Todos los proyectos de fracking se someterán a una evaluación medioambiental, según Industria

En una respuesta parlamentaria escrita, el Ejecutivo explicó que está aplicando un criterio de precaución y cautela en la autorización de los proyectos de investigación o exploración para la obtención de hidrocarburos por fractura hidráulica.

Con este fin, el Gobierno decidió que todos los proyectos se sometan a una evaluación medioambiental, independientemente de que la directiva europea sobre esta materia, transpuesta a la normativa española (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental) posibilite que el órgano ambiental valore la necesidad de hacerlo.

En respuesta a preguntas de una decena de diputados socialistas sobre el fracking, también informó de que la Administración General del Estado no tiene constancia del uso de esta técnica en las provincias de León, Valencia, Toledo, Segovia, Sevilla y Cuenca, pero sí en Cataluña, Navarra y Aragón, detallando los municipios afectados en estas comunidades autónomas.

De acuerdo con la respuesta parlamentaria, la influencia que tienen los factores locales -geológicos, hidrológicos, etc.- hace que los posibles impactos del fracking sobre la salud humana o el medio ambiente deban ser evaluados para cada caso concreto.

El marco más adecuado para esta valoración «es la aplicación de los procedimientos reglados de evaluación ambiental».

Por lo que se refiere a los proyectos de investigación del fracking, competencia de la Administración General del Estado, ya otorgados o en tramitación citó los siguientes: Aquiles (Navarra y Aragón); Quimera (Navarra y Aragón); Perseo (Aragón y Cataluña); Prometeo (Aragón y Cataluña) Atlas (Aragón y Cataluña), y Helios (Aragón y Cataluña).

Todos los proyectos, de los que es titular Frontera Energy Corporation, están en trámite, salvo el primero de Aquiles, al que ya fue otorgado un permiso con un periodo de vigencia entre el 2013 y el 2019.

Las Comunidades no tienen competencia para prohibir el fracking

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó que las competencias sobre la determinación de la técnica del fracking corresponde a la Administración General del Estado y que no cabe una «prohibición absoluta» desde las Comunidades Autónomas.

En declaraciones a los medios, tras su intervención en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, Nadal señaló que esta técnica forma parte de la ley de hidrocarburos y que la competencia autonómica se limita a las autorizaciones y condiciones ambientales.

«Una prohibición absoluta no cabe (…) chocaría con la legislación estatal», subrayó Nadal, preguntado por el dictamen del Parlamento de Navarra contra esta técnica. «Lo que cabe es establecer las condiciones ambientales que estime cada comunidad autónoma», dijo.

A principios de septiembre, el Parlamento de Navarra aprobó, con la abstención de UPN y el voto en contra del PP, un dictamen en relación con la ley por la que se prohíbe la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional en el territorio foral.

Otras Comunidades, como La Rioja o Cantabria, aprobaron también normativas encaminadas a prohibir esta técnica en sus territorios.