Industria lanza nuevas subastas para recortar los 748 millones anuales de la interrumpibilidad

Las nuevas subastas forman parte de la reforma energética anunciada en julio por el Gobierno y tienen como objetivo reducir el coste de este servicio para la tarifa eléctrica, que Industria cifró en 748 millones de euros sólo para 2013.

Hasta agosto, este servicio ocasionó un coste de 456 millones de euros y se convirtió, al incrementarse en un 41%, en la partida del sistema eléctrico que más subió con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según consta en la última liquidación del sistema publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establecen las condiciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y se afirma que la asignación del servicio se realizará a través de un procedimiento de subastas gestionado por el operador del sistema.

De este modo, se sustituye al anterior sistema de autorización por parte de Industria y firma de un contrato con REE. La rebaja en los pagos a los adjudicatarios y la reducción de su número reducirán el coste de este servicio.

Antes de las subastas, el operador del sistema, Red Eléctrica, remitirá no más tarde del 30 de junio de cada año a la Secretaría de Estado de Energía y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta justificada del requerimiento de potencia interrumpible. En las subastas para este servicio, la CNMC «actuará de supervisora».

La gran industria ya expresó su rechazo a este recorte, al considerar que supondrá una reducción de ingresos para unas empresas que ya sufren, a modo de pérdida de competitividad, un fuerte encarecimiento de la electricidad, lo que puede abocarlas a la deslocalización.

Según aclara la norma firmada por José Manuel Soria, el objeto de la subasta es la asignación de bloques de potencia interrumpible para cada periodo de entrega. Para ello, existirán dos tipos de productos: uno mediante bloques de reducción de demanda de 5 MW y otros de bloques de reducción de demanda de 90 MW, con muy alta disponibilidad.

Cada producto lleva asociadas tres opciones de interrupción del suministro en respuesta a una orden de REE, que son una de ejecución instantánea, otra con preaviso mínimo de 15 minutos y otra con preaviso mínimo de dos horas.

«La ejecución de cada una de las opciones tendrá una duración máxima de una hora, estableciéndose un máximo de dos ejecuciones consecutivas«, apunta la orden ministerial.

Además, la interrupción no podrá superar las 240 horas anuales para el producto 5 MW, con un máximo de 40 horas mensuales, ni las 360 horas anuales para el producto 90 MW, con un máximo de 60 horas mensuales. La liquidación de este servicio se realizará de forma mensual.

Hasta ahora, REE sólo podía emitir órdenes de interrupción de suministro ante situaciones de emergencia, circunstancia que, dada la sobrecapacidad del sistema eléctrico, lleva varios años sin producirse.

Con la nueva orden, la reducción de potencia podrá ser tanto por motivos técnicos, esto es, por una emergencia, como por motivos económicos, que se producen cuanto esta interrupción procura un menor coste para el sistema que la aplicación de los servicios de ajuste del sistema.