El PP descarta eliminar la tasa que grava cada gigajulio de gas natural consumido para el sector cerámico

El diputado del Partido Popular, Guillermo Mariscal, defendió la tasa al consumo de gas como un instrumento para el cumplimiento de la Estrategia 20/20/20; este compromiso a nivel europeo para 2020 persigue un ahorro energético del 20% gracias a una mayor eficiencia, así como reducir en el mismo porcentaje las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar un 20% el papel de las energías renovables en el mix energético.

Desde el grupo popular, Mariscal mostró su acuerdo con la oposición a la hora de potenciar las 80 instalaciones de cogeneración existentes en la provincia de Castellón, que producen más de 330 Mw ya que suponen «un mejor aprovechamiento del combustible y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero» pero señaló que las medidas tomadas por el Ministerio son «una consecuencia de la situación que nos hemos encontrado», haciendo referencia al déficit de tarifa, que a estimaciones de Mariscal podría haber alcanzado «de no haber actuado así el Gobierno» los 37.000 millones de euros.

Con la reforma energética, el diputado canario señala que el Gobierno ha repartido el déficit tarifario entre todas las partes: las propias empresas del sector, el Estado a cargo de los presupuestos generales y también a los hogares y empresas en su papel como consumidores de electricidad. «Hay que apoyar al sector azulejero pero también hay que hacer frente al déficit de tarifa», sentenció Mariscal.

Acuerdo de la oposición

La Proposición no de Ley presentada por el Grupo Mixto y que incorporó una enmienda del PSOE instaba a adoptar las medidas normativas necesarias que eliminen la tasa sobre el gas natural consumido así como modificar el Real Decreto 9/2013 por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y su normativa de desarrollo con el fin de que el gas consumido en cogeneración industrial reciba el mismo trato que el gas de la industria a la que da servicio.

El encargado de defender la Proposición no de Ley ha sido el diputado Joan Baldoví (Compromís), quien ha manifestado que las nuevas decisiones tomadas por el Ministerio suponen mayores dificultades para las empresas ceramistas de Castellón, que dan trabajo a más de 20.000 personas. Así, ha indicado que la industria de Castellón tiene que competir en un mercado globalizado y una subida de precios «de su principal fuente de energía» irá en contra de su competitividad y de su capacidad exportadora ya que, según recordó Joan Baldoví, el sector cerámico agrupa el 12% de las exportaciones de la Comunidad Valenciana.

Por parte del PSOE, la diputada Susana Ros, mostró su oposición a que el sector azulejero sufra la «voracidad fiscal de este Gobierno«, en un momento en el que el sector está viviendo su peor crisis. A juicio de Ros, el Gobierno no escucha sus necesidades y ahora les «castiga» ya que la creación del nuevo impuesto sobre el gas «se ha traducido en un sobrecoste de 12 millones de euros para las empresas azulejeras y más de 3 millones de euros para empresas de colorantes cerámicos y esmaltes» por lo que constituye un «atentado irracional para un sector líder en la Comunidad Valenciana y en España, exportador y que ha visto mermada su competitividad» ya que el gas es su principal fuente de energía.

Para el parlamentario de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, este incremento de los costes energéticos terminará trasladándose «a los salarios de los trabajadores del sector cerámico gracias a la reforma laboral de Mariano Rajoy que consigue hacer que la gente trabaje muchas más horas por menos dinero que anteriormente». Por ello ha manifestado su posicionamiento a favor de la propuesta al igual que el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que considera que «una vez más, la mala política energética genera problemas a nuestra industria».