El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por la ONG Greenpeace y ratifica la ubicación del silo nuclear en Villar de Cañas

La Sala deliberó este recurso a la vez que el que interpuesto la misma asociación contra la sentencia de la Audiencia Nacional y que rechazaba otro recurso interpuesto por Greenpeace a la resolución de la Secretaría de Estado de energía de 2009 por la que se efectuó la convocatoria pública para la selección de municipios candidatos a albergar el ATC, que también fue desestimado.

En sus fundamentos de derecho, el Supremo explicó que, si bien el acuerdo del Consejo de Ministros puede ser susceptible de control jurisdiccional, «no se puede decir que carezca de motivación, tal y como alega el demandante».

El recurso de Greenpeace fue interpuesto el 24 de febrero de 2012 y presentó escrito de demanda el 6 de septiembre de 2012 pidiendo la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida. A esta demanda contestó primeramente la Abogacía del Estado pidiendo la desestimación íntegra de la misma y la confirmación del acuerdo impugnado, e igualmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pidió su inadmisión. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Villar de Cañas, con fecha 3 de diciembre, se adhirió a la contestación realizada por la Abogacía del Estado y suplicó la desestimación del recurso.

Greenpeace alegó en su petición que el acuerdo vulneraba un Real Decreto por el que se aprobaba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, ante lo que la Sala contestó que la decisión del Consejo de Ministros se sustentaba en un Real Decreto posterior por el que se creaba la Comisión Interministerial para el establecimiento de los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC.

La organización ecologista afirmó que tanto la resolución de convocatoria como el acuerdo del Consejo de Ministros vulneraban el derecho a la participación en la toma de decisiones y que con ello se impedía el ejercicio de estos derechos.

Ante este alegato, el Supremo valoró que «no son precisas demasiadas consideraciones para rechazar este alegato de la demanda», ya que «las distintas fases del proceso previas a la decisión del Consejo de Ministros han estado en todo momento abiertas a la participación ciudadana, no sólo a través de la denominada Mesa del Diálogo –en la que intervino Greenpeace– sino mediante la publicación de los sucesivos documentos e informes en una página web denominada precisamente «emplazamientoatc.es», a través de la cual se han podido formular las alegaciones, sugerencias, críticas y alternativas que cada uno ha tenido por conveniente».

En cuanto a una supuesta negativa postura de todas las comunidades autónomas alegada por la parte recurrente, el Supremo indicó que tanto el Ayuntamiento de Villar de Cañas como la Junta de Castilla-La Mancha «defienden en este litigio la validez del Consejo de Ministros», y si el Gobierno actúa en consenso con la Comunidad Autónoma y es respaldado por el ayuntamiento correspondiente, «mal puede sostenerse que han fallado los instrumentos de participación de las entidades territoriales afectadas o los mecanismos de colaboración y cooperación administrativa».

Así, según el Alto Tribunal, «han sido debidamente respetadas las exigencias tanto de la Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como del denominado Convenio de Aarhus«, convenio que la parte demandante consideraba vulnerado.

Tampoco consideró la sentencia que el acuerdo vulnere aspectos medioambientales, tal y como reclamaba Greenpeace, y aseguró que en la designación de los municipios candidatos intervinieron, entre otras, las consideraciones mediambientales que, apreciadas por la Comisión Interministerial, se tomaron en cuenta.

Greenpeace respeta el fallo del Tribunal Supremo

Por su parte, Greenpeace señaló que, a falta de poder leer la sentencia del Tribunal Supremo que desestima su recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros que validó la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), respeta la decisión, e indicó que seguirá «exigiendo» la participación pública sobre este proyecto.

Según explicó la portavoz de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, la organización «todavía está esperando a recibir la sentencia y leerla en detalle y conocer la argumentación» del Supremo, aún así, apuntó que desde Greenpeace respetan las decisiones del tribunal».

Para Montón, lo «importante» es que «el proceso continúa» y, además de este recurso ahora desestimado sobre la ubicación del ATC, existe otro en el que se reclama la participación ciudadana en «un proyecto real que se está conociendo ahora» y, por ello, «se seguirá exigiendo esto último», ha indicado.

«Empezamos a conocer ahora el proyecto y sabemos que el transporte de los residuos nucleares serán por carretera, lo que implica que recorrerán cientos de kilómetros en los primeros meses. Los habitantes de las ciudades afectadas por este transporte creemos que también tienen que ser consultadas», señaló.

En este sentido, puso como ejemplo la presión ciudadana con la situación del proyecto de Castor. «Castor también fue un proyecto con evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, ya en fase operativa se produjo un hecho no evaluado y ha sido la participacion pública real, los habitantes de la zona, los que han llevado a las autoridades a tomar medidas cautelares», recordó.

«No se va a llevar a cabo un proyecto como el del ATC, cuyo tiempo de vida es de entre 70 y 100 años, inasumible legislacion actual, sin la participación ciudadana», ha insistido.

Villar de Cañas ve una «pérdida de tiempo» que se recurra a Bruselas

Asimismo, el Ayuntamiento de Villar de Cañas celebró la decisión del Tribunal Supremo, que ratifica la ubicación del ATC en esta localidad tras desestimar un recurso de Greenpeace, y manifestó que si la organización ecologista lleva este caso a Bruselas «será una perdida de tiempo».

Así reaccionó su alcalde, José María Saiz, que indicó que esta decisión se la esperaban, pues fue un proceso «claro y voluntario» y que no tenía que ver con lo que Greenpeace afirmaba cuando decía que el proceso fue poco transparente, y que no contaba con la participación ciudadana.

«Es una cuestión que estaba muy clara, ha sido un procedimiento muy largo, con muchas exigencias, muy respetuoso y muy cuidadoso, que ha respetado los principios de publicidad y participación pública», aseguró Sainz.

Asimismo, calificó de «derecho al pataleo» la posibilidad de que Greenpeace lleve este caso a los tribunales europeos. Si esto se produce, el Ayuntamiento seguiría recurriendo y defendiendo su postura para defender la ubicación del silo en esta localidad.

C-LM celebra que Greenpeace «sea desautorizado judicialmente»

Finalmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su portavoz, Leandro Esteban, celebró «mucho» que quienes han intentando «entorpecer» el desarrollo del ATC, que se ubicará en la localidad conquense de Villar de Cañas, «se vean desautorizados judicialmente».

«Algunos pensamos que el ATC desde el primer momento constituía una instalación segura, conveniente y generadora de riqueza para Castilla-La Mancha y para una zona de la región que lo necesita», por lo tanto «cualquier recurso que se pusiera contra ello era infundado y buscaba entorpecer toda esta serie de beneficios», dijo.

Es por ello que apuntó que «si el Tribunal Supremo ha dado la razón a quienes pensábamos que el ATC era bueno para Castilla-La Mancha, yo lo que puedo hacer es celebrarlo», continuó el portavoz de la Junta, quien confió en que el desarrollo del silo nuclear siga desarrollándose «de la manera más correcta posible y sin la menor cantidad de trabas posibles».