La central de Garoña no podrá volver a operar al menos hasta dentro de dos o tres años, según la normativa

De acuerdo con el último borrador del Real Decreto que analizó el pasado mes de julio el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en ningún caso la nueva normativa podrá desembocar en plazos de emisión del informe inferiores a los actuales o en los que se imponga una antelación superior a la ya existente de un mes.

La normativa que prepara el gobierno supone una modificación del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas por el que si el cierre de una central nuclear no se debe a razones de seguridad y protección radiológica podrá solicitar su reapertura en el plazo de un año desde que expiró su licencia de actividad.

Esto significaría, según explicó entonces la consejera del organismo regulador Cristina Narbona que, una vez el Ejecutivo apruebe el Real Decreto, el titular de Garoña deberá solicitar al CSN una renovación de la autorización de la explotación, que daría lugar a un proceso que «tiene una duración estimada en dos o a tres años».

Según el Real Decreto, para que esta posibilidad de reanudación de la actividad se materialice, el titular tendrá que solicitar una renovación de la autorización que, a su vez, requerirá informe del CSN en el que se incluirán los límites y condiciones de esa autorización de explotación. Este dictamen será remitido al Ministerio de Industria, que tomará la decisión final.

De acuerdo con la redacción alternativa del artículo 28.1 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) propuesta por el regulador atómico al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el procedimiento a seguir será el establecido para solicitar una renovación de la autorización de explotación.

Esto significa que se deberá adjuntar la actualización de los correspondientes documentos; la documentación o requisitos adicionales que determinen en cada caso, teniendo en cuenta la situación concreta de la instalación; los avances científicos y tecnológicos; el estado del arte de la normativa aplicable y la experiencia operativa propia y ajena acumulada durante el periodo de explotación de la instalación; así como otros aspectos relevantes para la seguridad. Transcurrido el citado plazo de un año sin que haya tenido lugar la solicitud, la declaración de cese adquirirá el carácter de definitivo.

Además, la consejera emitió en su momento un voto particular en el que insistió en que Garoña tendrá que pedir una renovación de su autorización, lo que pondrá en marcha un proyecto de inversiones que obligan a la central burgalesa a cumplir, de acuerdo con las condiciones que se le impusieron para operar hasta 2019, más las instrucciones dictadas en las pruebas de resistencia a partir del accidente en la central nuclear de Fukushima en 2011, así como las peticiones de la Conferación Hidrográfica del Ebro.

«Esto exige un volumen de inversión muy importante y, en todo caso deberá ser evaluado por el organismo regulador. «Esto supondrá entre dos y tres años, que se suman al periodo que ya lleva parada», comentó en su momento.