El próximo 27 de enero acaba el plazo para que el Estado recurra la Ley del Fracking de Cantabria

Ese día se cumplirán nueve meses de la entrada en vigor de la ley, que fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado 25 de abril de 2012. A juicio de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica, «todo hace prever» que el Gobierno central y el regional se levanten de la comisión bilateral constituida sin acuerdo, lo que provocará la suspensión de la ley, durante como «mínimo cinco meses», hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre su constitucionalidad.

El colectivo señaló que «aún cabe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo» y, por ejemplo, prohíban el fracking sólo para la explotación y no para la investigación, lo que iría en la línea de la postura que defiende el Colegio de Geólogos en Cantabria, que pedía que la investigación se deje llevar a cabo.

La asamblea advirtió que esa investigación implica «hacer fracking en los Valles Pasiegos y en Valderredible en los próximos meses y, con ello, fracturar el acuífero del jurásico en el que se encuentran las capas de pizarra ricas en gas y del que bebe más del 60% de la población de Cantabria».

La Asamblea contra el Fracking añadió que los dos sondeos solicitados por Gas Natural Fenosa en Valderredible, en la comarca de Campoo-Los Valles, en el sur de Cantabria, son para extraer gas no convencional mediante fractura hidráulica, a través de los pozos Cadialso-2 y El Coto-2. Según denunció, uno de ellos se sitúa «a menos de 300 metros» de la colegiata de San Martín de Elines.

El colectivo añadió que con la modificación de la Ley de Impacto Ambiental, los plazos para la evaluación de impacto ambiental se reducen de dos años a entre cuatro y seis meses. «Esto nos coloca en una situación preocupante ya que, en el peor de los escenarios», Gas Natural Fenosa podría empezar a hacer fracking en Cantabria en «unos tres o cuatro meses», dado que la presentación del documento ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente tuvo lugar a principios de noviembre de 2013, según aseguró la Asamblea contra la Fractura Hidráulica.

El colectivo señaló al respecto que, «si como todo apunta», el Gobierno central presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe el fracking en Cantabria, «ésta se suspenderá automáticamente antes del 27 de enero y Gas Natural Fenosa tendrá vía libre para horadar nuestros preciados acuíferos».

La Asamblea contra la Fractura Hidraúlica afirmó por último, que según el Gobierno de Cantabria, aún cabría la posibilidad de evitar que se haga fracking gracias a sus competencias sobre el suelo, que solamente podrían hacer fractura hidráulica en suelos de especial protección minera. Sin embargo, «el 99% de las explotaciones mineras en Cantabria están en suelo de especial protección ambiental, agropecuaria o forestal y las que están en suelo de especial protección minera es por previa recalificación de especial protección ecológica a minera», señaló.

El presidente cántabro muestra «tranquilidad»

Asimismo, el presidente cántabro, Ignacio Diego, mostró «tranquilidad» ante la finalización, el próximo lunes, 27 de enero, del plazo para que el Estado pueda presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe el fracking en Cantabria. Y señaló al respecto que «el Estado hará lo que crea que tiene que hacer».

Así respondió a preguntas de los periodistas, a los que indicó que «ya no hay más conversaciones» con el Gobierno central por este tema. Diego detalló que «no sabe» cuándo se han terminado estas conversaciones en el seno de la comisión bilateral creada al efecto, y «ni me preocupa», apostilló.

300 colectivos europeos denuncian que la UE abre la puerta al fracking

Por su parte, trescientos colectivos de toda Europa, entre ellos Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, dirigieron una carta abierta a la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo en la que alertan del error energético, climático y ambiental que, a su juicio, supone apostar por el fracking, una técnica extractiva de gas del interior de las rocas que para estas organizaciones acarrea un importante riesgo de contaminación de acuíferos.

El manifiesto se envió porque este miércoles la Comisión Europea anunciará un paquete de medidas para regular los combustibles no convencionales. Se esperaba una exigente directiva sobre fracking, en consonancia con informes encargados por instituciones comunitarias. Pero, según estos colectivos, la presión de varios países rebajó las medidas hasta convertirlas en no vinculantes.

En este sentido, afirmaron que en otoño de 2012 se detectaron hasta 11 vacíos legales en materia de residuos mineros, de agua y de evaluación ambiental, que deberían ser subsanados. Estos hallazgos, agregaron, están en línea con otro informe anterior del Parlamento Europeo y en octubre pasado aseguran que la Comisión preparaba, en consonancia con estas deficiencias detectadas y con los resultados del análisis de impacto preceptivo a toda nueva legislación, una exigente directiva que convirtiera las nuevas normas en vinculantes.

Sin embargo, según denunciaron estas organizaciones ecologistas, la presión de los Estados miembros más favorables al desarrollo de esta actividad, como el Reino Unido o Polonia, lograron tras una intensa campaña de presión, convencer al presidente de la Comisión, Joao Manuel Durão Barroso, de que poner trabas regulatorias a las empresas espantaría la inversión.

Por ello, las organizaciones denunciaron que la Comisión anunciará unas medidas orientativas que carecerán de toda efectividad al no ser de obligado cumplimiento.

La carta firmada por colectivos de 22 países advirtió de las amenazas de esta actividad y subrayó que imponer esta técnica contra la voluntad de la gran mayoría de la población europea supone una quiebra democrática.

Las protestas se sucedieron en los últimos meses en lugares sobre los que planeaban planes de perforación como Zurawlow (Polonia), Balcombe y Barton Moss (Reino Unido) o Pungesti (Rumanía) con duras represiones policiales.