El Congreso da luz verde definitiva a la Ley sobre los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares

Un trámite. Es lo que se esperaba del último debate sobre la Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla) y, sin sorpresa alguna, se cumplió el guion. El texto legislativo volvía al Congreso de los Diputados después de las enmiendas incorporadas por el Senado y el debate apenas duró 40 minutos aproximadamente.

Los grupos de la oposición centraron sus críticas en no haber aprovechado la Ley para dar un impulso a las energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles en los territorios afectados, en la invasión de competencias de la Administración Central sobre las Comunidades Autónomas y en la regulación sobre el fracking añadida en las disposiciones finales de la Ley.

«Política con mayúsculas»

El diputado canario del PP, Guillermo Mariscal, alabó al ausente ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, porque considera que hace “política con mayúsculas” al igual que el Gobierno ya que «están afrontando las dificultades sin dejarse llevar por la inercia ni esperar”. Mariscal asegura que esta Ley cumplirá todos sus objetivos: “garantizar el suministro además de mejorar su calidad” y combatir los elevados costes de generación de los SEIE ya que “se aumentará la competencia entre operadores”.

Además, Guillermo Mariscal destacó que una mayor presencia del operador del sistema supondrá disminuir la vulnerabilidad energética de los SEIE así como subrayó el impulso a las nuevas infraestructuras, las dos regasificadoras y los bombeos. El diputado del PP considera que estas medidas pondrán fin a un mix energético «obsoleto y en exceso contaminante» y subrayó que los bombeos supondrá que “la mayor entrada de energías renovables en el mix se traduzca en un ahorro».

«Este Gobierno no se arruga, toma medidas, vela por el interés general, no se arredra ante intereses de algunos y afronta la defensa del interés general en materia energética», sentenció Mariscal mientras preguntaba al PSOE y CC por qué rechazan en el Congreso de los Diputados y en el Senado lo que se ha negociado con el Gobierno de Canarias.

Oportunidad perdida

El diputado socialista Pablo Martín Peré cree que se ha «perdido la oportunidad» de haber convertido a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en «ejemplos de sostenibilidad energética» y lamentó que esta normativa no se haya incluido dentro de la reforma energética, aunque de manera particular dadas las «necesidades energéticas diferenciadas» de estos territorios con la Península, pero también entre ellas.

En primer lugar, Pablo Martín tachó de «injusticia social manifiesta» que se dejen de financiar los sobrecostes de estos sistemas a través de los Presupuestos Generales del Estado, porque serán los ciudadanos los que tengan que sufragar estos gastos con cargo a sus facturas eléctricas sin ningún criterio de progresividad, como ocurre en los Presupuestos “a través de los impuestos”.

Por último, el diputado socialista lamentó que el Gobierno «condene» a los territorios canarios a «continuar por la senda de las energías fósiles» al «impedir una verdadera implantación de un sistema de generación de renovables» con una Ley que “no garantiza, en modo alguno, la competencia ni disminuirá los costes de generación. Además, rechazó que se introduzca «por la puerta de atrás» el fracking a través de una «técnica legislativa reprochable que ha sustraído un debate importante» a las Cortes.

Desde CC-NC, Pedro Quevedo calificó esta Ley como un «disparate conceptual» porque «legisla sobre territorios que nada tienen que ver unos con otros». Además, destacó la unión de la oposición en torno a la regulación sobre el fracking, “que no podemos aceptar» y que considera que supone “una invasión competencial”. Con respecto a Canarias, el diputado cree que esta ley «cuestiona el futuro y el desarrollo de las energías renovables”.

Nace “caducada”

Laia Ortiz, diputada de la Izquierda Plural, mantuvo los argumentos de la enmienda de totalidad que presentaron en su momento; considera que la norma «no conseguirá los objetivos de su título” mientras reprochó que “se hunda la posibilidad vía renovables y vía autoconsumo” de garantizar el suministro eléctrico e incrementar la competencia en los SEIE.

«Esta ley responde a la obsesión del Gobierno de no tener una política energética a largo plazo y a su obsesión absoluta con el déficit tarifario sin tener en cuenta la diversidad territorial. Además, es una ley que nace caducada, porque la reforma eléctrica que ha llegado al Congreso modifica sustancialmente este texto», añadió Ortiz.

El diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, afirmó que las enmiendas incorporadas en el Senado «no han aportado nada» y que «sigue siendo otra ley que forma parte del mosaico de enorme variedad de leyes que sólo consiguen extender la oscuridad sobre el sector eléctrico«.

Invasión de competencias

Inmaculada Riera, de CiU, destacó como aspectos más negativos de la norma el «refuerzo» de la Administración central «con merma de competencias» de las comunidades autónomas y la cesión de proyectos privados de estaciones de bombeo a Red Eléctrica Española (REE), de cuya legalidad ha dudado a la luz de la legislación comunitaria. Además, cree que las enmiendas introducidas en el Senado no han mejorado el texto de forma suficiente.

Con respecto al fracking, la diputada catalana cree que «se avala un riesgo que no ha sido previamente evaluado» y se invaden competencias autonómicas; también recordó que la propia Comisión Europea (CE) apuesta por un marco legislativo común al que «no se ha esperado» y aseguró que pedirán al Gobierno que impulse a nivel europeo una directiva comunitaria sobre el fracking. «El Gobierno ha ignorado reiteradamente todas las críticas sobre este tema», lamentó Inmaculada Riera.

Por ERC, Teresa Jordà aseguró que la Ley «sólo busca sistemas para perpetuar la dependencia» de los combustibles fósiles y «abrir las puertas» al fracking. «Donde el PP ve una oportunidad nosotros vemos una ruina», sentenció Jordá sobre el fracking. La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, mantuvo su «no rotundo» a esta norma, y expresó su preocupación por el cambio introducido en el Senado sobre la adjudicación de titularidad de las estaciones de bombeo porque «introduce una clara invasión competencial«; también se mostró crítica con la regulación del fracking.