El Gobierno acusa a instalaciones de renovables de «estar dispuestas a producir a cualquier precio»

Así lo puso de manifiesto en una respuesta parlamentaria a la portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en materia de Energía en el Congreso, Laia Ortiz, quien preguntó al Ejecutivo por el «abaratamiento real» del coste de la electricidad conseguido gracias a las renovables desde el año 2005.

Y es que, al tener «prioridad de entrada en el sistema eléctrico», estas plantas de producción eléctrica «desplazan a muchas tecnologías con precios más altos que habrían marcado un coste de casación superior en el mercado», según explicó la diputada catalana, en referencia al sistema de casación español, según el cual el precio marginal a percibir por todas las instalaciones es el de la última instalación que resulta casada.

En este sentido, el Ejecutivo reconoció que este sistema de mercado marginalista «ha supuesto una reducción del precio de los mercados diario e intradiario», aunque señaló que no se puede cuantificar de forma «genérica» ese ahorro ya que «existen múltiples variables que influyen en la determinación en cada hora del precio» de la electricidad.

Además, argumentó que «la reducción del precio del mercado diario e intradiario no implica necesariamente un abaratamiento del coste de la factura eléctrica para el consumidor» porque las primas son un coste que se financia con cargo a los peajes que pagan todos los usuarios y porque «la introducción de energías renovables no gestionables puede provocar un incremento de las necesidades de los servicios gestionados por el operador del sistema y del coste de los servicios de ajuste», que también pagan los consumidores.

Las firmas de renovables que acuden al Ciadi aspiraban a rentabilidades del 20%

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que los servicios jurídicos del Estado respaldaron los recortes a las renovables aprobados como parte de la reforma energética y consideró que los fondos de inversión internacionales que presentaron una denuncia contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aspiraban a rentabilidades del 20%.

«Estas empresas hicieron unas inversiones considerando que iba a haber una rentabilidad razonable superior al 20% durante toda la vida, y eso no ocurre en ningún país del mundo porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría», afirmó el ministro durante unas jornadas organizadas por las Cámaras de Comercio.

Soria respondió de esta forma a la información publicada por «El País«, según la cual los fondos internacionales RREEF y Antin, vinculados a Deutsche Bank y BNP, respectivamente, demandaron a España ante el tribunal dependiente del Banco Mundial por los recortes retributivos a la termosolar.

El ministro aseguró que «los servicios jurídicos del Estado respaldaron lógicamente todas las disposiciones que se han adoptado en materia de reforma eléctrica», encaminadas a «asentar en definitiva una rentabilidad muy razonable para todas las actividades reguladas».

«No hay ninguna disposición, norma o ley en España que diga que la rentabilidad razonable de una actividad regulada tenga que ser del 15%, 20% o 25%», indicó, antes de recordar que el retorno para las energías de régimen especial se fijó en el 7,5% y para el transporte y la distribución en el 6,5%.

Ante la acusación de que con la reforma eléctrica se cambiaron las reglas en las que se produjeron las inversiones, Soria recordó que el Gobierno lo que ha hecho es «sentar una rentabilidad razonable» para todas las actividades reguladas, tanto primas a las renovables como transporte y distribución de electricidad.

Por ello, indicó que el Ejecutivo actuará ante estas denuncias «en base a las argumentaciones jurídicas de que disponemos».