La siderurgia recurre la orden ministerial de interrumpibilidad y pide su suspensión cautelar

La interrumpibilidad es un servicio en virtud del cual los grandes consumidores de energía (como los altos hornos) permiten que se les corte el suministro eléctrico en caso de necesidad para el sistema (puntas de demanda o emergencias, por ejemplo).

La orden, que fue aprobada en octubre, estable que Red Eléctrica de España (REE) organizará subastas para asignar la capacidad interrumpible, mientras que con el anterior sistema emitía una orden a las empresas para que rebajaran su consumo y éstas percibían una retribución que dependía de la potencia interrumpible ofertada y asignada.

Por eso, la asociación, con el despacho Ramón y Cajal como letrado, aportó al recurso un estudio técnico y económico elaborado por KPMG, y recordó que, desde que el Ministerio de Industria aprobó la orden, ha venido denunciando tanto públicamente como en comunicaciones a la Administración el «perjuicio gravísimo para la competitividad de la siderurgia española» que conlleva, hasta el punto de resultar «determinante para la subsistencia de este sector industrial».

El sector siderúrgico exporta anualmente productos por valor de más de 8.000 millones de euros y mantiene más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que le convierte en «uno de los pilares básicos» de la industria nacional, según recordó.

«Las fábricas españolas del sector, consideradas entre las más competitivas de la Unión Europea, han realizado ya un ajuste máximo de su estructura de costes y de producción a la crítica situación de crisis económica y financiera que sufre el país», afirmó.

«Difícilmente se puede competir en igualdad de condiciones cuando se afronta un coste eléctrico muy superior al de cualquiera de sus competidoras francesas, alemanas y portuguesas», advirtió la patronal, que afirmó que para que el suministro de las plantas pueda ser interrumpido tuvieron que realizar cuantiosas inversiones para adaptar sus procesos productivos.

«Ese fuerte proceso de ajuste ha incluido reducciones salariales, acordadas con los representantes de los trabajadores, cuyos efectos han sido ya sobrepasados por el aumento de la factura eléctrica como consecuencia de los cambios regulatorios», añadió.

Unesid lamentó que el Ministerio haya decidido, «de forma unilateral, modificar radicalmente el servicio de interrumpibilidad, con nuevas condiciones» que, a su juicio, «rayan en la arbitrariedad» y aseguró que el sector no «quiere ni solicita ayudas ni subvenciones», sino costes energéticos que le permitan mantener la competitividad exterior..