PSOE, CiU, UPyD, Izquierda Plural y Grupo Mixto presentan enmiendas a la totalidad de la ley del sector eléctrico del Gobierno

En su enmienda, CiU dijo que el proyecto tiene «un solo objetivo», que es «recaudar» sin que haya una «estrategia de política energética eficiente, sostenible y competitiva a medio y largo plazo», ni pueda vincularse la norma con «una estrategia de política industrial». Además, pronosticó que «comportará notables incrementos en el precio de la energía eléctrica».

Por su parte, la Izquierda Plural, formada por IU, ICV-EUiA y CHA, no sólo enmendó la totalidad de la ley, sino que presentó un texto alternativo. El contenido del proyecto, argumentó, «acaba con las renovables», es retroactivo, «impide el autoconsumo» e implica mayor pobreza energética.

BNG consideró que la ley es «centralista», «frena las renovables» y se intenta aprobar sin diáologo con los agentes del sector. Además, «parte de una concepción errónea del suministro de energía», mantiene las «causas estructurales» del déficit de tarifa y del mercado «oligopolístico».

Compromís-Equo lamentó las trabas al autoconsumo, y estimó inadecuado el sistema de formación de precios y consideró que la reforma «nace muerta para mantener con vida un poco más de tiempo un modelo energético caducom centralizado, despilfarrador y contaminante».

Por su parte, ERC indicó que la reforma no hace sino «mantener los escandalosos privilegios de las compañías que conforman el oligopolio eléctrico y con las que el bipartidismo mantiene unas condenables puertas giratorias». Además, consideró que yerra en el diagnóstico e incluye una «surrealista» penalización al autconsumo.

UPyD reclamó tanto la realización de auditorías externas sobre la formación de precios de la electricidad como una mayor liberalización del mercado que acabe con las actuales subastas para fijar la tarifa regulada, conocidas como Cesur.

El PSOE enmienda la totalidad porque «consolida y traslada» al hogar el déficit

Por su parte, el PSOE consideró que el proyecto de ley «incumple los compromisos europeos, no resuelve el déficit de tarifa» y «consolida» este desajuste, al tiempo que lo «traslada al recibo de la luz». Además, aseguró que la norma «condena a tener una energía cada vez más cara, y más que el resto de países de la Unión Europea, generando una nueva forma de pobreza energética».

En sus argumentos para presentar la enmienda, el Grupo Socialista en el Congreso consideró que la nueva norma «condena a tener una energía cada vez más cara, y más que el resto de países de la Union Europea, generando una nueva forma de pobreza energética».

El proyecto de ley «resulta un error de grandes dimensiones» que se acumula a los introducidos por anteriores reformas y «cercena el desarrollo de las fuentes autóctonas que permiten avanzar en independencia energética, a la vez que dificulta la generación de energías respetuosas con el medio ambiente».

Junto a esto, su aplicación «amenaza gravemente la competitividad de la industria española, especialmente la intensiva en innovación, y castiga al sector servicios con sobrecostes añadidos», aseguró el PSOE.

Además, lamentó que la norma adolezca de una «alarmante ausencia de análisis respecto a la eficiencia y la sostenibilidad del suministro eléctrico», y que se «desaproveche una oportunidad para consolidar los tres ejes fundamentales de la política energética, relacionados con la seguridad del suministro, la protección del medio ambiente y la garantía de la competencia».

En suma, entendió que «hace imposible el objetivo de definir un marco regulatorio estable y predecible que permita al sector su conversión en un motor de la economía y creación de empleo».

Por otro lado, el Grupo Socialista denunció que el proyecto de ley «desincentiva» el autoconsumo al establecer «la obligación de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores mediante el pago de peajes».

En este sentido, consideró que el nuevo peaje al autoconsumo es «novedoso, injustificado y discriminatorio», al tiempo que «sacrifica la eficiencia económica y la sostenibilidad económico-financiera del sistema».