El Gobierno descarta indemnizar si se prueba el dolo en Castor

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la inauguración del primer prototipo de aerogenerador marino de España, Soria subrayó que aunque el Supremo no considere lesiva la cláusula que obliga a indemnizar aunque medie dolo o negligencia, también «dice otra cosa muy importante».

«En el caso de que se pueda probar que ha habido una conducta dolosa o culposa por parte del operador», Escal UGS, y finalmente se decida el cese de la instalación, «no habría lugar a indemnización».

El Tribunal Supremo desestimó la semana pasada el recurso presentado por el Gobierno contra la disposición que prevé indemnizaciones a la concesionaria del almacenamiento de gas Castor, en Vinaroz (Castellón), en el caso de extinción o caducidad de la concesión, incluso cuando hubiera existido negligencia por su parte.

El Supremo entendió que, en caso de no haber desmantelamiento, es «coherente» que se contemple una compensación a Escal UGS, en este caso por el valor residual del proyecto, pues al seguir operativas las instalaciones, el Gobierno «presumiblemente obtendría un beneficio futuro con su explotación».

La sentencia añadió que la no anulación de dicho inciso «no significa, que, aunque medie dolo o negligencia, en todo caso la empresa vaya a percibir la indemnización prevista».

El cobro de la misma, subrayó, «dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido».

El ministro hizo estas declaraciones «sin perjuicio del estudio que está haciendo la Abogacía del Estado» sobre la sentencia del Supremo, una decisión que aseguró respetar, aunque sigue defendiendo la lesividad de la cláusula para el interés general.

Asimismo, Soria mantuvo la posición del Gobierno de no reanudar las inyecciones de gas del proyecto Castor, pese a que en los últimos 13 días no hubo temblores de relevancia.

«En los últimos 13 días no se han producido movimientos sísmicos relevantes, pero el Gobierno se mantiene en la no continuación de la actividad en tanto no haya garantías plenas», a la espera del informe del Instituto Geológico Minero Español, concluyó.

De hecho, el ministro precisó que el máximo movimiento de la zona de Vinarós (Castellón) se situó en los 1,8 puntos de intensidad, pero insistió en que todo desarrollo se limita a la seguridad ciudadana.

La actividad de Castor se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se corrobore que la inyección de gas en el almacenamiento está relaciona con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.