BBVA y Caixabank son las entidades más expuestas a la deuda de las fotovoltaicas, según afirma Anpier

Esta estimación fue dada a conocer por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, que anunció la presentación ante el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) de 1.000 expedientes de pequeños productores fotovoltaicos.

El objetivo de este traslado de expedientes, señaló Martínez-Aroca, es evitar que el Gobierno pueda alegar «desconocimiento» de los datos de las plantas durante el proceso de fijación de la nueva remuneración. Los informes incluyen los datos personales del inversor, un particular en la mayor parte de los casos, así como el importe tanto de la inversión como de la financiación, el nombre de los bancos y los tipos de interés, entre otros aspectos.

Con esta muestra, se puede extraer un perfil aproximado del pequeño inversor. Lo más frecuente es un apalancamiento con los bancos superior al 75%, con un tipo de interés de más del 5% y un coste de inversión superior a los 6 millones de euros por megavatio hora (MWh).

De estas cifras puede colegirse que la deuda asociada a los casi 4.000 megavatios (MW) fotovoltaicos instalados ronda los 20.000 millones de euros. BBVA, con 182 de los 1.000 expedientes de muestra, es el que más dinero prestó, frente a los 165 casos de Caixabank, los 119 de Caja Rural de Navarra, los 74 de Cajamar o los 72 del Santander. El 95% de las plantas tiene financiación.

«La casuística es compleja», y pese a ello la rentabilidad dependerá de los costes estándares que fijen dos consultoras, a las que se adjudicó un informe por un millón de euros a través de un procedimiento «oscuro» y sin conocimiento público, afirmó Martínez-Aroca en alusión a los contratos concedidos a Roland Berger y Boston Consulting.

El presidente de Anpier aseguró que, si antes del 22 de octubre no se publicó el pliego de condiciones del contrato, Anpier se presentará con un notario ante el IDAE para certificar el incumplimiento de la normativa de contratación pública y, acto seguido, lo denunciará ante los tribunales.

Esta acción «puede ayudar a invalidar la adjudicación» y por tanto pondría en entredicho la entrada en funcionamiento en enero del nuevo cálculo de retribución a las renovables, advirtió, antes de decir que Anpier dará la batalla en los tribunales. «Vamos a recurrir todas las fases y todos los actos administrativos ante todas las instancias posibles», afirmó.

Junto a esto, la asociación criticó que el Gobierno haya escogido a dos consultoras para fijar solo los costes estándares de las tecnologías renovables, lo que supone un «trato discriminatorio» con respecto al régimen ordinario y, en concreto, con respecto a la nuclear e hidráulica, cuyos costes reales deberían someterse a su juicio a una auditoría.

«¿Por qué no se les pide que sigan trabajando e investiguen también la generación nuclear e hidráulica? ¿Cuánta rentabilidad han tenido de más desde su puesta en funcionamiento?», se preguntó el presidente de Anpier, antes de dar por hecho que esta rentabilidad fue «muy superior» al 7,5% contemplado para las renovables. «Tal vez saldrían unas cifras sorprendentes y las eléctricas tendrían que devolver cientos de millones», añadió.

Martínez-Aroca comparó además el caso de la fotovoltaica con el del almacén subterráneo de gas de Castor. Si en el segundo caso «se habla de indemnizar íntegramente» incluso cuando la instalación no ha entrado en operación, en el primero se comete una «estafa» contra una tecnología renovable y se «arruina» a miles de pequeños inversores. «Si quieren que el pequeño productor deje la planta, que le indemnicen también», añadió.

Anpier, que tiene recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto 14/2010 que recortaba las horas con derecho a prima de las instalaciones, recurrirá también la nueva retribución a las renovables. Además, sobre el 14/2010, advirtió de que un fallo de los tribunales internacionales a favor de los inversores extranjeros daría pie a demandas de los fotovoltaicos españoles ante el Tribunal de Luxemburgo.