Saldrá caro

La estructura narrativa de la comparecencia de Soria en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados a cuenta de la situación del almacenamiento gasista del Castor, es enormemente reveladora y un prodigio de equilibrio sobre el alambre y un salto mortal final muy peligroso.

El ministro comenzó con una primera parte en la que emergían cuestiones que ya hemos avanzado en Energía Diario respecto a la «necesidad» de esta infraestructura. Castor es una infraestructura innecesaria para un sistema gasista como el español, que tiene una capacidad de aprovisionamiento muy versátil, merced a una estructura muy tupida de entrada de gaseoductos y de regasificadoras. Si, además, a esto le añadimos la caída de la demanda y el incremento de los costes regulados, nos adentramos en el proceloso mundo del déficit de tarifa del sistema gasista.

Junto a esto está lo costoso de la propia infraestructura y la posibilidad de que el coste de la misma haya resultado inflado en el pasado, hasta alcanzar los 1.700 millones de euros. El procedimiento habitual de la obra pública española de crecimiento de los costes se ha cumplido durante todo el proceso de construcción; procedimiento del pie en la puerta para incorporar la misma a la planificación energética y, luego, regateo periódico en las instancias de la Administración para que sean reconocidos mayores costes. Se complementa con apoyos con discursos maximalistas como los de Clos, de que es una necesidad estratégica y bla bla bla… Lo de después ya lo saben ustedes, hasta proceder a un crecimiento bastante descuidado del montante global.

Todas estas cuestiones ya han sido abordadas en el pasado por nuestro medio, cuando hemos tratado los endebles procesos de valoración de estas infraestructuras y la desastrosa gestión de la planificación energética, de la que la Administración ahora se desresponsabiliza por todos sus intervinientes: Ministerio, órganos reguladores ‘independientes’ y operadores de sistema.

Una vez cumplida la necesaria generación de contexto por parte del ministro Soria, ya se empiezan a entender varios elementos que han sucedido en los últimos días. Se pasa a culpabilizar a la empresa titular de la explotación de todo lo anterior que no es sino una dejación de los gobiernos y la Administración, cuya solución no puede ser adanista.

No deja de pasar desapercibido, por tanto, el destape que varios medios de comunicación hicieron la semana pasada con respecto a la titularidad del almacenamiento de ACS y de su presidente Florentino Pérez. Comienza entonces una fase en la estrategia comunicacional muy propia de los gobiernos populares españoles, que es la teoría de la conspiración y del hostigamiento de la empresa titular de la explotación.

Ahí es donde ya aparece el Soria más puro, el de las decisiones rápidas, cuando sale el Berlusconi que lleva dentro, el que tiene un monitor de movimientos sísmicos de la opinión pública y el que tiene un olfato político imbatible. Un ministro que no quiere líos, que sabe que tiene que sofocar la tormenta social y política, la agitación existente en Catalunya y Valencia con la gente atemorizada en las calles y sus representantes políticos entre la espada y la pared.

La decisión final puede ser cerrar Castor. Soria es consciente de que actuar en contra de las decisiones pasadas de la Administración resultará muy costoso por la necesidad de indemnizar a la empresa titular. Que no sea lesivo. Y, por ello, decide ordenar la búsqueda del camino legal justificativo de la amnesia, para eliminar las cláusulas indemnizatorias de la concesión en aras del «interés general».

En todo caso, sabe que resultará caro (la empresa ya ha advertido en los medios de la defensa de sus intereses) y, por otro lado, Soria también sabe que será otro quien tenga que gestionar un fallo condenatorio. En resumen, la intervención del ministro en la Comisión sobre Castor buscaba justificar políticamente el desprecio de la Administración por la empresa privada y por la seguridad jurídica. Una exposición consistente en que la Administración puede decidir lo que quiera y, si lo hace mal, si se equivoca, si se desvía, si se despista, si no nos interesa su resultado, que lo paguen las empresas y los administrados. Con su formulación, Soria realizó una justificación del procedimiento de la administración española de «si te he visto no me acuerdo, y si me acuerdo, es de lo que quiero». Con apelar retóricamente al interés general, basta.

Pero hay que ser serios. Además del coste de la indemnización, lo que ello refleja de nuestro sistema político y económico, respecto a las instituciones y seguridad jurídica, no es nada edificante. ¿Quién puede invertir en un país así? Por todo eso nos va a salir caro. Pero, muy caro.