con gas de esquisto o no convencional.

Y añadió que en el caso de España, la normativa vigente ya prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental que den cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.

Regulado ya en Navarra y La Rioja

Además de Cantabria, Navarra, con la reciente aprobación de una ley, pasó a ser la tercera comunidad autónoma que regula la prohibición de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional, al sumarse a La Rioja.

Según las leyes autonómicas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las tres normas coinciden en señalar la prohibición de esta práctica mientras sigan existiendo dudas sobre las consecuencias de esta técnica.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ya advirtió de que los gobiernos autonómicos no pueden hacer una «prohibición absoluta» porque la competencia sobre la determinación de la técnica es del Estado, mediante la Ley de Hidrocarburos.

A su juicio, los gobiernos autonómicos deben regir las cuestiones medioambientales y la ordenación del territorio, pero la técnica es cuestión estatal. Por ello, el Ejecutivo estudia recurrir las normas autonómicas.

El asunto relativo a esta técnica ya se encuentra en debate, o ha pasado por debate parlamentario, en otras regiones como Andalucía, Asturias, Murcia y Aragón.

El Gobierno cántabro cree que «con o sin ley» la práctica del fracking será «casi imposible» en esta región

El consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha asegurado que, «con o sin ley» autonómica, la práctica del fracking será «muy difícil» o «casi imposible» por la «exigente» legislación urbanística y medioambiental que posee la comunidad.

En una rueda de prensa, Fernández ha realizado esta afirmación tras conocer que el Consejo de Ministros ha aprobado la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cantabria que regula la prohibición de fractura hidráulica (fracking) como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

El consejero ha insistido en que el Ejecutivo tiene «argumentos suficientes» para asegurar que el fracking es «inviable» en la región y que comienzan por el hecho de que la fractura hidráulica sólo se puede llevar a cabo en suelos de especial protección minera que en Cantabria sólo suponen el 5% del territorio y, además, ya está ocupado en su totalidad por diferentes actividades.

Por tanto, las empresas que quisieran realizar fractura hidráulica en el suelo de Cantabria tendrían que lograr cambios en la calificación del suelo, una decisión que está en manos de los ayuntamientos a quienes este método de extracción de gas no convencional tiene «radicalmente en frente», al igual que al Ejecutivo y a la sociedad cántabra.

No obstante, el Gobierno regional «ha declarado la guerra al fracking» y, aunque considera que su legislación es lo suficientemente «exigente» como para que ningún proyecto de fracking sea «compatible» con ella, promoverá si es necesario nuevas normas para «endurecer» las legislaciones medioambiental, urbanística y sanitaria de su competencia para dejar «muy claro» a las empresas energéticas que «no queremos fracking en Cantabria».

«El fracking en Cantabria ha nacido prácticamente muerto», ha opinado Fernández, que ha considerado que, si «con el Gobierno y los ayuntamientos en contra es casi imposible» que se pueda utilizar esta técnica en la región, «con la sociedad en contra es absolutamente imposible».

Además, el titular de Medio Ambiente ha afirmado que la oposición al fracking «no es una cuestión de partido sino que es una cuestión de región» y, por ello, las empresas «nunca podrán dar un paso consistente en la realización de fractura hidráulica» aunque lo sigan intentando, unas intenciones contra las que Cantabria, ha dicho, «extremará todos los controles» de protección del suelo, el paisaje y los acuíferos.

Por ello, Fernández ha mandado un «mensaje de tranquilidad» a los ciudadanos cántabros porque, ha dicho, «el fracking, si quieren hacerlo, será cumpliendo a rajatabla todos los requisitos legales y hoy por hoy es imposible cumplirlos».

El Gobierno de Cantabria se encuentra así en una «batalla legal» con el Estado, en la que la comunidad defiende «hasta las últimas consecuencias» la «constitucionalidad» de la ley que prohíbe el fracking y considera que es «compatible» con la Ley de Hidrocarburos mientras que el Ejecutivo central cree que vulnera sus competencias.

La ley autonómica se ha debatido durante meses en el marco de una comisión bilateral entre las dos administraciones, en la que ambas han mantenido «posiciones enfrentadas» debido a sus «diferencias de criterio» respecto al uso de esta técnica de extracción de gas no convencional.

Por ello, el anuncio de la aprobación de la interposición del recurso de inconstitucional «era esperado» por el Ejecutivo regional, ha asegurado Fernández, que ha detallado que el Estado recurre la «totalidad de la ley», sus tres artículos y su disposición adicional.

Una vez que el Gobierno central interponga el recurso, la Ley cántabra se suspenderá de forma automática, aunque el Tribunal Constitucional (TC) tiene un plazo de cinco meses para decidir si es necesario o no suspenderla hasta que dicte sentencia, lo que puede tardar «uno o dos años» como mínimo.

Para tomar la decisión, el TC valorará el posible perjuicio a la comunidad por permitir el fracking durante el tiempo que tarde en dictar sentencia sobre la supuesta inconstitucionalidad y, por otro, el posible daño a la política energética del Estado, ha explicado el consejero.

Cantabria pedirá al Tribunal que no suspenda la ley hasta que se dicte sentencia, algo en lo que el Gobierno regional tiene «esperanzas», al igual que en que «al final» le «dé la razón» y la región pueda seguir contando con la Ley que prohíbe el fracking.

En la comunidad, primera que aprobó una ley de prohibición de esta técnica y a la que siguieron La Rioja y Navarra, hay un total de seis permisos concedidos, cinco del Gobierno del Estado y uno del regional. Éste último, denominado ‘Arquetu’, es objeto de un recurso y, por tanto, está suspendido, ha recordado Fernández.