El Senado da el visto bueno a la Ley del Sector Eléctrico y aprobará retirar las aportaciones del Estado previstas para eliminar el déficit tarifario

La Comisión de Industria, Energía y Turismo de la Cámara alta dictaminó el informe de la ponencia del proyecto de Ley, donde incluyó 25 enmiendas del PP -aunque no otras 18 propuestas que el propio grupo retiró-, las cinco que este pactó con el Grupo Parlamentario Vasco y una de CiU.

En cambio, la Comisión rechazó tanto las seis propuestas de veto (uno del PSOE, dos de Entesa Catalana pel Progres y tres del Grupo Mixto) como más de cuatrocientas enmiendas parciales de la oposición, aunque el PP se mostró dispuesto a negociar con CiU alguna nueva incorporación en el texto que saldrá del Pleno del Senado de la semana del 9 de diciembre para su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.

El PP movió varias enmiendas e incluyó un nuevo retoque en la correspondiente al déficit de tarifa de 2013 en la que añadió que el desajuste, de hasta 3.600 millones de euros, generará derechos de cobro consistentes en el derecho a percibir «un importe de la facturación mensual por los ingresos del sistema previstos en las letras a), b), c) y e) del apartado 2 del artículo 13 de esta ley».

En este artículo 13 se recogen las distintas partidas de ingresos para financiar los costes regulados. Allí figuran los peajes eléctricos y otras partidas, así como, en el epígrafe d), que es el que no se cita en la nueva enmienda, las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, consistentes en un crédito de 2.200 millones de euros para cubrir posibles desfases en la retribución renovable y la asunción de la mitad de los sobrecostes extrapeninsulares, unos 900 millones de euros.

El senador del PP, José Ignacio Palacios, defendió que la retirada de esas dos partidas y de «500 millones de la tasa de generación eléctrica y céntimo verde», que no detalló, se deben a que «el primer objetivo (del Gobierno) es cumplir el objetivo de la Comisión Europea sobre el déficit público, salvar las cuentas de este país».

Además, aseguró que esos fondos «se cubren a costa de las grandes empresas energéticas», de las que apuntó, «no están muy contentas con esta decisión» del Gobierno.

En el otro extremo, el senador socialista Jesús Alique denunció que los 3.600 millones de euros «lo vamos a pagar a escote entre todos en el recibo de luz; lo van a pagar los de siempre, los consumidores».

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «se ha impuesto y ha desautorizado» a Soria, señaló el senador socialista, para agregar que esta reforma eléctrica es la «más breve e inútil de la historia» de España.

En este sentido, el senador del PP respondió que «no es un proyecto de ley del Ministerio de Industria o de Hacienda; lo ha presentado el Gobierno y no hay ni vencedores ni vencidos».

Además, Alique criticó que «este proyecto de Ley está hecha a golpe de improvisación», ya que las enmiendas del PP «se cargan una de las tres patas que sujetaban la reforma energética», la del Estado.

«Su único objetivo», según puntualizó, «es que la desviación del déficit público real frente al previsto no sea excesiva para seguir manejando desde el poder el desmantelamiento económico, social y ético que hacen de este país».

Durante la sesión, los socialistas abandonaron la Comisión al constatar que el PP «pretendía reabrir, con su mayoría absoluta, la ponencia cerrada y sacar del texto de la misma enmiendas que ya habían sido incluidas en el trámite de la ponencia celebrado este martes por la mañana».

Alique explicó que en la mañana del martes se convocó la ponencia y se discutió las enmiendas que se iban a incluir. Sin embargo, a última hora, el PP, «con nocturnidad y alevosía», pidió un receso de la Comisión para retomar los trabajos de la ponencia que ya estaba cerrada, una vez debatidos los vetos y el conjunto de las enmiendas.

En este sentido, el diputado socialista acusó al PP de «faltar el respeto al Parlamento», practicar la «piratería parlamentaria» y cometer una «cacicada» en toda regla, además de acusarlos de haber realizado un ejercicio de «despotismo parlamentario» al «confundir su mayoría absoluta con la verdad absoluta».

Además, las enmiendas incluidas en el texto también incorporan numerosas modificaciones de carácter técnico, así como aclaraciones y puntualizaciones sobre competencias autonómicas.

El proyecto de Ley del Sector Eléctrico es la pieza fundamental de la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio con el objetivo de resolver el déficit de tarifa, el desfase que se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes.

La normativa prevé un mecanismo automático para corregir las deficiencias de ingresos que funcionará a partir de 2014, así como aportaciones presupuestarias extraordinarias para lograr el equilibrio este año, que finalmente fueron eliminadas.

La tarifa de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y que cambiará su nombre por precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), se revisa en función de dos factores: los peajes que fija Industria para retribuir las actividades reguladas (transporte, distribución y primas renovables, entre otras) y la evolución del mercado.

El precio del componente de energía se determinará el próximo 19 de diciembre en la subasta Cesur, donde se compra y vende la electricidad para el suministro a tarifa.

Por lo que respecta a los peajes, la reforma establece que a partir del próximo año ya no responderán a decisiones del Gobierno, sino que se determinarán de forma automática para ajustarse a las necesidades de ingresos de las actividades reguladas.