Bruselas no puede determinar si las prospecciones petroleras en Canarias violan la normativa medioambiental

«Todavía no se ha emitido una declaración de impacto ambiental. No es posible por tanto para la Comisión Europea determinar si se ha producido o no una infracción al derecho de la Unión Europea hasta que el proyecto haya recibido una autorización final por parte de las autoridades competentes», explicó el funcionario de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, en respuesta a las cinco quejas remitidas por ciudadanos canarios por una supuesta infracción de la legislación comunitaria en materia de hábitats, aves, aguas y evaluación de impacto medioambiental, debatidas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El representante comunitario explicó que a Bruselas no le consta que los proyectos de exploración de hidrocarburos «hayan sido autorizados hasta el momento», insistiendo en todo caso en que «la competencia para decidir sobre la exploración y para la autorización de exploraciones de los recursos naturales corresponde exclusivamente a las autoridades de los Estados miembros», aunque deben respetar eso sí la legislación europea y «en particular» la medioambiental.

«En tanto en cuanto estos procedimientos de autorización y de evaluación permanecen en curso, la Comisión solamente se puede limitar a exigir el cumplimiento escrupuloso de las disposiciones del derecho de la Unión Europea aplicables», les explicó Fernández Gómez.

«Por supuesto la Comisión, una vez sea autorizado, seguirá vigilante ante las actuaciones de las autoridades españolas para exigir que el derecho de la Unión Europea sea respetado en todo momento», recalcó no obstante.

El funcionario comunitario recordó la necesidad de «reducir o minimizar» los riesgos que este tipo de actividades entrañan y explicó que solicitaron información a las autoridades españolas sobre «las medidas que tenían previsto aplicar para garantizar el cumplimiento de la legislación y la preservación del medioambiente» y que las autoridades españolas les explicaron que «está siendo sometido» a un procedimiento de impacto ambiental, que debe «describir los efectos directos e indirectos» negativos.

La evaluación de impacto, precisó, incluye «un trámite de información pública» para conocer las opiniones de los interesados y estas alegaciones «deberán ser tenidos en cuenta» en todo caso «antes de la autorización del proyecto».

Varios ciudadanos canarios reclamaron el apoyo de la Comisión y de la Eurocámara para paralizar las prospecciones en aguas profundas que rechazan de forma mayoritaria las instituciones y ciudadanos del archipiélago atendiendo al riesgo de vertido asociado, que no sólo pone «en riesgo» el abastecimiento de agua de la isla, la biodiversidad de las islas y además ponen en riesgo el modelo de desarrollo sostenible económico basado el turismo, gracias a su rica biodiversidad de fauna y flora.

El peticionario Pedro Hernández Camacho, recordó además que el proyecto de prospecciones petrolíferas es «un proyecto que ha sido contestado desde el año 2001» por parte de los ciudadanos y fue anulado por el Tribunal Supremo en febrero de 2004 e insistió en que «durante ocho años el proyecto no fue sacado adelante» porque el anterior Gobierno socialista «siempre dijo que respetaba la voluntad ciudadana» y que «si no había consenso ciudadano y político» no saldría adelante.

Por ello, acusó al Gobierno del PP de buscar «dar un golpe de Estado» a las «instituciones democráticas canarias» que rechazan el proyecto, incluso «incumpliendo normas básicas», puesto que «las autorizaciones del Gobierno español al proyecto se están llevando a cabo sin que puedan conocer los detalles los ciudadanos y además sin respetar la normativa europea de impacto ambiental».

«¿Por qué poner en riesgo nuestra forma de vida por una actividad que tiene fecha de caducidad y conlleva riesgos?», se preguntó.

Hernández también lamentó que la Comisión Europea, a la que dijo que llevan «2 años implorando ayuda» no esté atendiendo a sus quejas y «aunque conozca el caso, mire hacia otro lado» y cuestionó la democracia en un país si los ciudadanos no tienen «derecho a opinar antes de que se autorice» la prospección en una zona que cubre unas 600.000 hectáreas.

Domingo Montañez, por su parte, advirtió del «peligro potencial de desabastecimiento» de agua potable en las islas en caso de accidente de las exploraciones petrolíferas y dado que la mayoría de agua de boca en el archipiélago provenga de desaladoras.

