Soria descarta un «impacto» en los precios si las eléctricas aceptan el aval propuesto por el Gobierno

José Manuel Soria aseguró en el Congreso de los Diputados que la retirada de los 3.600 millones de euros comprometidos para financiar el déficit de tarifa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado obedece a que hay un “objetivo superior” que es cumplir con el objetivo de déficit público. El ministro señaló que éste es el motivo por el que se propone ahora a las compañías eléctricas que este déficit de tarifa generado pueda emitirse como deuda que cuente con el aval del Estado «justamente para que no tenga repercusión en los precios al consumidor doméstico y en los precios industriales»; en caso de que las empresas acepten finalmente el aval, José Manuel Soria también descartó una subida de la luz: “no tendría por qué tener ningún impacto ni efecto en los precios”, sentenció antes de añadir que en el ejercicio completo de 2013 habrá subido un 0,9% aproximadamente.

Esta semana el propio ministro condicionó la concesión del aval del Estado a que las empresas del sector eléctrico, que soportan en sus balances el déficit de tarifa del sistema eléctrico, se comprometieran a no presentar recursos en los tribunales y retirar algunos pendientes, extremo sobre el que las empresas no se han pronunciado aún. Soria también defendió su labor y señaló que, de no haberse llevado a cabo las medidas para controlar el crecimiento del déficit tarifario, el sistema eléctrico hubiera ido a la quiebra. Además, apuntó que “gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno en el sector eléctrico en los últimos dos años”, el año 2013 en el sistema eléctrico «no solo no arroja déficit sino un pequeño superávit de decenas de miles de euros» entre los ingresos y los costes regulados del sistema.

Antes de que finalice esta semana tendrá lugar el debate del proyecto de Ley del Sector Eléctrico en el pleno del Senado. Un texto que se ha visto notablemente modificado por el PP en la Cámara Alta a través de algunas enmiendas tan significativas como las que han provocado las preguntas de los parlamentarios de la oposición al ministro de Industria por la retirada de 3.600 millones del sistema eléctrico: 2.200 millones de un crédito extraordinario que iba a realizar el ministerio de Hacienda a Industria y que finalmente Cristóbal Montoro no ha liberado al imponerse en su pulso sobre José Manuel Soria; 900 millones para cubrir la mitad de los sobrecostes que supone la generación eléctrica en los sistemas insulares (Baleares y Canarias) y extrapeninsulares (Ceuta y Melilla) así como 500 millones relacionados con los impuestos de hidrocarburos que pasan a las comunidades autónomas.

La oposición cree que subirá el precio de la luz

El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, se mostró «radicalmente en contra» de la eliminación de la partida presupuestaria y ha pedido al Gobierno una rectificación en el Senado y devolver al sistema eléctrico los 3.600 millones asignados para evitar que los costes de una medida adoptada «a escondidas, con premeditación y con alevosía, además de obviando el debate parlamentario» repercutan en los consumidores. Sánchez Llibre recordó que los precios de la energía en España son un 30% superiores a la media europea; por ello consideró que una nueva subida de la luz “es inasumible para las familias y para la economía productiva” por lo que pidió la rectificación del Gobierno ya que considera que “aunque se llegue a un acuerdo con las compañías eléctricas, finalmente van a repercutir esos 3.600 millones sobre los consumidores”.

La diputada socialista María Luisa Carcedo preguntó “Quo vadis señor Soria?, o mejor, ¿a dónde le conduce el ministro de Hacienda con sus permanentes desautorizaciones y contradicciones?” en referencia a que Montoro ha impuesto su criterio sobre Soria tal y como demuestra la enmienda introducida en el Senado. Carcedo continuó su intervención criticando la reforma de José Manuel Soria ya que “lleva dos años dando tumbos persiguiendo el equilibrio tarifario” mientras está llevando a España “a una situación de inseguridad jurídica y de incertidumbre para los inversores y la industria nacional” y le conminó a empezar de nuevo negociando más con el sector y dialogando también con los consumidores. Junto a esto, Carcedo recordó que el aumento de las tarifas merma la competitividad de la industria y lleva a las familias a la pobreza energética.