Las eléctricas ya aportaron 16.299 millones en la lucha contra el déficit tarifario, según dice Unesa
El presidente de la patronal eléctrica, Eduardo Montes, cifró en 4.500 millones de euros el impacto que tendrá la reforma impulsada desde julio por el Gobierno y que en gran medida está comenzando su trámite parlamentario, y destacó especialmente el “nuevo esfuerzo” que se exige a los agentes del sector eléctrico, sobre los que recae un 65% de la lucha contra el déficit de tarifa. Montes subrayó que las empresas del sector serán las más afectadas, con recortes de 1.600 millones para las energías renovables y 1.100 para el régimen ordinario, frente a los 900 millones que asume el Estado y otros 900 a los que harán frente los consumidores.
Son cifras que desde Unesa consideran provisionales a la espera de una cuantificación más precisa ya que provienen de los textos recibidos para presentar alegaciones. Con respecto al déficit de tarifa de este año, que el ministro José Manuel Soria cifró en 3.000 millones de euros, Montes mostró su “confianza” en el Estado en que no se genere desfase este año y que todas las medidas que plantearon para atajar esta deuda (crédito extraordinario de 2.200 millones, los 900 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y los nuevos impuestos al sector eléctrico) se cumplan y se destinen a lo que corresponde. «Si se produjera y pasara al balance de las eléctricas estaríamos ante un verdadero problema», aseguró el presidente de la patronal.
Las cifras que son definitivas corresponden al impacto acumulado por las empresas de la patronal eléctrica (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP España) por los cambios regulatorios desde 2006 hasta 2013: 16.299 millones. Destaca el impacto de 4.156 millones de euros por la reducción de los pagos por capacidad, retribución que reciben las centrales de generación por actuar de respaldo de otras fuentes de energía dependientes de factores externos como las renovables. También son elevados los importes por minoración de los derechos de emisión de CO2 (2.609 millones), la tasa de la segunda parte de ciclo combinado nuclear (2.530 millones), el impacto de la Ley 15/2012, que introdujo el impuesto del 7% a la producción de electricidad entre otras medidas (2.315 millones) y el recorte a la distribución (1.369 millones).
A esto se añaden los impuestos de las comunidades autónomas (850 millones), planes de ahorro y eficiencia energética (670 millones) y el recorte a la retribución a las actividades reguladas de febrero (635 millones). Se completan los 16.299 millones de euros con 423 millones correspondientes a los peajes de generación, 349 millones por el incentivo del carbón nacional, 200 millones del Real Decreto-Ley 20/2012, que afectó a la retribución en los sistemas extrapeninsulares y al transporte y 193 millones del bono social.
Reivindicaciones ante la reforma
Desde la patronal han admitido contactos con los grupos parlamentarios para tratar de introducir enmiendas a la nueva Ley del Sector Eléctrico y Montes no ha ocultado “cierta esperanza” de que algunas sí que sean aceptadas. En este sentido, el presidente de la patronal eléctrica recordó las principales reivindicaciones de las empresas eléctricas: la necesidad de mejorar la retribución a la distribución y en los sistemas insulares. Según explicó Eduardo Montes, la retribución a la distribución en España “está entre las más bajas de Europa” y se sitúa “tres puntos por debajo del coste de capital” lo que pone bajo cuestión cualquier inversión. Respecto a los sistemas insulares, Montes señaló que “se ha situado la retribución a la generación por debajo de la rentabilidad».
Entre otras reivindicaciones, el presidente de Unesa destacó la importancia de elevar los pagos por capacidad para los ciclos combinados por su disponibilidad ya que “sin respaldo el sistema no puede funcionar”. Actualmente, dado que otras tecnologías cuentan con prioridad en el sistema para la producción de energía, su funcionamiento se limita a una media de 700 horas, un 10% de sus posibilidades y que les está condenando a una situación «insostenible» con los recortes planteados en la reforma; su retribución se ha reducido de 26.000 euros por MW a 10.000 y Montes considera que “así no se puede mantener el respaldo del sistema”. También ha reclamado una mayor liberalización del mercado, “que está cada vez más intervenido”.
Bajada del recibo
Respecto al elevado precio de la energía, Eduardo Montes reconoció que una bajada de la factura eléctrica “se tiene que producir porque es de las más caras de Europa”. En este sentido, Montes apuntó que el recibo de la luz “podría ser un 40% más barato si sólo recogiera los costes del sistema: generación, transporte, distribución e impuestos”. Por ello, achacó el elevado precio de la luz al incremento que supone incluir los 12.000 millones de euros que se pagan de “subvenciones” anuales. Hay que recordar que la tarifa eléctrica se compone a partes iguales por el coste de la energía que sale de la subasta y por otro lado por los peajes, fijados por el Gobierno, donde se incluyen partidas como la compensación a los sistemas insulares y extrapeninsulares o las primas a las renovables, respecto a las que Montes incidió en que la fotovoltaica y la termosolar se introdujeron en el sistema cuando eran “tecnologías no maduras” y, por lo tanto, “mucho más caras que el resto de tecnologías”.
Preguntado por iniciativas como la compra colectiva de electricidad promovida por la OCU, Montes aseguró que la existencia de una tarifa regulada (la TUR) apenas deja margen para la competencia y que los márgenes de las comercializadoras son «bajísimos«. Sobre el movimiento que pide a los ciudadanos la bajada de potencia contratada, el presidente de la patronal eléctrica afirmó que es la mejor medida de eficiencia energética “porque limita el consumo” y mostró su satisfacción en que se haya elevado el peso del componente fijo en la factura ya que «la mayoría de los costes del sistema eléctrico español son fijos».
2012
Eduardo Montes presentó la Memoria Estadística-Informe Eléctrico 2012 de Unesa. El presidente de la patronal detalló que las inversiones de las cinco grandes eléctricas en 2012 ascendieron a 3.213 millones en España, una cifra similar a la del ejercicio anterior Montes duda que haya algún sector industrial que haya mantenido este nivel de inversiones «a pesar de lo que ha supuesto la reforma y especialmente de la crisis». En todo caso, las eléctricas han reducido ya al 32% el peso de su actividad nacional, frente al 68% de la internacional, con una cifra de negocio en España de 22.654 millones de euros, un 7,4 % más que el año anterior pero con una caída del 2,7% en el Ebitda (resultado bruto de explotación).
Según indicó Montes, el déficit de tarifa en 2012 siguió «desbocado» y alcanzó 5.609 millones y de los 26.700 millones acumulados, cerca de 17.700 millones se encontraban cedidos a terceros a cierre del pasado ejercicio. Por otro lado, el consumo de electricidad descendió un 1% durante el año 2012 y la producción eléctrica nacional se situó en 298.250 millones de kWh, de los que aproximadamente el 63,2% correspondieron al régimen ordinario y el 36,8% restante al régimen especial.



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