María del Carmen Cabrera, otra de las peticionarias, destacó que la única fuente de agua potable de las islas es el mar y advirtió de que, «ante un derrame mínimo, las potabilizadoras quedarían paralizadas». «El binomio agua potable y petróleo es, desde mi punto de vista, imposible», sentenció.

La oposición muestra su «apoyo rotundo» a los peticionarios

El eurodiputado del PSOE, Juan Fernández López Aguilar, mostró su «apoyo rotundo» a los peticionarios en contra del proyecto a la luz de las «objeciones muy fundadas en derecho europeo», el «rechazo claro» de las autoridades canarias al proyecto y la «contradicción de esa autorización con la estrategia de energías renovables» y con «el modelo de turismo sostenible» que es «la columbra vertebral» de la economía canaria, aunque también criticó «la ausencia de concurrencia y por tanto de competencia» a «favor de una empresa», en alusión a Repsol, algo que en su opinión también puede contravenir la normativa europea de competencia.

López Aguilar también invocó las consecuencias «posiblemente irreparables» de un vertido como ocurrió en el Golfo de México con la plataforma de BP, dejó claro que no existen garantías «plenas» de que las prospecciones cumplen la normativa europea, por lo que señaló que lo más adecuado es «mantener viva la petición en esta Eurocámara».

Su compañero de partido, Vicente Garcés, fue más allá y pidió a la Comisión Europea «que siga pidiendo información sobre los estudios de impacto ambiental e insista todo lo necesario» en este caso. «Es necesario que la Comisión no se limite a ir sobre hechos consumados. La Comisión Europea debe ser más beligerante», declaró.

Por su parte, el eurodiputado de ICV, Raul Romeva, respaldó la intervención de López Aguilar y recordó las opiniones «un tanto distintas» de los comisarios de Energía y las autoridades comunitarias de Medio Ambiente y reclamó «no menospreciar» las consecuencias «irreversibles» en caso de vertido en una zona «geológicamente muy inestable en algunos puntos» donde se quieren hacer las prospecciones, algo que es «claramente un problema» y recordó como ejemplo de falta de previsión y buen proceder el proyecto de gas Castor.

El eurodiputado de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, criticó que lo que está en juego es el derecho al acceso al agua por «intereses particulares de una empresa» y dejó claro que la Eurocámara debe defender los derechos fundamentales de las personas y el interés general.

El presidente en funciones de la Comisión de Peticiones, Willy Meyer, anunció que el expediente seguirá abierto tras el apoyo de todos los grupos a mantener abierta la petición, incluido el PP.

Como eurodiputado de Izquierda Unida, manifestó que está «en contra» de este proyecto, al tiempo que cuestionó que la empresa encargada del proyecto realice la declaración de impacto medioambiental y criticó que la Comisión no asuma «el principio de precaución» cuando el proyecto de Repsol «no tendría cabida» porque no cumple la normativa estadounidense, reforzada a raíz del vertido de BP.

No obstante, Meyer dijo que no entiende «la actitud que ha mantenido la Comisión Europea en este caso», dado que «éste no tendría cabida ni siquiera en Estados Unidos, donde aprendieron de los errores del pasado», dijo en referencia al vertido de BP en el golfo de México en 2010. Por eso le pidió una actitud más comprometida con las quejas que ha recibido tanto de los ciudadanos como del propio Gobierno regional canario.

Las prospecciones cumplen los requisitos

El eurodiputado del Partido Popular canario, Gabriel Mato reclamó «respeto» para las decisiones del Gobierno del PP tras defender que «las prospecciones o los permisos han cumplido todos los requisitos» y dejó claro que las prospecciones no incumplen la normativa europea. «No hay ningún tipo de vulneración hasta estos momentos y esta es la realidad», defendió Mato, que se quedó sólo en la defensa del proyecto frente al resto de grupos.

Mato dijo «no poder apoyar las quejas» puesto que «no estoy conforme con que la información pública sobre el proyecto se haya llevado a cabo «con alevosía y nocturnidad», recordó que se presentaron 5.169 alegaciones al proyecto, luego «claramente» la opinión pública se ha podido pronunciar y criticó que todos los argumentos en contra «son para caso de accidente» cuando lo que hay que hacer es minimizarlos «con medidas preventivas».